La Sala Tercera del Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso interpuesto por la familia de Francisco Franco contra el acuerdo del Consejo de Ministros del pasado 8 de noviembre por el que continuó el procedimiento administrativo para exhumar los restos del exjefe del Estado, que reposan en la basílica del Valle de los Caídos.
La Sala, con ponencia de la magistrada Celsa Pico, también ha acordado abrir una pieza separada para resolver sobre la suspensión del acuerdo, reclamada por los familiares de Franco. De ser estimada, la medida cautelar paralizará la exhumación hasta que se dicte sentencia sobre el fondo del recurso.
El debate sobre la suspensión cautelar será la primera prueba de fuego para el Gobierno de Sánchez, que el pasado 24 de agosto aprobó un decreto-ley de modificación de la Ley de Memoria Histórica con la finalidad específica de exhumar a Franco y sacarlo del Valle de los Caídos. La norma estable que sólo podrán yacer en el Valle de los Caídos los restos mortales de personas que fallecieron a causa de la Guerra Civil.
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El 8 de noviembre, el Gobierno acordó continuar el procedimiento de exhumación y adoptar varias medidas tendentes a su ejecución. Una de ellas fue remitir al Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial el proyecto necesario para llevar a cabo el desenterramiento con el fin de que se tramite de conformidad con lo previsto en la Ley del Suelo y Rehabilitación urbana.
Otra de las medidas acordadas fue solicitar a la Dirección General de Salud pública de la Comunidad de Madrid, competente en materia de sanidad mortuoria, un informe no vinculante sobre el proyecto de exhumación.
El Gobierno, finalmente, ordenó a la ministra de Justicia, Dolores Delgado, que promueva las actuaciones oportunas para el acceso a la basílica del Valle de los Caídos para efectuar la exhumación.
Bajo la dirección del letrado Luis Felipe Utrera-Molina, los nietos de Franco han interpuesto un recurso contencioso-administrativo ordinario en el que sostienen que el acuerdo del Gobierno de 8 de noviembre es susceptible de impugnación al amparo del artículo 25 de la ley de la jurisdicción. Este precepto establece que los actos de la Administración que sean de trámite son recurribles si "deciden directa o indirectamente el fondo del asunto (...), producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos".
El recurso se refiere a las "irregularidades ya producidas en el marco del procedimiento de exhumación que, debiendo tener carácter colectivo respecto de todos aquellos inhumados en el Valle de los Caídos que no hubieran fallecido a consecuencia de la Guerra Civil, tan solo se ha incoado respecto de los restos mortales de Francisco Franco", explica Utrera-Molina.
Ello pone en evidencia "la existencia de una disposición de caso único que afecta al derecho a la intimidad personal y familiar de los recurrentes reconocido en el artículo 18 de la Constitución Española y en el artículo 8 de la Convención Europea de Derechos Humanos, toda vez que los recurrentes han manifestado de forma unánime su frontal oposición a la exhumación de los restos de su abuelo", añade el letrado.
"La familia Franco", señala la defensa, "solicita el amparo de los tribunales de justicia ante los reiterados anuncios por parte de miembros del Gobierno de una inminente exhumación sin que ni siquiera se haya tramitado en su totalidad el procedimiento administrativo establecido por el real decreto-ley [aprobado el 24 de agosto], de los que son buena muestra las declaraciones de la vicepresidenta, Carmen Calvo", en el sentido de que "la exhumación se llevaría a cabo antes de que finalizase el presente año".
El pasado 7 de noviembre, sin embargo, el presidente del Gobierno admitió un retraso en sus planes. Pedro Sánchez afirmó que "se va a producir la exhumación. En 2019, por fin después de 41 años, no va a haber ningún mausoleo en nuestro país que homenajee en nuestro país al dictador Franco". La fecha, que Sánchez dejó abierta, depende ahora de los tribunales.
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