Una estrecha -y provisional- mayoría de la Sala de lo Contencioso-Administrativo se ha pronunciado este lunes a favor de confirmar el criterio de la Sección Segunda de que corresponde a las entidades bancarias, y no a los clientes, el pago del impuesto de actos jurídicos documentados de los préstamos hipotecarios.

No es un resultado concluyente ya que hasta las 19,30 horas de este lunes, cuando se ha levantado la sesión, sólo habían intervenido 9 de los 28 magistrados que integran el Pleno de la Sala, convocado para decidir si ratifica o no el criterio de la Sección Segunda. La deliberación continuará este martes. 

Tomás Serrano

El fallo de la Sección Segunda, conocido el pasado 18 de octubre y reiterado en otras dos sentencias dictadas cinco días después, modificó una jurisprudencia mantenida por la Sala durante 20 años en el sentido de que corresponde a los prestatarios el pago del impuesto.

La decisión arrastró importantes caídas de las entidades financieras en la Bolsa. Pero fue aún peor al día siguiente, viernes 19 de octubre, porque el acuerdo del presidente de la Sala, Luis Díez-Picazo, de convocar al Pleno para decidir si "el giro jurisprudencial debe ser o no confirmado" sembró la incertidumbre en el mercado hipotecario; generó inseguridad en la ciudadanía, administraciones tribunales y banca, que no saben a qué atenerse, y deterioró la imagen del Supremo al darse la impresión de que se actuaba al servicio de los intereses de las entidades bancarias.

Durante la deliberación de este lunes ha habido críticas a la convocatoria del Pleno pero Díez-Picazo no ha resultado desautorizado, ya que se ha considerado que la avocación del asunto al Pleno forma parte de sus competencias como presidente de la Sala.

Tampoco ha prosperado la posición del magistrado José Navarro, ponente de uno de los tres recursos avocados, de que correspondía acordar su estimación de conformidad con el fallo de la Sección Segunda y sin hacer ningún otro pronunciamiento. Esta propuesta sólo ha tenido ocho votos a favor. La gran mayoría de la Sala se ha mostrado partidaria de entrar a debatir, con plena jurisdicción, el criterio de la Sección y el alcance de sus efectos.

A ello se ha dedicado el Pleno en la sesión de la tarde, pero sólo han intervenido los dos ponentes -Navarro y Nicolás Maurandi- y siete magistrados. De los nueve, cinco se han mostrado a favor de confirmar el criterio de la Sección Segunda de que los bancos paguen el impuesto y cuatro han sido partidarios de retornar a la jurisprudencia anterior y que sean los prestatarios los que lo abonen.

Después de casi ocho de deliberación el Pleno se ha interrumplido hasta mañana. El debate de este lunes ha puesto en evidencia la fractura interna de la Sección Segunda: algunos de sus integrantes que no participaron en los recursos fallados los días 18 y 23 de octubre han reprochado en duros términos a los autores de esas sentencias su falta de respeto a una jurisprudencia firme y uniforme durante décadas, que a su parecer ha sido modificada por sólo cinco magistrados y sin sólidos argumentos.