Nestor Humberto Martínez Neira, fiscal general de Colombia desde julio de 2016, puede haber incurrido en un conflicto de intereses al instar la persecución judicial del empresario Carlos Mattos pese a que antes asesoró, como abogado, a este empresario.
Según ha adelantado Confilegal, el asunto se remonta a 2015, cuando la compañía coreana Hyundai Motor Company decidió retirar a la empresa de Mattos, Hyunday Colombia, la representación de la marca en el país suramericano para dársela a la sociedad Neocorp, propiedad del magnate ecuatoriano Juan Eljuri.
Mattos demandó ante la Justicia colombiana a la multinacional con el objetivo de que se le reparara por los daños ocasionados y le reclamó 223,2 millones de euros.
En abril de 2016, dos meses después de presentar la demanda, el juez Reinaldo Huertas dictó una medida cautelar por la que, mientras se fallaba sobre el fondo del pleito, Hyundai no podía comercializar sus vehículos en Colombia con una compañía diferente a la de Mattos.
La medida cautelar -ratificada en segunda instancia por otro magistrado-fue determinante para que la mercantil coreana y Mattos llegaran en noviembre de 2016 a un acuerdo por el que el empresario hispano-colombiano recibió 29,7 millones de euros.
La Fiscalía colombiana sospecha que el reparto informático de la demanda de Mattos a Huertas fue amañado y que éste fue sobornado ya que, según informaciones periodísticas, tras adoptar la medida cautelar el juez se compró un coche por valor de 21.018 euros que pagó al contado.
Denuncia
Las noticias periodísticas fueron la base de una denuncia de un abogado de Neocorp que dio pie a una investigación de la Fiscalía y a un proceso judicial contra Mattos. El pasado junio fueron detenidos y encarcelados el juez Reinaldo Huertas, cinco funcionarios de la administración judicial y un abogado de Mattos, Luis David Durán, que, a cambio de recibir un trato favorable, se ha convertido en testigo de cargo contra el empresario confirmando la existencia de sobornos.
Investigaciones del Cuerpo Técnico de Investigación de Colombia, sin embargo, no han podido concluir que se manipulara el sistema de reparto de las demandas para que la reclamación de Mattos contra Hyundai fuera turnada a Huertas.
Un segundo abogado de Carlos Mattos, Alex Vernot, fue detenido el pasado 27 de septiembre bajo la acusación de haber intentado sobornar, ofreciéndole dos millones de dólares, a Luis David Durán para que cambie sus declaraciones incriminatorias.
Es Vernot el que ahora ha hecho pública una oferta de servicios firmada por Martinez Neira en noviembre de 2015, cuando era abogado de la firma DLA Piper Martinez Neira. Según Alex Vernot, el hoy fiscal general fue “el promotor, redactor, gestor y beneficiario económico de las controvertidas medidas cautelares” contra el grupo encuatoriano Eljuri.
Néstor Humberto Martínez Neira ha asegurado al diario colombiano El Espectador que jamás participó en el proceso en el que intervino el juez Huertas y que nunca recibió una comisión de éxito de la empresa de Carlos Mattos por la medida cautelar emitida en abril de 2016.
Oferta de servicios
Pero, de acuerdo con el documento difundido por Vernot, el hoy fiscal general de Colombia tuvo acceso en noviembre de 2015, siendo abogado, a documentación facilitada por Mattos sobre el contencioso con Hyundai Motor Company. La oferta de servicios firmada por el entonces abogado Martínez Neira se refiere a Mattos como “el cliente” y le recomienda una acción por competencia desleal contra la compañía coreana.
La situación del fiscal general de Colombia se ha complicado tras un artículo publicado el 24 de septiembre en el diario colombiano La Nueva Prensa por el periodista Gonzalo Guillén, según el cual Martínez Neira oculta bienes y fondos en España al amparo de una empresa panameña de la que es dueño con su núcleo familiar. La sociedad se llama Amanda Advisors S.A. y el fiscal poseería el 100% de las acciones, todas al portador, por lo que su nombre no figura en ellas ni las habría declarado ante las autoridades tributarias colombianas
El abogado Álex Vernot, amigo de Guillén, declaró en su comparecencia judicial que su detención es la respuesta del fiscal general a la publicación de ese artículo.
Proceso "justo"
Carlos Mattos, que también tiene nacionalidad española, se encuentra en España, donde posee negocios y una residencia. Entre otros, tiene el 2% del capital social de EL ESPAÑOL. Mattos se encontraba en España cuando fueron detenidos el juez Huertas y los demás implicados.
Sus abogados en Colombia han pedido que sea citado en un tribunal español ya que teme regresar a Bogotá porque cree que no va a ser tratado por la Fiscalía “de una manera justa”.