Kautar Alouat, una madre de dos menores de 7 y 9 años, lucha contrarreloj para evitar ser expulsada de la vivienda que ocupa en Tres Cantos (Madrid) al no tener medios económicos para dar otra solución a su familia.
El pasado 13 de noviembre vivió probablemente el peor momento de su vida, con todas sus pertenencias guardadas en cajas y esperando la llegada de las fuerzas de seguridad para que la obligaran a salir de allí "adoptando las medidas que sean necesarias" como se podía leer en la diligencia de ordenación judicial del alzamiento.
Sin embargo, el titular del juzgado de instrucción número 5 de Colmenar Viejo que lleva su caso ha decidido aplazar un mes la decisión mientras la mujer busca una solución. Aquél día, contó con el apoyo de vecinos de Tres Cantos, los servicios sociales de la localidad y miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) que se plantaron con ella dentro de la vivienda negándose a salir de ella.
Marroquí y residente en España, Kautar lleva meses ocupando la casa vacía del Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA) porque no tiene medios económicos para pagar ni un alquiler. Previamente, vivió junto a sus dos hijos Aya, de 9 años, y Adam, de 7, en una habitación alquilada. Pero no podía más y se trasladó a esta vivienda.
Solicitó ayuda a la PAH y los servicios jurídicos de la Plataforma dirigieron distintos escritos con su caso al Comité de Derechos Humanos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas (CESCR), que ha reconocido su derecho a una vivienda digna.
De hecho, el Comité, a través de un grupo de trabajo, ha solicitado al Estado tomar medidas para "evitar posibles daños irreparables a usted y a sus hijos (...) incluyendo la suspensión del desahucio de la vivienda" según se puede leer en el documento remitido a la mujer.
Resolución Comité de Derechos Humanos.
Resolución vinculante
Precisamente la Plataforma de Afectados por la Hipoteca reivindica que el documento de apoyo remitido por la Comisión de Derechos Humanos sea vinculante para el juzgado que lleva el caso y se paralice el desahucio hasta que se encuentre una solución de vivienda para Kautar y sus hijos.
La mujer ha justificado su falta absoluta de ingresos. Dejó de recibir el paro hace años y tampoco cobra ya la Renta Mínima de Inserción que cobraba hace meses. Su expareja tampoco le proporciona ninguna manutención para sus hijos, por lo que no tiene ni un solo ingreso.
Kautar también cuenta con informes del Servicio de Salud y de los Servicios Sociales que justifican que ha sufrido trastornos psicológicos como consecuencia de malos tratos recibidos en 2011 por parte de su expareja y que fueron denunciados en el Observatorio Regional de la Violencia de Género del Ayuntamiento de Tres Cantos donde tuvo que ser atendida.
Los malos tratos del padre de los niños hacia ella se prolongaron durante años, generando en Kautar una situación de "depresión, estrés y ansiedad", como desvelan los mencionados informes.
"En 2011 el padre se desentendió de sus hihos, tanto afectiva como económicamente, lo que agravó nuestra situación económica y mi situación psicológica", se puede leer en el escrito que Kautar dirigió al juzgado de instrucción número 5 de Colmenar Viejo para explicar su situación.
El desahucio de la mujer y sus hijos está próximo a ejecutarse, de ahí que siga reclamando a la Comunidad de Madrid una solución a su caso extremo.