No han pasado ni tres meses desde la formación del Gobierno de Pedro Sánchez y en el Ministerio de Justicia dirigido por Dolores Delgado se ha desatado una crisis sin precedentes: jueces, fiscales, abogados e incluso algunos de sus colegas de Ejecutivo critican su gestión respecto a la defensa del juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, frente a la demanda civil que Puigdemont y el resto de exconsejeros catalanes huidos han presentado contra él ante un tribunal belga.
En la polémica demanda presentada en un juzgado belga, los independentistas denuncian una "violación sistemática" de sus derechos y aseguran que Pablo Llarena ha dictado resoluciones que demuestran su "parcialidad y la vulneración de la presunción de inocencia y otros derechos fundamentales" de los procesados por presunta rebelión y malversación. Con ello pretenden que un juez extranjero revise la instrucción del Alto tribunal español, atacando así a la soberanía jurisdiccional española y, por tanto, a los intereses del Estado, según han considerado tanto la Abogacía del Estado como los miembros del Consejo General del Poder Judicial. En la demanda se compara a España y su Poder Judicial con Kazajstán, "países delincuentes que se niegan a someterse a los principios que rigen los derechos fundamentales universales", se puede leer en el escrito.
Sin embargo, y sin atender a los criterios técnicos de los abogados del Estado y la petición de la judicatura, la ministra Delgado se opuso a defender a Llarena porque, según su criterio, la demanda se refiere a expresiones privadas que hizo el juez y supondría "defender a un particular por afirmaciones de carácter privado ajenas a su función".
La Moncloa tuvo que rectificar a la ministra a las 72 horas dejando claro que el Gobierno sí defendería a Llarena. El propio Pedro Sánchez corrigió a Delgado desde Chile, donde se encontraba de visita oficial afirmando que "desde el primer minuto el Gobierno ha tenido claro que esta no es una cuestión privada, sino una cuestión de Estado y que el Estado va a actuar en defensa de los intereses y de su soberanía jurisdiccional".
Ni la masiva llegada de inmigrantes por el Mediterráneo a España ni la exhumación de Franco, los otros dos frentes más polémicos que tiene abiertos el nuevo Gobierno de Sánchez, han tenido tanto coste para los ministros Fernando Grande-Marlaska y Carmen Calvo como lo ha tenido la gestión de la defensa de Llarena en Bélgica respecto a Dolores Delgado. Es la primera ministra de Sánchez que será reprobada por su gestión: el Partido Popular ha anunciado que impulsará iniciativas en el Parlamento y el Senado para hacerlo. Además, todas las asociaciones de jueces (salvo Jueces para la Democracia) firmaron un comunicado exigiendo al Gobierno que asumiera la defensa de Pablo Llarena ante la Justicia belga "en defensa de la soberanía jurisdiccional de España" poniendo a la ministra entre las cuerdas, que se vio obligada a pedir una comparecencia en el Congreso de los Diputados.
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Altibajos emocionales
Algunos conocidos de Delgado achacan su "sorprendente" actuación en el asunto de Llarena a un "empecinamiento". Procedente de la carrera fiscal -ha desempeñado su labor durante 25 años como fiscal de la Audiencia Nacional en las secciones de Terrorismo y Antidroga-, Delgado no es muy conocida en el ámbito de la Justicia y menos aún en el político. De ahí que quienes le conocen recibieron su nombramiento con extrañeza: "Se empeñó en conocer a Pedro Sánchez y lo consiguió. Se habría conformado con cualquier otro cargo, ella misma se sorprendió", explican sin tapujos fuentes de la Audiencia Nacional.
Por su falta de trayectoria política, los puestos de libre designación que le rodean le han venido dados desde el PSOE. Sin ir más lejos, con su jefe de Gabinete, Borja Sastre Mata, es un joven de 32 años que ha desarrollado su carrera como asesor en el grupo parlamentario socialista en Bruselas.
Eso explica que haya querido rodearse de gente de su cuerda, en la medida de lo posible, produciendo un auténtico "desembarco" de miembros de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) a la que pertenece en la Fiscalía General del Estado y otros puestos del Ministerio de Justicia según denuncian los portavoces de otras asociaciones.
"Dolores es una persona con muchos amigos y con ninguno en realidad", -explican fuentes de la Audiencia Nacional-. "Siempre ha estado más próxima a algunos jueces que a los fiscales. En la Audiencia Nacional no perdonaba su café con Fernando Andreu casi ningún día", explica la misma fuente.
No hace falta rascar mucho para encontrar enemistades entre la ministra de Justicia y sus compañeros de carrera fiscal. El tratamiento por parte del Ministerio Público a los atentados terroristas de Barcelona el 17-A, con Jesús Alonso como fiscal jefe de la Audiencia Nacional a la cabeza, provocó algunos enfrentamientos con éste que desencadenaron su desplazamiento de la portavocía de la Fiscalía de dicho tribunal, ocupando el cargo Miguel Ángel Carballo.
Algunas fuentes consultadas hablan de ella como una persona con altibajos emocionales: "Un día llega y te abraza y otro ni te saluda", dicen, así como le acusan de buscar demasiada publicidad. "Se interesaba por los temas que fueran más mediáticos queriendo abarcar todo pero después los dejaba a medias porque no tenía capacidad o conocimientos para hacerse cargo. Esto le generó muchos problemas con sus compañeros y superiores".
