El TS pacifica el conflicto y convoca el 5 de noviembre el Pleno sobre el impuesto de las hipotecas

A la búsqueda de restañar las heridas internas causadas por el enfrentamiento entre el presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo y la Sección Segunda, el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, ha celebrado una reunión con ellos y ha logrado un resultado salomónico: Luis Díez-Picazo usó sus atribuciones para convocar el Pleno de la Sala y unificar el criterio sobre el impuesto de las hipotecas (será el próximo 5 de noviembre), pero la Sección Segunda ha decidido su criterio "con plena lealtad, independencia y profesionalidad".

Lesmes, que se encontraba en viaje institucional fuera de Madrid cuando se desató el conflicto, convocó para este lunes al presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Luis Díez-Picazo, y los magistrados de la Sección Segunda de esa Sala autores de la sentencia que, cambiando el criterio seguido hasta entonces, ha determinado que sean las entidades bancarias, y no los clientes, las que asuman el impuesto sobre actos jurídicos documentados en las escrituras notariales de préstamos hipotecarios.

El fallo, conocido el pasado jueves, arrastró importantes caídas de las entidades financieras en la Bolsa. En esa sola jornada, los grandes bancos (Bankia, BBVA, Sabadell, Santander y Bankinter) se dejaron 5.000 millones de euros en capitalización bursátil.

La reacción de Díez-Picazo el viernes, al difundir un comunicado en el que anunciaba la avocación al Pleno de la Sala de otros recursos sobre la misma cuestión para decidir si el "el giro jurisprudencial de la [Sección Segunda] debe ser o no confirmado", ha generado inseguridad jurídica en bancos, clientes y Administraciones Públicas y ha dañado la imagen del alto tribunal por la impresión de que actuaba para salvar los intereses de la Banca.

No una, sino tres sentencias

Los asistentes al cónclave de ese lunes han pactado un comunicado en el que recuerdan que la sentencia de la Sección Segunda conocida el pasado jueves "es firme y no susceptible de revisión" por el Pleno de la Sala, por lo que tiene "plenos efectos". Esto es, la banca tendrá que devolver la liquidación del impuesto de actos jurídicos documentados a la Empresa Pública de la Vivienda de Rivas Vaciamadrid, que era la recurrente en ese proceso, y queda anulado el articulo reglamentario que atribuye al cliente la carga del impuesto.

El comunicado añade que ése no es el único caso fallado por la Sección Segunda, ya que ese mismo día se votaron otras dos sentencias con los mismos litigantes y el mismo objeto que están pendientes de notificación. Estos fallos tampoco pueden ser revisados.

"Los magistrados integrados en la Sección Segunda y el presidente de dicha sección [Nicolás Maurandi] han actuado en todo momento en relación con estos asuntos con plena lealtad al Alto Tribunal, así como con independencia, profesionalidad y competencia técnica en la interpretación y aplicación de la ley, y con escrupuloso respeto a las normas procesales aplicables al presente caso", afirma el comunicado.

Díez-Picazo: No busco el cambio de doctrina

Paralelamente, "la avocación al Pleno de la Sala de los asuntos pendientes y no resueltos sobre esta materia por parte del presidente de la Sala [Luis Díez-Picazo] forma parte de sus atribuciones legales cuando lo estime necesario para la administración de Justicia, sin perjuicio de las facultades del Pleno para resolver lo que en
Derecho proceda", añade.

La avocación al Pleno ha sido aceptada por todos los integrantes de la Sección Segunda menos el magistrado Ángel Aguallo, que considera que ello debió haberse hecho antes de dictarse el fallo.

La reunión empezó conflictiva, ya que Maurandi comenzó lanzando duras críticas al presidente de la Sala, lo que ha sido cortado en seco por Lesmes, que no ha permitido el intercambio de reproches. No ha podido evitar, no obstante, que en los primeros momentos el presidente de la Sección Segunda expresase su enorme malestar con el presidente de la Sala, al que atribuye haber difundido que la sentencia del jueves se dictó a sus espaldas, "lo que no es cierto".

Maurandi criticó a Díez-Picazo por haber puesto en duda su lealtad y le censuró sus malas formas, afirmando que el presidente de la Sala le gritó y le echó de su despacho.

Luis Díez-Picazo no quiso incrementar la tensión y no contestó esos reproches, pero sí defendió su actuación asegurando que su intención al convocar el Pleno no era corregir a la Sección Segunda, sino clarificar los efectos y alcance de la sentencia que atribuye a la Banca la carga del impuesto de los préstamos con garantía hipotecaria.

Petición de dimisión

Pero la actuación del presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo sigue siendo fuente de polémica. La asociación Jueces y Juezas para la Democracia (JJpD) le ha pedido que dimita por su "nefasta gestión" del conflicto.

A su parecer, el presidente de la Sala debió avocar el asunto al Pleno antes de que la Sección Segunda dictase la controvertida sentencia. "De lo contrario", agrega, Díez-Picazo "se enfrenta a la incompetencia, incomprensión, mala imagen de la Administración de
Justicia que ha generado, además del consiguiente descrédito de sus propios compañeros a los que preside y que han elaborado una sentencia perfectamente discutida, razonada y razonable".

JJpD sostiene que el presidente de la Sala "ha generado él solo alarma social, ha provocado desconcierto en la ciudadanía, que no sabe qué hacer con sus hipotecas y toda su economía doméstica; ha generado inseguridad jurídica, ha utilizado indebidamente las facultades legales que la legislación le encomienda a un tribunal colegiado y de la entidad del Tribunal Supremo, y ha puesto en tela de juicio la imparcialidad e independencia de los jueces, generando ante la ciudadanía una imagen lamentable de sus juezas y jueces".

La asociación judicial Francisco de Vitoria (FV), la segunda de mayor implantación en la carrera, también cuestiona la actuación de Díez-Picazo, aunque no ha pedido su dimisión.

FV recuerda que no se conoce ningún precedente similar de avocación al Pleno de un asunto a las 24 horas de conocerse la sentencia del tribunal encargado de dictarla y cuando se han producido importantes efectos sociales y económicos.

También recuerda que Díez-Picazo formó parte de la Sala que admitió a trámite ese y otros recursos snbre el impuesto de las hipotecas, por lo que "era conocedor de lo que sucedía y la avocación debería haberla realizado con el primero de los asuntos".

Para Francisco de Vitoria, la actuación del presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo "crea confusión y no contribuye a la imagen de independencia del Poder Judicial".