Día 3 de octubre de 2017. 12:00 horas. Dos mossos d'esquadra llegan corriendo al hotel Gaudí de Reus (Tarragona) y piden a los empleados que bloqueen las puertas de cristal de la entrada, pues unos 3.000 independentistas se aproximan en manifestación contra los 102 policías nacionales que allí se alojan, parte del dispositivo de seguridad que llegó a Cataluña con ocasión del referéndum ilegal del 1 de octubre.
Un mosso advierte al mando superior de la Policía Nacional para que, "en caso de que la masa pretenda entrar, estén preparados, pues su operativo es ineficaz e incapaz de garantizar su seguridad ante el gran número de personas concentradas".
Ese mando superior, temiendo por la integridad de sus agentes, les ordenó replegarse en la primera planta del hotel, para evitar ser vistos por los manifestantes, así como estar preparados con cascos y defensas por si tenían que actuar frente a un ataque de la multitud. La concentración, frente a las puertas del Hotel Gaudí, duró entre 40-50 minutos, en los que los agentes se mantuvieron atrincherados en la primera planta. Finalmente, los manifestantes continuaron su marcha hacia otras calles de la población.
Los minutos más críticos
"Había más de 2.000 personas y el dispositivo de los Mossos era insuficiente para evitar que se pudieran producir actos violentos (...) el mosso estaba preocupado y nos dijo que fuéramos a las habitaciones a coger cascos por si teníamos que defendernos ante la entrada masiva (...) dieron golpes en las cristaleras durante 40 minutos". "Los insultos eran continuos todos los días, pasaban en coche y te insultaban, pitaban...el día 3 de octubre me quedé en la primera planta del hotel por órdenes de mi superior ante la amenaza de una invasión de los manifestantes. Me sentí acosado y hostigado".
Así describieron los efectivos de la Policía Nacional destinados en Reus (Tarragona) el momento más crítico de su estancia en dicha ciudad por el hostigamiento de los grupos y asociaciones independentistas hacia ellos. Los policías formaban parte del despliegue de las Fuerzas de Seguridad en Cataluña antes y después del referéndum ilegal del 1 de octubre y finalmente fueron expulsados del hotel Gaudí donde se alojaban por la presión social.
En la plaza consistorial, y cuando la concentración estaba en su momento culmen, el alcalde Carles Pellicer Punyed y cuatro concejales del ayuntamiento, Montserrat Vilella Cuadrada, Noemí Llaurado Sans, Jordi Cervera Martínez y Mariona Assumpció Cuadrada Monteverde, leyeron el manifiesto que ponía en la picota a los policías desplegados en la ciudad. Instaban a los hoteleros a echarles.
La numerosa concentración, después de escuchar la arenga, se dirigió al hotel gritando consignas como "¡Asesinos, fuera las fuerzas de ocupación, fuera de aquí, iros a vuestro país!".
Procesa al equipo de gobierno
La titular del juzgado de instrucción número dos de Reus, Cristina Giralt Padilla, ha instruido el caso de este asedio a los policías que ahora está a punto de llegar a juicio. La instructora ve motivos para sentar en el banquillo por un presunto delito de incitación al odio a 18 personas, entre ellas al alcalde de la ciudad y a cuatro concejales de los grupos PDCAT-Ciu, ERC, Ara Reus y CUP, por instigar a los ciudadanos a ir contra los agentes por "ser policía española".
La jueza expone en su auto de transformación que éstos últimos redactaron, firmaron y leyeron en la plaza del pueblo, ante la multitud, un manifiesto donde instaban a los dueños de los establecimientos hoteleros a "hacer lo que resulte oportuno y necesario para que de manera inmediata (los policías) dejen de alojarse en sus establecimientos y, por tanto, abandonen nuestra ciudad".
Según la instructora, dicho documento incitó a la acción a los manifestantes y excede el derecho a la libertad de expresión, conteniendo una intimidación e incitación al odio y discriminación concreta que, además, se enfoca contra el colectivo de agentes de la Policía Nacional no por el hecho de ser policías, sino por ser "policía española".
En un contundente auto, la jueza se apoya en la sentencia de la Audiencia Nacional de Altsasua, que contempló el agravante de odio contra guardias civiles por el hecho de serlo.
Tanto los mossos que se encontraban en el hotel, como los trabajadores del establecimiento constataron en sus declaraciones como testigos que los hechos ocurrieron efectivamente así. Los agentes, por su parte, relataron el ambiente de desprecio y hostilidad que vivieron, siendo expulsados incluso de un gimnasio de la ciudad porque "otros clientes dijeron que no irían si los policías estaban allí y las madres de los alumnos de kárate temían que se desataran situaciones de violencia", según explicó uno de los trabajadores del gimnasio.
La jueza no ha procesado ni a los trabajadores de este centro deportivo ni tampoco a un grupo de bomberos catalanes que, con su uniforme oficial, se manifestaron a las puertas del hotel contra los policías. Aunque les reprocha que su actuación es "reprobable" cree que está dentro de su libertad de expresión.