Un año y una semana después de que el Parlament proclamara la independencia de Cataluña, la Fiscalía del Estado ha pedido que se condene a una pena de 25 años de cárcel a Oriol Junqueras, exvicepresidente del Gobierno catalán y exconsejero de Economía, al que atribuye un delito de rebelión agravada por el uso ilegal de fondos públicos.
Junqueras, que justo hoy cumple un año en prisión preventiva, se enfrentará a una petición de pena mucho más benévola por parte de la Abogacía del Estado, dependiente del Gobierno, que solicita para él 12 años de cárcel por sedición y malversación de fondos públicos.
En ausencia de Carles Puigdemont, huido de la Justicia y refugiado en Bélgica, Junqueras es considerado por las acusaciones particular y pública el máximo responsable del proceso secesionista, de acuerdo con los escritos de calificación provisional presentados este viernes ante la Sala Penal del Supremo.
La Fiscalía pide hasta 25 años de prisión por rebelión para líderes del 'procés'
El Gobierno ha desechado el criterio de los expertos de la Abogacía del Estado, partidarios de acusar por rebelión, y ha impuesto a su brazo legal una acusación por sedición que rebaja el carácter violento de los hechos ocurridos ante la Consejería de Economía durante los registros judiciales del 20 de septiembre y durante el propio referéndum del 1-O, celebrado pese a que el Tribunal Constitucional lo había prohibido.
Hasta 17 años de cárcel para los demás líderes del 'procés'
Por la gravedad de pena pedida por la Fiscalía -17 años de cárcel- le siguen a Junqueras la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, el expresidente de Asamblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez, y el presidente de Omnium Cultural, Jordi Cuixart, a los que también atribuye rebelión.
A los exconsejeros Jordi Turull, Raül Romeva, Joaquim Forn, Josep Rull y Dolors Bassa les imputa igualmente rebelión y pide 16 años de cárcel para cada uno de ellos.
Los también exconsejeros Carles Mundó, Meritxell Borrás y Santiago Vila se enfrentarán a una petición de pena de 7 años de cárcel, multa de 3.000 euros e inhabilitación para cargo público durante un año y ocho meses por delitos de malversación y desobediencia.
Para los exmiembros de la Mesa del Parlament Lluis Corominas, Lluis Guinó, Anna Simó, Ramona Barrufet y Josep Joan Nuet la Fiscalía, así como para Mireia Boya, de la CUP, se solicitan penas de multa por desobediencia.
"A punto de lograrlo"
El escrito de acusación del Ministerio Público, que cita 14 veces la palabra "violencia" a lo largo de sus 127 folios de extensión, afirma que hubo una "estrategia convergente" entre el Gobierno de Puigdemont, la Mesa del Parlament y los líderes sociales Sánchez y Cuixart para "orillar la aplicación de la legalidad constitucional y estatutaria" para conseguir "como objetivo último, con sus propias leyes y sus propias estructuras de Estado, declarar la independencia de esa parte del territorio, finalidad que estuvieron a punto de lograr (...) poniendo así en grave peligro el orden constitucional".
El escrito, que no está firmado por la fiscal general, María José Segarra, sino por los cuatro fiscales de Sala que han intervenido en este proceso (Consuelo Madrigal, Javier Zaragoza, Jaime Moreno y Fidel Cadena), afirma que el plan secesionista contemplaba la utilización de "todos los medios que fueran precisos" para alcanzar la independencia, "incluida, ante la certeza de que el Estado no iba a aceptar esa situación, la violencia necesaria para asegurar el resultado criminal pretendido".
Para ello se valieron de la "fuerza intimidatoria" que ejercía, de un lado, la "actuación tumultuaria desplegada con las grandes movilizaciones ciudadanas instigadas y promovidas" por los acusados y, de otro, el uso de los 17.000 efectivos de los Mossos d'Esquadra. Este cuerpo armado "acataría exclusivamente las instrucciones" de los secesionistas, "como así sucedió".
La Fiscalía da una extraordinaria importancia a la reunión celebrada en la tarde del 28 de septiembre de 2017 ente Junqueras, Forn y los responsables de los Mossos, en la que los miembros del Govern fueron informados que, debido a las ingentes movilizaciones desplegadas por ANC y Omnium (incluidos los Comités de Defensa de la República) y a los incidentes violentos ya producidos con ocasión del registro judicial realizado una semana antes en la Consejería de Economía, era "altamente probable" que se produjera una escalada de violencia de cara al referéndum ilegal del 1 de octubre.
"Pese a ello", relata la Fiscalía, "la decisión de los miembros del Govern fue seguir adelante con el referéndum, dando instrucciones a los mandos de los Mossos para que facilitaran su realización a pesar de su manifiesta ilegalidad". Los mandos de la Policía autonómica "antepusieron" esas directrices políticas "al cumplimiento de la ley y del mandato judicial que prohibía su realización".
El escrito relata las sucesivas desobediencias a las reiteradas resoluciones del Tribunal Constitucional contrarias a la imposición unilateral de la secesión.