Vea las solicitudes de pena para cada acusado

Los 18 procesados por el proceso unilateral de secesión de Cataluña ya tienen la condición de acusados. Este viernes han conocido las penas que, de forma provisional, reclaman para ellos la Fiscalía y la Abogacía del Estado. Ésta, dependiente del Gobierno, se ha separado del Ministerio Público y renuncia a acusar por rebelión, el delito que fue objeto de procesamiento por el juez Pablo Llarena y que ha sido avalado por la Sala de Apelación del Tribunal Supremo. Las penas de la Abogacía del Estado son también mucho más benévolas que las que reclama la acusación pública.

Éstas son las penas de prisión que solicitan el Ministerio Público y la Abogacía del Estado para cada uno de los acusados:

En el Tribunal Supremo

-Oriol Junqueras, exvicepresidente de la Generalitat de Cataluña y exconsejero de Economía. El fiscal pide 25 años de prisión y 25 de inhabilitación absoluta por rebelión agravada por el uso de fondos públicos. La Abogacía del Estado pide 12 años de prisión y el mismo tiempo de inhabilitación absoluta por sedición en concurso medial con malversación

-Carme Forcadell, expresidenta del Parlament. El fiscal solicita 17 años de prisión y 17 años de inhabilitación por un delito de rebelión como promotor o jefe principal. La Abogacía del Estado, 10 años de prisión y el mismo tiempo de inhabilitación absoluta como dirigente de sedición. 

-Jordi Sánchez, expresidente de la Asamblea Nacional Catalana. La Fiscalía reclama: 17 años de prisión y 17 años de inhabilitación absoluta como promotor o jefe principal. La Abogacía del Estado, 8 años de cárcel y el mismo tiempo de inhabilitación absoluta como dirigente de sedición.

-Jordi Cuixart, presidente de Òmnium Cultural. El fiscal pide 17 años de prisión y 17 años de inhabilitación por un delito de rebelión como promotor o jefe principal.  La Abogacía del Estado, 8 años de cárcel y el mismo tiempo de inhabilitación absoluta como dirigente de sedición.

-Jordi Turull, exconsejero de Presidencia. El fiscal reclama 16 años de prisión y 16 de inhabilitación por rebelión con distracción ilegal de fondos públicos. La Abogacía del Estado pide 11 años y medio de cárcel y el mismo tiempo de inhabilitación como dirigente de sedición en concurso con malversación de fondos.

-Raül Romeva, exconsejero de Relaciones Exteriores. La Fiscalía solicita 16 años de prisión y 16 de inhabilitación por rebelión con malversación de fondos públicos. La Abogacía del Estado pide 11 años y medio de cárcel y el mismo tiempo de inhabilitación como dirigente de sedición en concurso con malversación de fondos.

-Dolors Bassa, exconsejera de Trabajo. La Fiscalía insta 16 años de prisión y 16 de inhabilitación por rebelión con distracción de fondos públicos. La Abogacía del Estado pide 11 años y medio de cárcel y el mismo tiempo de inhabilitación como dirigente de sedición en concurso con malversación de fondos.

-Josep Rull, exconsejero de Territorio y Sostenibilidad. El fiscal reclama 16 años de prisión y 16 de inhabilitación por rebelión con malversación de fondos públicos. La Abogacía del Estado pide 11 años y medio de cárcel y el mismo tiempo de inhabilitación como dirigente de sedición en concurso con malversación de fondos.

-Joaquim Forn, exconsejero de Interior. El fiscal pide 16 años de prisión y 16 de inhabilitación por un delito de rebelión habiendo distraído fondos públicos. La Abogacía del Estado pide 11 años y medio de cárcel y el mismo tiempo de inhabilitación como dirigente de sedición en concurso con malversación de fondos.

-Meritxell Borràs, exconsejera de Gobernación, Administraciones Públicas y Vivienda. El fiscal pide 7 años de prisión y 16 de inhabilitación por un delito de malversación de caudales públicos, multa de 30.000 euros e inhabilitación especial para el ejercicio de cargos públicos durante un año y ocho meses por delitos de malversación de fondos públicos y desobediencia grave. La Abogacía del Estado pide 7 años de prisión, 10 años de inhabilitación absoluta y 30.000 euros de multa por un delito continuado de desobediencia grave.

-Carles Mundó, exconsejero de Justicia. El fiscal pide 7 años de prisión y 16 de inhabilitación por un delito de malversación de caudales públicos, multa de 30.000 euros e inhabilitación especial para el ejercicio de cargos públicos durante un año y ocho meses por delitos de malversación de fondos públicos y desobediencia grave. La Abogacía del Estado pide 7 años de prisión, 10 años de inhabilitación absoluta y 30.000 euros de multa por un delito continuado de desobediencia grave.

-Santiago Vila, exconsejero de Empresa. El fiscal pide 7 años de prisión y 16 de inhabilitación por un delito de malversación de caudales públicos, multa de 30.000 euros e inhabilitación especial para el ejercicio de cargos públicos durante un año y ocho meses por delitos de malversación de fondos públicos y desobediencia grave. La Abogacía del Estado pide 7 años de prisión, 10 años de inhabilitación absoluta y 30.000 euros de multa por un delito continuado de desobediencia grave..

-Lluis María Corominas, exmiembro de la Mesa del Parlament. Tanto el fiscal como la Abogacía del Estado piden 30.000 euros de multa e inhabilitación especial para el ejercicio de cargos públicos durante un año y ocho meses por un delito continuado de desobediencia grave.

-Lluis Guinó, exmiembro de la Mesa del Parlament. Tanto el fiscal como la Abogacía del Estado piden 30.000 euros de multa e inhabilitación especial para el ejercicio de cargos públicos durante un año y ocho meses por un delito continuado de desobediencia grave.

-Anna Isabel Simó, exmiembro de la Mesa del Parlament. Tanto el fiscal como la Abogacía del Estado piden 30.000 euros de multa e inhabilitación especial para el ejercicio de cargos públicos durante un año y ocho meses por un delito continuado de desobediencia grave.

-Ramona Barrufet, exmiembro de la Mesa del Parlament. Tanto el fiscal como la Abogacía del Estado piden 30.000 euros de multa e inhabilitación especial para el ejercicio de cargos públicos durante un año y ocho meses por un delito continuado de desobediencia grave. 

-Joan Josep Nuet, exmiembro de la Mesa del Parlament. Tanto el fiscal como la Abogacía del Estado piden 24.000 euros de multa e inhabilitación especial para el ejercicio de cargos públicos durante un año y cuatro meses por un delito continuado de desobediencia grave.

-Mireia Boya, expresidenta del Grupo Parlamentario de la CUP. Tanto el fiscal como la Abogacía del Estado piden 24.000 euros de multa e inhabilitación especial para el ejercicio de cargos públicos durante un año y cuatro meses por un delito continuado de desobediencia grave. 

En la Audiencia Nacional

-Josep Lluis Trapero, exmayor de los Mossos d'Esquadra: 11 años de prisión y 11 de inhabilitación por un delito de rebeión como mando subalterno de ésta.

-César Puig, exsecretario general de Interior de la Generalitat: 11 años de prisión y 11 de inhabilitación por un delito de rebeión como mando subalterno de ésta.

-Pere Soler, exdirector de los Mossos d'Esquadra: 11 años de prisión y 11 de inhabilitación por un delito de rebeión como mando subalterno de ésta.

-Teresa Laplana, intendente de los Mossos: 4 años de prisión, con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el mismo tiempo, y 5 años de inhabilitación especial para empleo público como Mosso d'Esquadra.