Información sensible sobre las más altas esferas del Estado, operaciones policiales secretas contra Bárcenas -el hombre que hizo tambalear al Partido Popular- e impulsadas desde el propio Gobierno de Rajoy y varios terabytes de grabaciones conseguidas a traición y que podrían tumbar a empresarios, políticos e incluso jueces.
El caso Villarejo es una complicada madeja (tanto como la frenética actividad del comisario investigado) que no tiene precedente en la justicia española. La magnitud y oscuridad de esta causa pilló por sorpresa a Diego de Egea, un experimentado instructor en la jurisdicción madrileña que llegó como refuerzo al Juzgado Central de Instrucción número 6 para apoyar la investigación de los casos de corrupción Lezo y Púnica, con Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid y Francisco Granados, exconsejero de Transportes de Esperanza Aguirre, como principales investigados.
Fue él quien solicitó la comisión de servicio, pero desde la detención y entrada en prisión de Villarejo en noviembre de 2017, su día a día se complicó. Los desencuentros con la Fiscalía sobre cómo llevar la investigación han sido constantes.
De Egea ha llegado a ser el juez de la Audiencia Nacional más impugnado por Anticorrupción por la vía de los recursos. La Fiscalía no le ha pasado ni una porque no está de acuerdo con su forma de llevar el caso: cree que la investigación está siendo cercenada de forma precipitada e indebida. Por su parte, el juez ha reprochado a los fiscales que realizan "proyecciones especulativas".
Ése es el gran desacuerdo de fondo. Pero la superficie también es relevante y el caso tándem ha estado plagado de filtraciones, muchas de ellas falsas, como la que implicaba a la exfiscal y actual ministra de Justicia, Dolores Delgado, en una presunta reunión con Villarejo en la que éste habría buscado su apoyo para frustrar la extradición del empresario Ángel Pérez-Maura a Guatemala. La pieza que se denominó 'Pit'.
De Egea se ha convertido en sospechoso de ser autor de algunas de esas filtraciones, lo que el juez niega categóricamente. Pero la sombra de la duda persiste y ha enrarecido la relación entre los investigadores.
"Yo no tengo ninguna necesidad de estar aquí", se ha oído decir estos días a De Egea, en referencia a sus grescas con los fiscales Ignacio Strampa y Miguel Serrano, que tienen tras de sí el respaldo pleno del fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón.
El desencuentro se ha extremado ante la posibilidad de que De Egea ponga en libertad a Villarejo con una "pulsera telemática", una medida a la que los fiscales se oponen rotundamente.
La detención de 'El Gordo'
Una de las situaciones de mayor tensión entre los fiscales del caso y el juez se dio este verano. Justo el mismo día que EL ESPAÑOL publicó el contenido de las 'cintas de Corinna' -el audio de un encuentro mantenido en Londres entre Villarejo, Corinna Larsen, amiga íntima del rey emérito, y el empresario Juan Villalonga, en el que ésta afirmó que Juan Carlos quiso utilizarla como testaferro de sus negocios irregulares-, fueron detenidos dos altos mandos policiales íntimos de Villarejo: Enrique García Castaño, 'El Gordo' y Antonio Bonilla en una operación de Asuntos Internos de la Policía y liderada por la Fiscalía.
El juez, que no ordenó dichas detenciones, ignoró la petición de los fiscales de prisión incondicional para García Castaño y a las 48 horas lo dejó en libertad con leves medidas cautelares. No sólo eso: pese a sus intensas conexiones con Vilarejo, el instructor formó una pieza separada para 'el Gordo'.
Más tarde, De Egea dejó en libertad sin medidas cautelares a Juan Muñoz, marido de la presentadora Ana Rosa Quintana, investigado en la pieza 'Pintor'. Una decisión que, por supuesto, la Fiscalía recurrió. La Sala de lo Penal le dio la razón e impuso comparecencias quincenales al investigado por presunta extorsión.
Peso político
Además de los enfrentamientos con la Fiscalía, la relevancia política del caso y, por tanto, su interés mediático, tampoco ha ayudado a la tranquilidad del juez.
La causa tiene como principal investigado a Villarejo, pero el trasfondo son las maniobras realizadas por las denominadas 'cloacas del Estado' en favor de los sucesivos inquilinos del Ministerio del Interior.
No es casualidad que el partido político Podemos sea la acusación en el caso e Izquierda Unida haya solicitado también personarse, aunque el juez aún no ha decidido.
La instrucción que comenzó únicamente contra el excomisario se ha dividido en tantas piezas como presuntas tramas delictivas van descubriendo los investigadores cuando escrutan la documentación y, sobre todo, los miles de gigas de grabaciones encontradas en los registros de su domicilio.
De ahí han surgido 'Carol' pieza ya archivada que implicaba a Juan Carlos I y su íntima amiga Corinna, o 'Kitchen', que pone el foco en una operación que el Ministerio de Interior de Fernández Díaz habría encargado a Villarejo para que éste y un reducido operativo policial se hiciera con documentación sobre la financiación irregular del PP en manos de Luis Bárcenas, extesorero de dicho partido, mientras éste estaba en prisión.
De momento sólo se conoce el iceberg del caso, pero por los primeros audios que salen a la luz del sumario, la figura de Villarejo recuerda a la del poderoso director del FBI John Edgar Hoover, que se mantuvo 37 años al frente del servicio secreto convirtiendo la información confidencial a la que tenía acceso en una vía de negocio, o más bien de chantaje, contra sus adversarios.
El Centro Nacional de Inteligencia se ocupará de descifrar el soporte digital encriptado encontrado en su domicilio, "la clave de bóveda" de la investigación según la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.