Nuevo incidente procesal en la causa sobre la secesión unilateral de Cataluña. Pese a que nueve de los encausados se encuentran desde hace meses en prisión preventiva y a que la Sala viene recordando que tienen derecho a un juicio sin dilaciones, las defensas han paralizado el procedimiento ampliando a todo del tribunal la recusación promovida la semana pasada contra su presidente, Manuel Marchena.
El presidente del tribunal del 'procés' y ponente de la sentencia ha sido recusado tras la publicación por EL ESPAÑOL de un mensaje que el portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, envió por Whatsapp a los senadores del partido en relación a la renovación del Consejo General del Poder Judicial, al acuerdo para que lo presidiera Marchena y al control "desde detrás" de la Sala Penal del Supremo.
La Fiscalía ha pedido este lunes el rechazo de plano de la recusación de Marchena, que, a su juicio, presenta tal falta de fundamento que ni siquiera merece ser admitida a trámite. Tras mencionar el escrito hecho público por el magistrado descartándose para presidir el CGPJ, el Ministerio Público afirma que "no cabe un gesto de mayor desvinculación con las afinidades políticas" que se le atribuyen que la renuncia "al más alto honor en la carrera profesional", "en salvaguardia no de una independencia real, incuestionable y públicamente incuestionada, sino de su mera apariencia".
Ahora, a la recusación de Marchena se suma la de los otros seis miembros del tribunal: Andrés Martínez Arrieta, Juan Ramón Berdugo, Luciano Varela, Antonio del Moral, Andrés Palomo y Ana Ferrer.
La defensa de Jordi Cuixart, presidente de Òmnium Cultural, ha esgrimido como fundamento de la recusación la reciente sentencia dictada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos a favor del dirigente de ETA-Batasuna Arnaldo Otegi.
El pasado 6 de noviembre el TEDH dio la razón a Otegi sobre la falta de imparcialidad objetiva de la magistrada que presidió el tribunal que le juzgó por el caso Bateragune, Ángela Murillo. Pero además, en uno de los fundamentos de la resolución, la Corte de Estrasburgo se refirió a la existencia de una "duda razonable" de la imparcialidad el resto del tribunal.
"La alegación del Gobierno relativa a que la presidenta del tribunal no era ponente [en el caso Bateragune] no es decisivo para decidir sobre la cuestión de imparcialidad objetiva" de los otros dos jueces, indicó el TEDH. "En efecto", explicó, "debido al secreto de las deliberaciones, no es posible saber cuál fue la influencia real de la presidenta del Tribunal en esa ocasión. En consecuencia, la imparcialidad de esa formación de la Sección podía ser susceptible de una duda razonable".
Cuatro recusaciones anteriores
Mientras el instructor del incidente, Francisco Monterde, decide sobre la admisión de las recusaciones la causa del 'procés' estará, por tanto, en un impasse. Lo más probable es que se admitan a trámite, lo que requerirá la petición de informes de los siete magistrados concernidos y el envío a la Sala del 61 para que decida. Son pasos que no pueden ser acortados ni soslayados, con independencia de cuál sea el fundamento de la recusación y de sus posibibilidades de éxito.
Las defensas del 'procés' ya han recurrido a ese mecanismo de paralización de la causa en anteriores ocasiones. Recusaron al instructor, Pablo Llarena; a Francisco Monterde, que fue miembro de la Sala de Recursos; al tribunal de enjuiciamiento cuando estaba constituido por cinco magistrados (luego se incorporaron dos más, también recusados ahora) y al instructor de esa primera recusación, Vicente Magro. Ninguno de esos incidentes prosperó, pero ralentizó la causa.