La Sección de Derecho Penal de la Comisión General de Codificación, a la que el Gobierno del PP encargó el pasado abril el estudio de una reforma de los delitos contra la libertad sexual a raíz de la polémica sentencia de La Manada, no ha podido finalizar su tarea este jueves, como estaba previsto, y tendrá un plazo mayor para proponer una nueva tipificación de esos delitos.

La ministra de Justicia, Dolores Delgado, que en junio confirmó el encargo realizado a la comisión por su antecesor, Rafael Catalá, ha acordado ampliar los trabajos del grupo de expertos hasta el 31 de diciembre. En una reunión celebrada este jueves, los penalistas han hecho numerosas puntualizaciones a un borrador presentado por el presidente, Esteban Mestre.

La comisión se ha manifestado mayoritariamente en contra de que se suprima la diferencia conceptual entre la "agresión sexual" y el "abuso sexual", una idea basada en la tesis de que sería agresión todo acto sexual que no sea fruto de un consentimiento claro. Es el famoso "sólo sí es sí" con el que amplios sectores de la sociedad se manifestaron en contra de la sentencia que condenó a los miembros de La Manada por abusos sexuales y no por agresión sexual (violación).

La propuesta

Sobre la base de ese eje, en el texto presentado a debate se proponía un tipo básico único que castiga con prisión al que "realizare actos de carácter sexual con otra persona, sin su consentimiento, o le hiciere realizarlos sobre sí mismo o con un tercero, será castigado, como responsable de agresión sexual". 

La mayoría de los expertos consideran erróneo equiparar la ausencia de consentimiento (el actual abuso sexual) y la agresión (que requiere violencia o intimidación) ya que se trata de conductas de muy distinta gravedad. Así se pronunciaron prestigiosos penalistas como Enrique Gimbernat, Jose Luis González Cussac o Gonzalo Quintero (este último no asistió a la reunión, pero hizo llegar un escrito, según fuentes de la comisión).

La comisión se mostró partidaria de mantener la tradicional y vigente distinción entre las acciones contra la libertad sexual que se cometen con violencia o intimidación (la violación) y las que se perpetran sin consentimiento de la víctima, aunque también coinciden en que esas últimas no deben ser denominadas "abusos", como en la actualidad.

La burundanga

El término 'abuso' devalúa, a juicio de la comisión, la gravedad del delito y, por ello, los expertos tratarán de encontrar otro término que, sin ser 'agresión sexual', refleje el atentado a la indemnidad sexual que se produce cuando se obliga a alguien a mantener una relación sexual no consentida.

Los penalistas también se manifestaron partidarios de tipificar con claridad las situaciones en las que no hay consentimiento de la víctima por estar bajo los efectos de sustancias tóxicas que afectan a su voluntad como las drogas (la burundanga) o el alcohol.

Estos casos son cada vez más frecuentes y los expertos creen que hay que tipificarlos de manera específica, asignándoles una penalidad cercana a la agresión sexual.

¿Penas más altas?

El borrador propuesto por Mestre planteaba un incremento de las penas que, en algunos supuestos, podían llegar hasta los 18 años de cárcel. Sería el caso de la agresión sexual con acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal realizada sobre víctimas especialmente vulnerables por su edad, enfermedad, discapacidad o situación, o cuando el agresor se haya prevalido de una relación de superioridad o parentesco, o cuando haga uso de armas u otros medios peligrosos.

Para los miembros de la comisión, 18 años de cárcel -que elevaría en tres años el actual límite máximo del castigo por violación, 15 años- es una penalidad excesiva por desproporcionada.

En sentido contrario, también rechazaron la posibilidad, contemplada en el borrador, de que las conductas más leves contra la libertad sexual puedan ser castigadas con una simple multa. 

A la reunión asistieron 19 de los 26 miembros de la Sección de Derecho Penal de la Comisión de Codificación, que fue ampliada con motivo del estudio de la reforma de los delitos sexuales para la incorporación de juristas mujeres, ausentes hasta ahora en ese grupo de expertos.