Sin embargo, el resto de trabajadores de la Audiencia Nacional (peritos, Policía), la aprecian y hablan con cariño de ella: "Lola es de los nuestros. Es una mujer agradable, trabajadora y luchadora. Estamos contentos porque creemos que va a defender nuestras reivindicaciones que al final son las suyas. Participó en la última huelga contra las medidas de Catalá", explican estas fuentes.
Delgado también tiene muy buen nombre entre los periodistas que han tratado temas de Terrorismo: "Es clara y a veces eso no gusta. Lola es una mujer de convicciones y muy valiente. Durante años ha tenido que llevar escolta por su papel en el esclarecimiento de atentados terroristas. Es muy importante la colaboración estrecha que tiene con las fuerzas de seguridad del Estado, con las que se lleva muy bien", explican. Ella misma quiso estudiar Periodismo, aunque un tío suyo le convenció de que estudiara Derecho. Finalmente acertó, porque como contó en una entrevista a la revista YoDona de El Mundo, no hay profesión en el mundo que le guste más que la de fiscal y se ha dejado la piel en cada juicio: “En cada juicio pierdo más o menos tres o cuatro kilos”, dijo en dicha entrevista publicada en 2011.
La sombra de Garzón
El círculo de amigos más íntimo de Dolores Delgado está compuesto por los jueces Fernando Andreu y Santiago Pedraz, muy próximos también al exjuez Baltasar Garzón, quien es realmente su gran confidente y "el espejo en el que se mira", según fuentes de la Audiencia Nacional que aseguran sin ambages que "su parámetro de consideración de las personas es si estás con Garzón o no".
La carrera de Delgado, excepto su primera etapa en la Fiscalía de Cataluña (1989-1993) coincidiendo con la constitución de ésta, ha estado estrechamente ligada al exjuez, cuyos posicionamientos respaldó siempre. Precisamente ella fue una de las personas que más apoyo le dio durante el enjuiciamiento contra él en el Tribunal Supremo por practicar escuchas ilegales entre investigados del caso Gürtel y sus abogados, motivo por el que acabó siendo expulsado de la carrera judicial. También le acompañó al Tribunal Supremo cuando iba a ser juzgado por la investigación de las fosas del franquismo.
Mientras Garzón tenía abiertas en el Supremo las causas mencionadas, solicitó su traslado a la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya tras ser invitado por el abogado argentino y primer fiscal jefe de dicho tribunal, Luis Moreno Ocampo. Dolores Delgado valoró muy positivamente dicho nombramiento en una entrevista concedida a Cadena Ser: "Es una oferta muy bonita, aprovechar la experiencia de Garzón en investigar crímenes contra la humanidad, de terrorismo, crimen organizado", dijo la entonces fiscal de la Audiencia Nacional. Meses después, fue invitada por Ocampo para pasar tres meses como fiscal de apoyo en la CPI para preparar la acusación contra Gadafi por crímenes contra la Humanidad.
Su paso por dicho órgano reforzó su defensa por la Justicia Universal que sigue siendo uno de sus empeños. Por eso ha creado un grupo de trabajo en el Ministerio de Justicia para el que ha nombrado al juez progresista José Ricardo de Prada, al abogado experto en Derecho Penal Manuel Ollé, al compañero de despacho de abogados de Baltasar Garzón Manuel Miguel Vergara y al catedrático de Derecho Penal Hernán Hormazábal.
En 2013 (por seguir con los hilos que le relacionan con Garzón) se mostró en contra de extraditar a Hervé Falciani a Suiza por su colaboración con la Justicia española por aportar datos de evasores fiscales, según argumentó como fiscal. Hoy en día, el despacho de Garzón lleva la defensa del exinformático. Recientemente, Suiza ha vuelto a reclamar su entrega. Con ella al frente del Ministerio, Garzón bien seguro ganará el caso pues sería raro que apruebe su extradición.
Su cercanía a Garzón lleva a sospechar a algunas fuentes jurídicas de sus "recelos contra las decisiones del Supremo", órgano que condenó a su íntimo amigo. Delgado ha lanzado mensajes contra dicho tribunal a lo largo de los años por la diferencia de criterios respecto de las acusaciones que llevó en la Audiencia Nacional y el Alto Tribunal. En una entrevista concedida en 2014 a la revista Jot Down, la ahora ministra de Justicia se quejó de las resoluciones del Supremo respecto a la Operación Nova, uno de sus principales caballos de batalla contra 30 yihadistas a los que acusó de querer atentar contra la Audiencia Nacional. Aunque ella solicitó para todos una suma de 400 años de cárcel, finalmente el Supremo sólo condenó a cinco de ellos. "La primera acción que tenían en mente era atacar, con un camión cargado de explosivos, la sede de la Audiencia Nacional en la calle Génova de Madrid. La Sala de lo Penal condenó a veinte de ellos. Pero el Tribunal Supremo realizó una valoración de la prueba y de los hechos muy distante de la que primero habían realizado los servicios de inteligencia que participaron en esta investigación, después la Policía, más tarde el juez instructor y el ministerio fiscal y después los magistrados de la Sala Penal. Así funciona el Estado de Derecho y así hemos de acatarlo", manifestó con resignación Dolores Delgado.
En su próxima comparecencia en el Congreso, ahora ya como ministra, tendrá que explicar las razones que le llevaron a no defender desde el primer momento al instructor de la causa del procés en dicho tribunal, Pablo Llarena.