La Audiencia Nacional no investigará la denuncia de diez jornaleras marroquíes que habrían sido víctimas de abusos sexuales por parte de sus contratistas en las recolectas de la fresa y otras frutas en Almonte (Huelva), según destapó EL ESPAÑOL.
Las mujeres que presuntamente sufrieron abusos sexuales también habrían sido amenazadas con perder su trabajo si denunciaban la situación, presentaron una denuncia conjunta por presuntos delitos de trata de seres humanos en concurso con delitos de lesa humanidad.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número uno de la Audiencia Nacional ha inadmitido a trámite la mencionada denuncia por no ser de su competencia y por no ver indicios del delito de lesa humanidad en las conductas denunciadas.
Esclavas sexuales en los campos de la fresa en Huelva
En cuanto al delito de trata de seres humanos, en caso de existir, concluye el magistrado, se habría cometido en España y, por tanto, no sería competencia de la Audiencia Nacional. La Fiscalía de la Audiencia Nacional también informó de que dicho tribunal no es competente para conocer de los hechos denunciados.
Por lo tanto, la Justicia andaluza es ahora la competente para seguir investigando los presuntos delitos. Precisamente el Juzgado de Instrucción número tres de La Palma del Condado (Huelva), ya ha abierto diligencias de investigación por la presunta comisión de un delito contra la libertad sexual. En dicha provincia, aunque en un juzgado distinto, también se investiga ya a tres empresarios por un presunto delito de los Derechos de los Trabajadores.
De jornaleras a esclavas sexuales
El reportaje que este diario publicó el pasado mayo, sacó a la luz una preocupante situación silenciada por la comunidad agrícola de Huelva que se puso en conocimiento de la Policía y la Fiscalía y que ha dado lugar a las dos citadas investigaciones judiciales.
En él se dio voz a mujeres a las que sus contratistas habían traído presuntamente desde Marruecos para que trabajaran recogiendo fresas pero también para explotarlas sexualmente. Según contaron ellas mismas, dormían apiladas en una habitación en la que eran arrinconadas y obligadas a mantener relaciones sexuales. Durante la jornada de labranza, también eran insultadas, toqueteadas y golpeadas.
La delicada situación económica de la mayoría de las mujeres las llevó a no denunciar desde el principio, pues eran amenazadas con ser devueltas a su país si hablaban. De hecho, así ocurrió contra quienes denunciaron finalmente estos hechos.
Según denunciaron las propias mujeres a los periodistas Andros Lozano y Marcos Moreno, sufrieron violaciones, agresiones físicas, abusos sexuales e incluso se negociaron matrimonios con lugareños que buscaban mujeres con las que tener sexo y que se ocupen de las tareas del hogar. Una situación que se habría repetido en pueblos separados por 70 u 80 kilómetros.