El juez José de la Mata de la Audiencia Nacional volverá a investigar una de las piezas del caso Gürtel, denominada "Orange Market", en la que la directora general de Promoción Institucional de la Generalitat Valenciana, Dora Ibars, está acusada de prevaricación administrativa por la adjudicación de contratos a dicha empresa del grupo de Francisco Correa en los años 2005 y 2009. 

Esta vez, sin embargo, se investigará si Ibars tomó las decisiones por sí misma o, por el contrario, recibió "indicaciones" de "autoridades superiores jerárquicamente a la acusada". Una investigación que pone en el punto de mira al expresidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, y que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha ordenado a raíz de las declaraciones del secretario general del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, Ricardo Costa, y los responsables de la empresa de Correa, él mismo, Pablo Crespo y Álvaro Pérez 'El Bigotes' durante el juicio del caso Gürtel celebrado en la Audiencia Nacional la pasada primavera.

A petición de la Fiscalía

Los magistrados de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal han aceptado reabrir la investigación como solicitó la Fiscalía tras la celebración del caso Gürtel en el que quedó acreditada la existencia de una 'caja B' en el Partido Popular. 

La Fiscalía se basó para hacer esta petición en las declaraciones de Costa, Correa, Crespo y Álvaro Pérez "de las que se podría desprender que la contratación directa de Orange Market por la Administración valenciana era por decisión de las primeras autoridades y la realización y montaje del stand de grandes eventos de la Comunidad Valenciana en Fitur 2009 podría ser una forma de retribuir a esa sociedad por trabajos realizados realmente para el partido Popular en la Comunidad Valenciana", entre otras declaraciones expuestas durante la vista oral.

La Sala explica que la influencia de estas revelaciones en el juicio del Juzgado Central Penal en esta pieza 5 del caso Gürtel es "fácil de comprender, dada la íntima relación entre ambas causas en las que son coincidentes muchos de los acusados". Añade que en este caso se trata de averiguar si la acusada Dora Ibars en su calidad de directora general de Promoción Institucional es quien adoptó las decisiones finales en lo relativo a la contratación directa de Orange Market en las ocasiones reiteradas en el escrito de acusación o bien "tal decisión fue adoptada por otras autoridades superiores jerárquicamente a la acusada, a las que se refirieron los acusados en el juicio 12/2016". Precisamente los acusados se refirieron tanto a Francisco Camps.

Los magistrados, en cuanto a la posibilidad de que a través de esta información suplementaria se trate de investigar la actuación de un tercero, señalan que "este tribunal no puede adelantar el resultado de la investigación que, en todo caso, trata de determinar la verdadera responsabilidad de la señora Ibars en los hechos por los que es acusada y la eventual responsabilidad de terceras personas en esos hechos".

Los hechos investigados que se le imputan a Ibars se refieren, en primer lugar, a la contratación directa de la sociedad Orange Market en 2005 para la elaboración de la Guía de la Comunicación de la Generalitat y un pen drive que se iba a utilizar como regalo institucional, un procedimiento en el que para sustraerse del control administrativo las partes acordaron la emisión de varias facturas hasta alcanzar el valor del precio cobrado por Orange Market, de 88.975,59 euros, de los que se llegaron a pagar 58.580,96 euros.

En segundo lugar, la Fiscalía acusa a Ibars por los hechos relativos a la participación de Orange Market como adjudicataria, de forma directa, del montaje del stand para grandes eventos de la Comunidad Valenciana en Fitur de 2009, con participación de varias instituciones y organismos oficiales a los que se obligaba a contratar con Orange Market, utilizando el mismo sistema del fraccionamiento del precio en varias facturas.