La resolución aprobada por el Parlamento de Cataluña el pasado 11 de octubre -en la que reprueba al rey Felipe VI, "reafirma el compromiso con los valores republicanos" y "apuesta" por la abolición de la Monarquía- no es la mera expresión de una opinión ni la proclamación de una aspiración política. Es "la continuación en esta legislatura de la sustitución en Cataluña del régimen constitucional de 1978 por una República catalana", sostiene con contundencia el Gobierno de Pedro Sánchez en la impugnación presentada ante el Tribunal Constitucional, que esta vez no cuenta con el criterio favorable del Consejo de Estado.

El órgano de asesor del Gobierno consideró, en un dictamen emitido el 25 de octubre, que las afirmaciones del Parlament "tienen una naturaleza netamente política y no jurídica, pues no se integran en el ordenamiento ni producen efectos jurídicos de ningún tipo".

La impugnación presentada por el Gobierno contradice frontalmente al Consejo de Estado: la reprobación de Felipe VI y la "reafirmación" del Parlamento catalán en los valores republicanos y en la abolición de la Monarquía "tiene naturaleza jurídica y produce efectos jurídicos, no solo tiene un alcance político", según el escrito, conocido por EL ESPAÑOL.

La impugnación fue registrada en el TC el pasado miércoles. El Gobierno reitera en varios pasajes que no se trata de censurar la libertad de expresión o de actuación política de un Parlamento autonómico. "Si ningún inconveniente suscitaría que esas expresiones fueran adoptadas por los representantes de los diferentes grupos parlamentarios en el uso de su legítima actuación política, no sucede lo mismo cuando se conforma la voluntad de la Cámara con una resolución que expresa una reprobación respeto de una alegada actuación del Rey, para lo que dicha Cámara carece de competencia", señala.

"Un objetivo claro"

Más allá de un problema competencial, la resolución del Parlamento catalán es "la expresión de una acción". Ello se deduce de la utilización de un verbo "en modo alguno inocente": reafirmar. 

"Reafirmar quiere decir continuar con lo hecho previamente", explica el Gobierno, que considera que el uso de esa expresión tiene "un objetivo claro". Tras la reprobación del Rey, ese segundo apartado de la resolución "se inserta en el propósito definido del Parlamento de Cataluña de subvertir el orden constitucional".

"Reafirmar, en el Parlamento de Cataluña, se vincula al conjunto de actos adoptados por esa cámara desde el año 2013 hasta la actualidad en orden a la secesión de manera unilateral de Cataluña de España, con la creación de una República independiente, sin seguir los procedimientos establecidos para ello" en la Constitución.

Esa "reafirmación" y la "apuesta" por abolir la vigente forma de Estado "implica la llamada a una nueva activación por los poderes públicos de Cataluña de un procedimiento, el denominado 'procés', respecto del cual el Tribunal Constitucional ya ha tenido ocasión de pronunciarse, apreciando su inconstitucionalidad", añade.

La finalidad es introducir en el ordenamiento jurídico "con apariencia de validez" un objeto especifico, el proceso dirigido a la creación de un Estado catalán independiente en forma de república, sostiene la impugnación.

Ello es "susceptible de producir efectos jurídicos y no meramente políticos" porque es una manifestación de la voluntad de la Cámara en una función de impulso político y de la acción del Gobierno catalán.

"Los actos que exhortan y orientan la acción gubernamental disponen de una fuerza normativa, entendido este término en sentido amplio, independientemente de los medios existentes para garantizarla", recuerda.