El excomisario José Manuel Villarejo intentó buscar el apoyo del actual presidente de Guatemala, Jimmy Morales, para que frenara la causa abierta en el país latinoamericano contra el empresario español Ángel Pérez-Maura, acusado junto a varios de sus colaboradores de sobornar con más de 24 millones de dólares al anterior Gobierno guatemalteco para conseguir que le facilitasen la construcción de una terminal de contenedores en Puerto Quetzal. Para acercarse al presidente, Villarejo valoró realizar una "inversión estratégica" en una fundación llamada Konrad Adenauer.
Además, el mando policial habría planeado una "estrategia desde la izquierda" que pasaba por "financiar proyectos" también a la oposición del presidente, y en concreto al partido denunciante de los presuntos sobornos ocurridos en la operación portuaria, llamado Acción Ciudadana.
EL ESPAÑOL ha conocido la existencia de un documento, fechado en abril de 2016, que se encontraba en una de las carpetas de trabajo de las empresas de Villarejo y que dejaba constancia de la estrategia a seguir tanto para frenar la extradición de Pérez-Maura como para relajar la investigación en Guatemala. "Para resolver este conflicto judicial, hay dos personas clave: Nineth Montenegro (en la bancada de Encuentro por Guatemala) y Manfredo Marroquín, presidente de Acción Ciudadana", se dice en el escrito.
Montenegro es una reconocida activista pro derechos humanos que ha llegado a ser vicepresidenta del Congreso guatemalteco. Marroquín es un conocido opositor al actual Gobierno, investigado desde el pasado mes de junio por presuntos delitos de estafa a la hora de captar fondos internacionales, algo que el afectado vincula con maniobras del Gobierno para desacreditarle.
El expresidente de Guatemala Otto Pérez Molina, acusado de recibir sobornos.
Candidatos al Nobel de la Paz
En cualquier caso, el documento recomienda a Pérez-Maura y sus abogados un cambio de estrategia. Durante meses, sus esfuerzos se habrían centrado en debilitar los informes de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un organismo dependiente de Naciones Unidas y creado con el apoyo de EEUU para evitar la impunidad de la corrupción en Guatemala. Pero eso había generado el efecto contrario: se había maximizado el apoyo internacional sobre los fiscales del caso.
"La estrategia contra el CICIG nos pareció una decisión errónea por varias razones: el prestigio actual de la institución, el soporte ciudadano y el apoyo que tiene desde la embajada de EEUU y desde todas las instancias de Naciones Unidas. El alto comisionado Ivan Velázquez y la fiscal general Thelma Aldana han sido propuestos candidatos al premio Nobel de la Paz y gozan de un altísimo soporte mediático en USA", refleja el documento conocido por EL ESPAÑOL.
Es por ello que el análisis recomienda una "defensa desde la izquierda dividida en dos fases". La primera pasa por trabajar en España y Guatemala para impedir la extradición. "Basada en anular la causa, la imputación en Guatemala a través de que la defienda Rafael Maldonado (CALAS) y que se apoye la bancada de la izquierda a través de un coste, el apoyo a proyectos de Acción Popular (en realidad se refiere al grupo Acción Ciudadana) la acusación popular que ha judicializado esta concesión".
La segunda fase, a desarrollar "en Guatemala", pasaría por que no se anule la adjudicación investigada, la terminal de contenedores de Puerto Quetzal, "o que, en caso de producirse un nuevo concurso, este termine adjudicado también a Maersk".
Este era uno de los aspectos claves desde el punto de vista extrajudicial, ya que la filial en Guatemala de la empresa de Pérez-Maura había vendido su concesión a un tercero: la multinacional danesa del negocio de la logística y el transporte de mercancías Maersk.
Instalaciones de Puerto Quetzal.
"El contrato de compraventa de TCB a Maersk tiene penalizaciones millonarias si pierden adjudicaciones. Por lo tanto, hay que montar un plan más sofisticado (y caro) para conseguirlo, que pasa por una relación directa con Presidencia de Guatemala", se dice en el documento.
Desacreditar en prensa a los principales testigos
De esta forma, el presunto plan para salvar a Pérez-Maura y sus colaboradores se articuló en varios pasos. El primero era intentar separar al empresario español y sus sociedades en Guatemala de cualquier "connivencia" con el anterior presidente, Otto Pérez. El segundo, unirse a la acusación particular como "damnificados" por el "proceso irregular de adjudicación". Un tercero era la utilización de " los recursos para influir en la acusación popular mediante manejo de la opinión pública a través de periodistas y medios locales".
A partir de ahí, se suceden otros elementos planificados como el acercamiento al diputado Manfredo Marroquín o la intención de "atacar/desprestigiar" a dos "figuras clave" del procedimiento: el principal delator para la Fiscalía, Juan Carlos Monzón, y el intermediario argentino Mauricio José G.
En última instancia, el escrito recomienda "descargar todo el peso de la prueba en Juan José Suárez", el español que era principal responsable de la empresa en Guatemala y que había sido detenido en esa misma fecha, "y quitar cualquier decisión o aprobación a Angel Pérez", en referencia a Pérez-Maura, el empresario que contrató según las investigaciones a Villarejo cuando éste estaba ya retirado.
En otro punto se refleja la intención de "actuar en el entorno del presidente Morales ayudándole en su actual situación mediante una inversión estratégica: Fundación Konrad Adenauer".
El actual presidente, contra los investigadores
El documento no estipula si la citada entidad -filial en Latinoamérica de una de la principales fundaciones democristianas en todo el mundo- sería un medio o un fin para hacer llegar fondos al círculo del presidente Morales. Ni siquiera refleja si finalmente la estrategia se cumplió, algo que centra ahora los esfuerzos de la Fiscalía española.
Lo que sí analiza el documento es la presumible fragilidad del actual Gobierno de Guatemala, dado que "el entorno político del presidente está maniobrando abiertamente en contra de Morales, promoviendo constantes críticas hacia él y su vicepresidente". Además, "la oposición política está ya preparando nuevas elecciones o el cambio en el gobierno existente".
De hecho, en Guatemala es evidente el enfrentamiento directo entre el actual presidente y la CICIG, el organismo de Naciones Unidas creado para combatir la corrupción en el país. La entidad de apoyo a la Fiscalía ha pedido en dos ocasiones que se levante la inmunidad del presidente para que pueda ser investigado por presuntos delitos de financiación ilegal en sus campañas electorales desde 2015.
El pasado 31 de agosto, Morales anunció públicamente que no renovará el mandato de la CICIG en Guatemala y que la entidad, dependiente de Naciones Unidas, tendrá que salir del país en septiembre de 2019. El organismo tiene abiertas investigaciones contra el actual presidente, contra su hermano y contra uno de sus hijos. Y es además uno de los principales impulsores de la investigación contra Pérez-Maura y su grupo empresarial.
La oposición entre el actual presidente y la CICIG es tal que, el pasado verano, Morales declaró "persona non grata" en su país al máximo responsable del organismo, Iván Velázquez, considerado en los círculos internacionales como el azote de la corrupción en el país y el hombre que estaba al frente de las principales investigaciones financieras contra Pérez-Maura y sus presuntos colaboradores.