La Fiscalía ha pedido a la jueza que investiga los escándalos de los másteres, Carmen Rodríguez-Medel, que archive las diligencias abiertas a la exministra de Sanidad, Carmen Montón, que dimitió el pasado 12 de septiembre tras hacerse públicas supuestas irregularidades en la obtención de un título de postgrado que cursó en la Universidad Rey Juan Carlos.
El ocaso de Montón comenzó cuando eldiario.es publicó que había logrado un máster en estudios interdisciplinares de género en el curso 2010-2011 sin asistir a clase y gracias a convalidaciones que ella no habría pedido. El mismo medio añadió después que "las notas fueron manipuladas". La ministra dimitió finalmente a la vista de una noticia de La Sexta sobre el plagio de su trabajo de fin de máster, que se negó a entregar a la Prensa.
"He sido transparente y honesta. No he cometido ninguna irregularidad", insistía Montón el día de su marcha, asegurando que se iba "con la conciencia tranquila" y para no perjudicar al Ejecutivo de Sánchez. Su dimisión fue la segunda en apenas tres meses de gobierno, tras la de Máxim Huerta, y libró de seguir el mismo camino a la cuestionada ministra de Justicia, Dolores Delgado, por su relación con el comisario José Manuel Villarejo, en prisión por corrupción.
Tras un mes de investigación, el fiscal ha pedido a la jueza instructura que archive las diligencias abiertas contra Montón por presuntos delitos de cohecho impropio y prevaricación.
[La jueza investiga a Carmen Montón por presunto cohecho impropio y prevaricación]
En su informe, el Ministerio Público señala que la propia exministra aportó una serie de correos electrónicos "que ponen de manifiesto que la misma se preocupó por conocer cuál era el contenido de las distintas asignaturas cursadas, así como un interés por superar las asignaturas". Los correos también ponen de manifiesto que el Instituto de Derecho Público de la URJC "distinguía entre aquellos alumnos que acudían a clase, y aquellos otros que por el motivo que fuere, cursaron el master sin acudir a las sesiones que se impartían".
"No hay indicio alguno de inexistencia de actividad académica ni de un concierto previo entre la alumna y Laura Nuño, directora del máster, como tampoco hay pruebas que permitan sostener que las notas que fueron modificadas a posteriori, lo fueron en virtud de ese acuerdo previo, o por orden de la investigada", señala el fiscal.
Añade que "el cambio de notas así como las convalidaciones son procedimientos que no dependen del alumno, por lo que su resultado no se les puede achacar". "Los alumnos no son los garantes de la legalidad administrativa ni les corresponde velar por la regularidad del procedimiento para la obtención del máster", insiste.
"Aun considerando a efectos dialécticos que hubiera trato de favor", señala el fiscal, los hechos atribuidos a Montón constituirían un presunto delito de cohecho impropio "que en cualquier caso, estaría prescrito".
El denunciado plagio del trabajo de fin de máster, que se basaría en la existencia de 19 páginas con párrafos enteros de varios autores a los que Montón no citó en la bibliografía, "carece de relevancia penal", ya que no tiene "entidad ni hay ánimo de lucro". El supuesto delito contra la propiedad intelectual estaría también prescrito, "todo ello sin perjuicio del derecho a la tutela civil que le corresponda al autor original y de la responsabilidad administrativa en la que pudiere incurrir la alumna y el profesorado que calificó y aprobó el referido trabajo".
El fiscal de Madrid ha seguido respecto a la irrelevancia penal del máster los mismos argumentos que expresó el Tribunal Supremo respecto al presidente del PP, Pablo Casado. Tras la decisión de la Sala Penal, la jueza instructora archivó el caso respecto a todos los investigados por prevaricación y cohecho impropio. La causa sólo continúa por una presunta falsedad documental en relación con el acta del trabajo de fin de máster de la expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes.