"El proceso al procés va a ser distinto a partir de mañana", se aseguraba este lunes en la plaza de la Villa de París, sede del Tribunal Supremo, tras conocerse el pacto alcanzado entre el Gobierno de Pedro Sánchez y el PP de Pablo Casado para renovar el Consejo General del Poder Judicial.
Manuel Marchena será presidente del CGPJ y del Supremo.
El acuerdo pasa por la elección como presidente del Tribunal Supremo y del órgano de gobierno de los jueces de Manuel Marchena, de 59 años, presidente de la Sala Penal. Marchena, propuesto por el PP, encabezará un CGPJ de mayoría progresista: el PSOE le ha aceptado a cambio de que los populares 'cedan' uno de 'sus' puestos en el reparto de las vocalías del Consejo.
Si inicialmente socialistas y populares se habían autoasignado 10 plazas cada uno en el CGPJ, la presidencia de Marchena le ha costado al PP una silla, que ha acrecentado el 'cupo' del PSOE. En el nuevo Consejo habrá, por tanto, 11 vocales progresistas y nueve conservadores.
Es a los propios vocales a los que corresponde elegir al presidente del Supremo y del CGPJ y, pese a la adulteración de la institución que conlleva el sometimiento a las directrices políticas, lo cierto es que renovación tras renovación resulta designado para la Presidencia el jurista pactado.
En el caso de Marchena, de cuya idoneidad, méritos y prestigio para ser el presidente del Poder Judicial nadie duda, su promoción a la más alta magistratura judicial conllevará una importante alteración de la composición del tribunal que juzgará por rebelión a los exconsejeros catalanes acusados de imponer de forma unilateral la secesión de Cataluña. Y es ahí donde aparecen los recelos respecto a las reales intenciones del Gobierno al 'ceder' la presidencia del Supremo y del CGPJ al PP.
A Marchena le correspondía presidir ese juicio y ser ponente (redactor) de la sentencia. Tras su ascenso se encargará de esas tareas el magistrado progresista Andrés Martinez Arrieta y en el tribunal del procés entrará Susana Polo, también de talante progresista, para completar la formación de siete magistrados.
El giro ideológico de la Sala es innegable y ha llevado a amplios círculos judiciales a considerar que, quitando de en medio a Marchena, el Gobierno socialista ha hecho un "gesto" dirigido a "apaciguar" el conflicto independentista catalán de cara al inminente juicio.
Para el PP se trata de una percepción infundada. "No creemos que vaya a haber un cambio de la Sala Penal respecto al procés. Tampoco creemos que Martínez Arrieta sea un peligroso izquierdista que vaya a cargarse la instrucción de Llarena", aseguran desde el partido de Pablo Casado.
"No hemos cedido en el asunto del procés a cambio de promover a Marchena", añaden las mismas fuentes. En el PP se muestran convencidos de que la Sala Penal "va a continuar en la misma línea jurídica que ha habido hasta ahora".
Defienden también que era "muy importante" situar al frente del Poder Judicial a un magistrado "sólido" que pueda ejercer un papel de "líder" en un momento de serio desprestigio social de la Justicia.