Seis años después de que el exjuez Baltasar Garzón fuera condenado por interceptar las comunicaciones de los imputados del caso Gürtel mientras hablaban con sus abogados sobre su estrategia de defensa, otro instructor de la Audiencia Nacional ha sido objeto de una querella por la misma conducta. Uno de los letrados que defienden en el caso Lezo a Juan Miguel Villar Mir, presidente del Grupo Villar Mir, ha presentado una querella contra el juez Manuel García-Castellón por presuntos delitos de prevaricación, escuchas ilegales, retardo malicioso en la administración de justicia y falsedad e infidelidad en la custodia de documentos.
El empresario está siendo investigado desde 2016 por García-Castellón en relación al pago de un supuesto soborno por la adjudicación del tren de Móstoles a Navalcarnero. A petición de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, el instructor acordó el 15 de diciembre de 2017 intervenir el teléfono de Villar Mir, que debía comparecer a declarar el 8 de enero siguiente.
En esa situación, "la probabilidad de captación de conversaciones con sus abogados puede expresarse como pronóstico de certeza casi absoluta" y, efectivamente, la UCO grabó conversaciones de Villar Mir con el letrado querellante "relativas a la estrategia procesal" que iban a seguir para retrasar esa comparecencia.
García-Castellón "no adoptó ninguna cautela en el ejercicio de su función de garante de los derechos fundamentales", especialmente del derecho de defensa, y autorizó a la UCO a grabar a Villar Mir y a su defensa "durante un prolongado plazo de tiempo", pese a saber que "se trataba de comunicaciones constitucional y legalmente confidenciales, de acceso vedado incluso a la autoridad judicial", sostiene la querella.
Sobre la base de esas interceptaciones, la UCO realizó "auténticos análisis policiales letrado-cliente" que luego el instructor utilizó en los interrogatorios.
La querella sostiene que "jamás" hubo un control de las escuchas por parte de García-Castellón, que ordenó la destrucción de las grabaciones -lo que ni siquiera se sabe si se ha efectuado realmente por parte de la UCO- sin permitir a los escuchados conocer el contenido de las interceptaciones, en contra de lo que prescribe la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
La querella califica la actuación del instructor del caso Lezo de "un puñal en el corazón del derecho de defensa". "Obsesionado por recoger autoincriminaciones", afirma, "el magistrado querellado ha tenido la osadía inconcebible de hacer acopio, como si de algo perfectamente natural se tratara, de transcripciones y análisis policiales de conversaciones entre abogados y sus clientes" a las que nadie debió tener acceso.
La defensa de Villar Mir tiene a su favor que, en un acuerdo adoptado el pasado 6 de julio, el Colegio de Abogados de Madrid le concedió el amparo por vulneración del secreto profesional y de la confidencialidad de la relación entre el abogado y sus clientes en el marco del caso Lezo.
"Estoy muy tranquilo", afirman fuentes cercanas al instructor, que recuerdan que la Fiscalía avaló las escuchas y la Sala Penal de la Audiencia confirmó la decisión de destruir las grabaciones, excepto las que se referían a la elaboración de un certificado médico que fue presentado para justificar la incomparecencia de Villar Mir a la citación del 8 de enero.