El 13 de febrero de 2012, el Instituto Nacional de Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) dependiente entonces de la Secretaría de Estado de Investigación, firmó un contrato con la empresa Ingenasa; un compromiso por el que este instituto público entregaba a dedo -según un informe de la propia Administración- la exclusiva para la comercialización de una patente de uso veterinario. Lo que no dice el informe es que hasta un mes antes, el 30% de esa empresa estaba participada por Carmen Vela, que en ese momento era la nueva secretaria de Estado de Investigación, responsable directa del organismo, y que guardaba todavía el 10% de las acciones de la compañía por medio de una segunda empresa.
Según ha podido confirmar EL ESPAÑOL, la presunta irregularidad aparece en un informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) sobre la gestión financiera del INIA, el instituto público firmante del acuerdo. No es el único contrato cuestionado. El documento, fechado el 31 de marzo de 2017, hace referencia a otros dos acuerdos de comercialización firmados con la empresa cuando Vela era la máxima responsable del ramo como secretaria de Estado.
A preguntas de este periódico, la bioquímica y empresaria ha mantenido que todos los procedimientos se realizaron dentro de la legalidad, que ella no decidía sobre la concesión de esos contratos ya que el instituto tenía una autonomía de gobierno que hacía recaer esa decisión sobre su director, que nunca tuvo conocimiento de este informe y que todos los contratos tuvieron el visto bueno de la Abogacía del Estado, algo que confirman los expedientes administrativos consultados también por este diario.
Una de las páginas del informe elaborado por la Intervención General del la Administración en 2017.
Sin concurrencia pública
El informe de los auditores del propio ministerio explica que en el contrato firmado en 2012, prácticamente un mes después de que Vela tomara posesión del cargo, incumple a su juicio la Ley 2/2011 de 4 de marzo de Competitividad Sostenible, que marca que la "la transmisión a terceros de derechos sobre los resultados de la actividad investigadora de los organismos públicos" debe tener un procedimiento de "concurrencia competitiva". Algo que en este caso y según el documento, no ocurrió.
El documento la IGAE se refiere a un contrato por el que la empresa se comprometía a pagar el 5% de las ventas en exclusiva de una patente desarrollada con dinero público. Según las mismas fuentes, el instituto dependiente de la Secretaría de Estado de Investigación ha recibido por este contrato de manos de Ingenasa 237 euros en 2015 y 276 euros en 2016. Una cifra prácticamente nula.
El 19 de abril de 2013, el INIA firmó un nuevo contrato de comercialización con Ingenasa para otra de sus patentes. Otro contrato que se entregó a la empresa de forma discrecional por "adjudicación directa". Tampoco salió a concurso ni hubo publicidad. En este caso, la empresa tenía una opción preferente sobre el contrato al haber participado, según la documentación oficial, en el estudio que sirvió para desarrollar la patente. Nadie más tuvo opción al contrato, ya que había un acuerdo previo.
Sin embargo, la rentabilidad oficial del acuerdo fue nula. Nada. Ni un solo euro. Algo que también ha llamado la atención de los auditores. "En el caso de este contrato tampoco se ha recibido ingreso alguno por la explotación comercial de los productos desarrollados y fabricados por Ingenasa, ni consta que hayan realizado actuaciones que se prevén en la cláusula tercera del contrato para comprobar los datos de comercialización", explica el documento.
El tercer contrato que aparece en el informe fue firmado en enero de 2015 y al igual que los anteriores, se centra en la exclusiva de comercialización de una patente con fines veterinarios. En este caso, era un fármaco para la detección del virus de la peste en los pequeños rumiantes. "La adjudicación a Ingenasa, según el contrato, se produjo al ser la única que manifestó interés tras la difusión realizada en la página web del INIA, de acuerdo con el artículo 55.4 de la Ley 2/2011 de Economía Sostenible". En resumen: la institución pública sí que cumplió con la supuesta publicidad en este contrato, pero solo Ingenasa se interesó por el producto. De nuevo, la institución pública no ha recibido un solo euro por la explotación comercial del producto.
Fuentes de la empresa explican que este tipo de contratos sin resultados comerciales son relativamente frecuentes en el sector, al tratarse de patentes que en algunos casos, tras la investigación y el desarrollo comercial por parte de las empresas privadas, son de difícil implantación en el mercado.
Las mismas fuentes explican que al tratarse de enfermedades de alta capacidad infecciosa, la normativa exige que estas investigaciones sean desarrolladas en laboratorios con una seguridad especial y controladas por instituciones públicas, para validar los resultados y evitar fraudes.
Por ello, es común que las investigaciones desarrolladas por empresas privadas tengan lugar en las instalaciones de institutos públicos como el INIA, que reciben además inyecciones de fondos de la Unión Europea para sus investigaciones. En esos casos y por esa colaboración firmada con anterioridad, las sociedades de biotecnología se reservan el derecho de tanteo sobre las patentes descubiertas por la institución pública que vayan a ser comercializadas.
Acciones en manos de sus padres
A preguntas de este diario, Carmen Vela ha explicado que desconocía siquiera que a la empresa de la que era responsable hasta su entrada en política le hubieran concedido esos contratos, ya que las concesiones dependían directamente del director del INIA, un subalterno, pero no de ella. Además, los expedientes reflejan que, pese a las objeciones planteadas en 2017 por los auditores públicos, la Abogacía del Estado dio el visto bueno a las adjudicaciones en todos los casos. Algo que acreditan los expedientes administrativos
Hasta su llegada a la política en enero de 2012, Vela era tenedora del 30% de las acciones de la empresa por medio de otra sociedad. Desde 2015, la normativa sobre conflicto de intereses obliga a cualquier ministro, secretario de Estado o alto cargo de la Administración a tener como máximo el 10% de las acciones de una sociedad si esta tiene intereses directos en su cartera. El resto de las participaciones deben ser vendidas a "un tercero independiente", es decir, a alguien que no tenga relación con el político.
Pero en el caso de Vela, el asunto era distinto. Con su entrada en política en 2012, la normativa que afectaba a la entonces secretaria de Estado de Investigación era muy anterior. Del 2009 para ser exactos. Por eso ella en lugar de vender sus acciones a alguien sin relación directa, se quedó con el 10% y puso en resto en manos de sus padres. Algo que, según explica las exresponsable de Investigación, se hizo previa consulta y con el visto bueno de la Abogacía del Estado.
Una venta millonaria
En aquellas fechas, la estructura empresarial de Ingenasa descansaba sobre un accionista de control con forma de sociedad limitada. Sobre el papel, el grueso de las acciones (84%) estaban a nombre de una sociedad limitada llamada Eka Investment, Zoetis Manufacturing tenía el 5,3% y la Mercantil Biotori SL tenía el 10% restante. Las cuentas de la empresa en los años anteriores reflejan que Vela tenía el 29,8% de las participaciones de esta segunda sociedad, que controlaba directamente la firma de biotecnología.
Según desveló Eldiario.es , Vela vendió sus participaciones de la empresa (ya las de sus padres) a un grupo francés en febrero de este año. Por la compra, el fondo de inversión hizo crecer el patrimonio declarado de la entonces secretaria de Estado hasta los 2,1 millones de euros. Diez veces más de lo declarado anteriormente.
Cuando la noticia se hizo pública el pasado mes de octubre, Vela explicó que la operación se había realizado con el visto bueno de la Oficina de Conflicto de Intereses, la entidad que regula este tipo de operaciones vinculadas a altos cargos de la administración y que todo se adecuaba por completo a la legalidad.