Uno de los coches de la Guardia Civil ante la Consejería de Economía el 20-S./
El Gobierno no habla ni una vez de "violencia" o "heridos" en 58 folios de acusación por el 'procés'
- El 20-S y el 1-O solo hubo "disturbios", "incidentes" o "altercados", pero nada de los "actos violentos" que ven los fiscales.
- El asedio a la Consejería de Economía fue una "movilización" que causó "destrozos". Ninguna alusión a las armas de la Guardia Civil que quedaron al albur de la masa.
- El Gobierno usa un artificio para pedir la pena mínima a Junqueras: 12 años, la mitad que la Fiscalía
Donde la Fiscalía observa actos "violentos y agresivos", la Abogacía del Estado sólo aprecia "incidentes" o "disturbios".
Las movilizaciones de sectores independentistas que, para los fiscales, perseguían "obligar al Estado a aceptar la proclamación de Cataluña como una república independiente" eran, según el abogado del Estado, "convocatorias orientadas a favorecer el apoyo social al proceso de independencia".
En lugar del "asedio" a la Consejería de Economía, donde 60.000 personas retuvieron durante 16 horas a la comisión judicial enviada a practicar un registro el 20 de septiembre de 2017, obligando a la letrada de la Administración de Justicia a salir por los tejados, lo que hubo fue una "movilización social" que "impidió a la comisión judicial la realización usual de sus funciones".
En una constante pretensión de ignorar cualquier ápice de violencia en lo ocurrido durante el proceso secesionista catalán, el escrito que el representante procesal del Gobierno formalizó este viernes en el Tribunal Supremo soslaya los hechos que se produjeron tanto el 20-S como durante la propia jornada de la votación independentista, hasta el punto de que ni siquiera menciona la existencia de heridos el 1-O.
De esta forma, mientras que el escrito de acusación de la Fiscalía menciona 21 veces las palabras "violencia" o "violento", la Abogacía del Estado no lo hace ni una sola vez.
La "eventual" independencia
Una comparación de los escritos de calificación provisional presentados por la acusación pública y por la Abogacía del Estado pone manifiesto que, pese a su llamativo paralelismo en la estructura e incluso en el orden de la narración (fiscales y abogados del Estado se intercambiaron borradores hasta el último momento), el Gobierno ha orientado la valoración de los acontecimientos hacia la sedición -un delito que protege la autoridad y el orden público- por la vía de ningunear los actos de violencia y rebajar el propio objetivo del 'procés', que sería la celebración de un referéndum de autodeterminación pese a la prohibición judicial. En este esquema, la finalidad de declarar la independencia se califica de "eventual".
La diferencia entre ambos escritos es notable desde el principio. La Fiscalía, que considera el 'procés' una rebelión (alzamiento violento para dejar sin efecto la Constitución y declarar la independencia de Cataluña), sostiene que los acusados "dirigieron, promovieron y participaron activamente en la ejecución de una estrategia -a la que denominaron 'el procés'- perfectamente planificada, concertada y organizada para fracturar el orden constitucional con el fin de conseguir la independencia de la comunidad autónoma de Cataluña como nuevo Estado con forma de república, segregándola así del Reino de España". Para ello, contemplaron la utilización de "todos los medios, incluida la violencia necesaria para asegurar el resultado criminal pretendido".
El arranque del escrito de la Abogacía del Estado es muy distinto. Lo que los acusados pretendían era "llevar a la práctica un proceso que concluyera con la celebración de un referéndum de autodeterminación y, eventualmente, con la declaración de independencia de la Comunidad Autónoma de Cataluña, sin descartar, para alcanzar dicho objetivo, prescindir de las vías legales, incumplir las leyes o desobedecer los mandatos legítimos de las autoridades administrativas o judiciales, y valiéndose, en caso de ser necesario, de la movilización social", por supuesto no violenta.
Ello lleva a la Abogacía del Estado a omitir hechos relevantes que aparecen en la acusación del Ministerio Público. Es lo que ocurre con el "asedio" (según la Fiscalía) a la Consejería de Economía, en el que la Abogacía del Estado se olvida de las armas que estaban en los coches de la Guardia Civil destrozados y que quedaron al albur de la muchedumbre.
De igual manera, el 1-O hubo "tensión, disturbios y enfrentamientos" (Abogacía del Estado) pero no los "actos de violencia y agresión" que relata la Fiscalía y en el que resultaron lesionados ciudadanos y agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional. Ninguno de esos heridos existe en el escrito de acusación del Gobierno, que ni los menciona.
