La Abogacía del Estado, dependiente del Gobierno, ha solicitado para Oriol Junqueras 12 años de cárcel por sedición y malversación de fondos públicos, menos de la mitad de lo que reclama la Fiscalía, que pide 25 años de cárcel para Junqueras por considerarle el líder de un delito de rebelión.
El Gobierno ha desechado el criterio de los expertos de la Abogacía del Estado, partidarios de acusar por rebelión, y ha impuesto a su brazo legal una acusación por sedición que rebaja el carácter violento de los hechos ocurridos ante la Consejería de Economía durante los registros judiciales del 20 de septiembre y durante el propio referéndum del 1-O, celebrado pese a que el Tribunal Constitucional lo había prohibido. Frente a la consideración del Ministerio Público de que fueron hechos "violentos", la Abogacía del Estado habla de "movilizaciones".
Además de rebajar la acusación, el Gobierno ha utilizado un artificio técnico para reducir notablemente la solicitud de pena. Consiste en considerar que la malversación fue un delito instrumental de la sedición. De esta forma, en vez de pedir sanciones separadas para cada uno de los dos delitos (lo que hubiera llevado a tener que solicitar un mínimo de 16 años de cárcel para Junqueras), la calificación conjunta de ambas infracciones permite tomar como referencia el delito más grave (la sedición) e incrementar algo la pena en atención a la malversación.
La Fiscalía pide hasta 25 años de prisión por rebelión para líderes del 'procés'
Desde la Abogacía del Estado se advirtió de la dudosa corrección de ese criterio, ya que la aplicación de esa técnica sólo es posible cuando uno de los delitos es "medio necesario" para cometer el otro, de acuerdo con el artículo 77 del Código Penal. En este caso, sin embargo, no era preciso cometer malversación para llevar a cabo la sedición, por lo que habría que haber pedido penas separadas y autónomas para cada delito.
La opción tomada por el Gobierno equivale a castigar la malversación con sólo 2 años de cárcel. De haberse pedido una pena autónoma, la sanción mínima ascendería a seis años de prisión para la malversación y 10 años para la sedición.
"Suavizar" la postura
La semana pasada, la vicepresidenta Carmen Calvo daba los primeros pasos para el cambio de postura del Gobierno. "Para hablar de golpe de Estado, para hablar en ese sentido de delito máximo, tenemos que hablar de unos instrumentos de fuerza. Un golpe de Estado requiere fuerza y unos instrumentos de fuerza coercitivos", señaló en una entrevista. El propio Pedro Sánchez aludió a esta argumentación, aunque de manera velada, en la tribuna del Congreso.
La acusación de la Abogacía del Estado formalizada este viernes viene a confirmar las nuevas tesis del Gobierno. Si antes de la moción de censura Sánchez aseguraba que "clarísimamente ha habido un delito de rebelión", tras su acceso a La Moncloa con los votos de las fuerzas independentistas -que sigue necesitando para aprobar los Presupuestos Generales del Estado- el discurso se ha suavizado.
Otros ministros y autoridades socialistas han seguido esa estela. La titular de Política Territorial, Meritxell Batet, aseguró que "sería mejor que no hubiese presos"; la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, defendió el indulto en caso de que fueran condenados,y, finalmente, la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, se desmarcó de la rebelión que la Abogacía del Estado venía respaldando hasta ahora en el seno del proceso judicial.