La Sala del 61 del Tribunal Supremo, presidida por Carlos Lesmes, ha acordado este miércoles desestimar las recusaciones promovidas por los implicados en la causa del 'procés' contra el presidente de la Sala Penal, Manuel Marchena, y contra los otros seis magistrados encargados de juzgar los hechos relacionados con la secesión unilateral de Cataluña.

La Sala del 61 está integrada, demás del presidente del Supremo, por 15 magistrados pertenecientes a las cinco Salas del alto tribunal, incluidos sus presidentes. Todos ellos han concluido, por unanimidad, que carecen de fundamento las recusaciones interpuestas, basadasen un supuesto interés directo o indirecto de los jueces del 'procés' en el resultado de la causa.

Las recusaciones, formalizadas el pasado 20 de noviembre por el exvicepresidente Oriol Junqueras; los exconsejeros Jordi Turull, Josep Rull y Raül Romeva; por el expresidente de Asamblea Nacional Catalana, Jordi Sànchez, y por el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, han logrado paralizar la causa sólo dos semanas.

Las recusaciones utilizaban el 'whatsapp' en el que el senador del PP Ignacio Cosidó se jactaba del pacto alcanzado para la renovación del Consejo General del Poder Judicial entre su partido y el Gobierno socialista, que incluía la designación como presidente del Tribunal Supremo de Manuel Marchena. Este magistrado, sin embargo, renunció a cualquier posible candidatura para el cargo y tumbó el acuerdo político alcanzado.

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A partir de ahora, la Sala del 'procés', presidida por Marchena e integrada por Andrés Martínez Arrieta, Juan Ramón Berdugo, Luciano Varela, Antonio del Moral, Andrés Palomo y Ana Ferrer, recupera su jurisdicción para continuar adelante con la causa judicial, que irá a juicio a principios del año que viene.

Entre las decisiones inminentes se encuentra una nueva petición de libertad de los acusados que se han puesto en huelga de hambre en la cárcel de Lledoners y el señalamiento de la vista en la que se debatirán las cuestiones previas al juicio presentadas por las defensas.

En esa vista se cuestionará la jurisdicción del Supremo para conocer de este proceso, ya que los defensores consideran que el órgano judicial competente es el Tribunal Superior de Cataluña.