Denuncian a Puigdemont ante el Tribunal de Cuentas para que devuelva 1,9 millones por el 1-O

Sociedad Civil Catalana y Abogados Catalanes por la Constitución, las dos asociaciones que llevaron al expresidente catalán Artur Mas y su equipo ante el Tribunal de Cuentas, han presentado ahora una denuncia ante el máximo órgano fiscalizador del Estado contra Carles Puigdemont y miembros de su Gobierno por los gastos de la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre, que cifran en 1,9 millones de euros.

Concretamente, la denuncia de las dos asociaciones se dirige contra el expresidente catalán Carles Puigdemont y los 12 consejeros de su Gobierno: Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Dolors Bassa, Meritxell Borrás, Carles Mundó, Santi Vila, Antonio Comín, Clara Ponsatí, Lluis Puig y Meritxell Serret, con la intención de que devuelvan de su bolsillo el mencionado gasto público. 

En el mencionado escrito exponen que "los denunciados destinaron fondos públicos de la Generalitat que estaban a su cargo por un importe no inferior a 1.971.601,20 euros a financiar el referéndum de secesión abiertamente ilegal que se celebró el 1 de octubre de 2017, y que ellos mismos habían convocado por decisión colegiada y solidaria mediante decreto del Govern 139/2017, de 6 de septiembre de 2017. Además, con su actuación ocasionaron, como más adelante se expondrá, un perjuicio directo a los fondos públicos estatales no inferior a 87.103.355,05 euros". Con este último gasto se refieren a los fondos públicos que se invirtieron en el despliegue de fuerzas policiales que se desplegaron en Cataluña para evitar el citado referéndum.

En la denuncia se detallan los gastos destinados al uso de locales públicos que se pusieron a disposición de la votación; las campañas institucionales de publicidad y de cartelería en el exterior; los gastos en papeletas y cartelería así como los fondos de gasto en el extranjero y por medio de las delegaciones catalanas en el extranjero. 

Embargo de cuentas

Los denunciantes consideran que todos los miembros del Gobierno catalán tuvieron una "intervención decisiva en los gastos que generaron el daño a los fondos públicos". Por eso, instan al órgano a practicar las diligencias previstas en el artículo 47 de la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas. 

Una de las diligencias previstas en dicha ley es la petición de que los denunciantes depositen "el importe provisional de alcance más el cálculo de los intereses" provisional hasta que haya una resolución bajo apercibimiento de embargo.

Se trata del mismo procedimiento que se siguió contra Artur Mas y sus exconsejeros por los gastos del 9-N y por el que le embargaron cantidades millonarias hasta que el Tribunal de Cuentas le obligó a pagar 4,9 millones de fondos públicos destinados a aquella consulta.