La Sala II del Tribunal Supremo ha confirmado 4 años y medio de prisión para el expresidente de Bankia Rodrigo Rato por delito continuado de apropiación indebida en el caso de las tarjetas black de Caja Madrid. El tribunal ratifica las líneas maestras de la sentencia que dictó la Audiencia Nacional en este asunto, y confirma la comisión del delito de apropiación indebida por otros 63 exdirectivos y exmiembros del Consejo de Administración de la Caja, que se beneficiaron de estas tarjetas cuya operativa era opaca a Hacienda.
Las penas varían para algunos de los condenados al estimar el Supremo que la atenuante de reparación del daño aplicada a los acusados que consignaron judicialmente las cantidades que extrajeron con la tarjeta debe entenderse como muy cualificada y no simple, igual que la Audiencia Nacional apreció para quienes ingresaron el dinero directamente a los perjudicados (FROB o Bankia). Las penas firmes dictadas por el Supremo oscilan entre los 4 meses de prisión y los 4 años y medio de Rodrigo Rato.
En el caso del exdirectivo de Caja Madrid Ildefonso Sánchez Barcoj, la Sala estima parcialmente su recurso y rebaja de 2 años y 6 meses a un año menos un día de prisión por un delito continuado de apropiación indebida. El tribunal entiende que debe ser condenado por un único delito continuado de apropiación indebida y no por dos delitos (uno como cooperador necesario y otro como cómplice) por los que le condenó la Audiencia. Además, en su caso, el tribunal también le aplica la atenuante muy cualificada de reparación del daño.
La denuncia partió de Bankia
Los consejeros y directivos de Bankia llegaron a gastar 12,5 millones de euros con el controvertido uso de dichas tarjetas. Con la llegada de José Ignacio Goirigolzarri a la presidencia de Bankia, se analizaron todas las operaciones que no parecían "coincidir con la ortodoxia bancaria". Entre ellas se encontraba la utilización de las denominadas tarjetas black.
A raíz de la orden del presidente, el equipo de auditoría de Bankia recopiló información que envió a los juzgados gracias a que una empleada del departamento de Medios, María del Carmen Guillén, recopiló toda la información y la denunció en febrero de 2014, según declaró durante el juicio celebrado en la Audiencia Nacional Iñaki Azaola, director corporativo de Auditoría.
Tanto Rodrigo Rato como Miguel Blesa, expresidente de Caja Madrid fallecido, fueron considerados autores del delito de apropiación indebida en la sentencia de la Audiencia Nacional. Blesa fue, precisamente, el que recibió la pena mayor, de seis años de prisión, en dicha resolución.
La Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional consideró que Blesa propició que a los miembros del Consejo de Administración y los integrantes de la Comisión de Control de Caja Madrid tuvieran una tarjeta Visa de empresa contra la que disponer sin justificación del gasto "viabilizando así una percepción dineraria que acrecentaba a la dieta" constándole que las dietas eran la única retribución autorizada para esos directivos.
Por su parte, Blesa también tenía una tarjeta de crédito de representación y otra también corporativa "que se atribuyó a sí mismo al margen de sus retribuciones convenidas contractualmente, para dedicarla a atenciones netamente personales, en detrimento" de la entidad.