El Movimiento 24Dos ha presentado esta tarde en la Audiencia Nacional la querella que anunció la pasada semana contra la jueza belga que conoce de la demanda civil interpuesta en Bruselas por el expresidente catalán Carles Puigdemont y cuatro exconsejeros contra el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena.

La querella se dirige contra la magistrada Anne Dessy, que este jueves ha presidido la primera vista del pleito y ha convocado a las partes para el próximo día 25.

También son querellados Puigdemont y sus exconsejeros prófugos (Meritxell Serret, Antoni Comin, Clara Ponsatí y Lluis Puig), así como el abogado Gonzalo Boye y la traductora de la demanda, cuya versión francesa -la que se ha presentado al tribunal belga- altera unas manifestaciones realizadas por Llarena.

El Movimiento 24Dos ha promovido la acción penal en ejercicio de la acción popular y bajo la dirección del catedrático y abogado Nicolás González-Cuéllar. La querella, que será examinada por el juez José de la Mata, se presenta en la Audiencia Nacional por referirse a hechos ocurridos en el extranjero "pero cuyo resultado se produce en España al violar la integridad de nuestra jurisdicción".

La querella atribuye a Puigdemont, los exconsejeros y Boye la presentación de una demanda en Bruselas "con espurias finalidades políticas y con el fin de quebrantar la jurisdicción española, amedrentar a Pablo Llarena Conde, magistrado del Tribunal Supremo, y perjudicar el desarrollo de la causa" por rebelión y malversación de fondos públicos relativa a la celebración del referéndum ilegal del 1-O y a la declaración unilateral de independencia de Cataluña.

La demanda, que se califica de "fraudulenta y falsaria", constituye "un claro ejemplo de maniobra procesal torticera", afirma. "Formalmente dirigida contra el magistrado Llarena, materialmente tiene como objetivo denigrar nuestras instituciones democráticas, así como violar la integridad y dignidad de la jurisdicción española", añade.

"Salvaje ataque"

"Con base en un relato de los hechos inventado, esperpénticos juicios de valor y manipulación de la traducción al francés de las palabras del magistrado español, piden a un juez belga que efectúe una revisión de la actuación procesal de Llarena, a quien atribuyen, con tanta vehemencia como mala fe, falta de imparcialidad, lesión de su presunción de inocencia y menoscabo de su reputación", sostiene el Movimiento 24Dos.

Se trata, a su juicio, de un "salvaje ataque a las instituciones democráticas de nuestro país y a la jurisdicción española con la burda excusa de las palabras pronunciadas por Llarena el 22 de febrero de 2018 en un acto celebrado en Oviedo", que la demanda "tergiversa intencionadamente".

No obstante, sostiene que incluso sin la alteración de las palabras de Llarena la demanda "resulta del todo inadmisible" por pretender la revisión del trabajo jurisdiccional de Llarena. Según la querella, Anne Dessy "no la ha inadmitido de plano, como debería de haber hecho sin excusa ni dilación" este mismo martes.

Se está produciendo, así, una "manifiesta intrusión, groseramente antijurídica, en la jurisdicción interna por un juez extranjero, so pretexto de la aplicación del Reglamento europeo" relativo a la competencia judicial y reconocimiento de resoluciones en materia civil y mercantil. En virtud de ese Reglamento, los Estados miembros aceptan la competencia de los jueces europeos como si fuera propia en el caso de determinados asuntos mercantiles y civiles.

Pero la utilización de ese Reglamento está "totalmente fuera de lugar" en este caso ya que "la potestad jurisdiccional que la jueza belga querellada se atribuye no es una función cualquiera, sino nada menos que la capacidad de revisión de la actuación de un magistrado del Tribunal Supremo [español] en una instrucción de una causa por delito. Y lo hace como si de un proceso civil de carácter ordinario se tratara".

Declaración en la Audiencia

La actuación de Dessy -cuya declaración como querellada en la Audiencia Nacional se solicita- constituiría presuntos delitos de prevaricación en concurso con usurpación de funciones.

Abogando por la admisión de la querella, el Movimiento 24Dos afirma que la intromisión de la jueza belga "puede ser combatida por la jurisdicción atacada mediante el mecanismo establecido por la ley para depurar la responsabilidad penal de los jueces que cometan acciones prevaricadoras".

"Si no fuera así", agrega, "la potestad jurisdiccional española se acabaría entregando a órganos extranjeros a los que no se les puede exigir responsabilidad por inaceptables abusos del poder que se les ha concedido, en base a una confianza que se ve burlada".

El Movimiento 24Dos atribuye a los demandantes y al letrado Boye la inducción a esos delitos. Al último citado también le imputa un delito contra la Administración de Justicia consistente en la presentación de una traducción falsa (en el caso de que haya actuado concertado con la traductora) o, alternativamente, de un delito de falsedad documental.

"Aguardaremos al resultado de la investigación para pronunciarnos sobre la posible responsabilidad o no" de los otros tres abogados firmantes de la demanda, Christophe Marchand, Michèle Hirsch y Paul Bekaert. La querella se dirige por ahora contra Boye por ser "el único de los letrados firmantes cuya lengua materna no es el francés y, por tanto, al que, indiciariamente, cabe atribuir la redacción del párrafo en francés en que se contiene la tergiversación" de las palabras de Llarena.

Respecto a la traductora, la querella explica que es necesario que declare, con asistencia letrada, sobre los hechos ya que Gonzalo Boye le ha atribuido a ella el error cometido en la traducción.