El Tribunal de Cuentas ha condenado al expresidente catalán Artur Mas, la exvicepresidenta Joana Ortega y los exconsejeros Francesc Homs e Irene Rigau a reintegrar al erario público 4,9 millones de euros indebidamente utilizados en la financiación de la consulta soberanista del 9-N, celebrada pese a haber sido suspendida por el Tribunal Constitucional.
El fallo, recurrible ante la Sala de Enjuiciamiento del propio Tribunal de Cuentas, ha sido dictado por la consejera Margarita Mariscal de Gante, que ha estimado las pretensiones del fiscal y de Sociedad Civil Catalana.
[Los denunciantes de Mas piden identificar a los interventores del gasto del 9N]
La sentencia, conocida por EL ESPAÑOL, declara la responsabilidad contable de Artur Mas por el total del importe destinado indebidamente al 9-N, que asciende a 4.946.788,16 euros.
El Tribunal de Cuentas condena a Mas a devolver 5 millones gastados en el 9N
Joana Ortega responderá por importe de 865.674,90 euros por autorizar el destino de fondos públicos a una web institucional de la consulta, a la fabricación del material de la votación, el pago de un seguro para los denominados voluntarios que organizaron la votación y el soporte informático construido. Esta es la partida más relevante, que asciende a 698.685,15 euros.
Francesc Homs responderá por el importe de 1.979.063,28 correspondiente a la campaña de publicidad institucional (ésta la cuantía más elevada en su caso: 806.403,52 euros), el soporte informático, el envío de correos a los ciudadanos y el centro de prensa que montó el Govern.
Irene Rigau deberá reintegrar 2.800.735,13 euros correspondientes a la compra de ordenadores empleados en las mesas de votación.
Condenas a funcionarios
El Tribunal de Cuentas también ha condenado a los cargos funcionariales de la Generalitat Luis Beltrán (por importe de 698.685,15 euros por el soporte informático), Josefina Valls (81.143,15 por el material utilizado en la consulta), Ignasi Genovés y Jordi Vilajoana (806.403,52 euros por la campaña de publicidad), Jaume Domingo (307.962,71 euros por el envío de correos postales) y Teresa Prohias (21.767,90 euros por un contrato menor).
Los demandados que que han sido condenados a reintegrar importes a la Generalitat por el mismo concepto tienen una responsabilidad solidaria, por lo que tendrán que repartir la cuantía fijada entre todos ellos.
El procedimiento contable fue iniciado por una denuncia de Sociedad Civil Catalana, a la que se sumaron el fiscal y el abogado del Estado. La sentencia condena a los demandados a pagar las costas del proceso.
El pasado diciembre, el Tribunal de Cuentas ordenó el embargo de la vivienda de Mas y de otros implicados para hacer frente a parte de la fianza de 5,27 millones de euros impuesta por este procedimiento de responsabilidad contable.
Mas, Ortega y Rigau fueron condenados por desobediencia por el Tribunal Superior de de Cataluña a penas de multa e inhabilitación para cargo público y precisamente ahora la Sala Penal del Supremo tiene pendiente resolver los recursos de casación interpuestos contra esa condena.
En marzo de 2017, el Tribunal Supremo condenó a Homs a un año y un mes de inhabilitación para cargo público por desobedecer al Tribunal Constitucional impulsando la celebración de la consulta soberanista.
Torra: "No os dejaremos solos"
La sentencia ha encendido los ánimos de los dirigentes de la Generalitat. Su presidente, Quim Torra, ha reaccionado con indignación al hecho de que tengan que devolver los casi cinco millones de euros que costó llevarla a cabo.
"El espíritu de venganza del Estado es insaciable. Los condenaron por el 9-N y ahora quieren quitarles el patrimonio. Todo el apoyo el presidente Mas, a Joana Ortega, a Francesc Homs y a Irene Rigau. No os dejaremos solos", ha comentado Torra a través de su perfil de Twitter.