El Rey preside este martes la entrega de despachos a la 68 promoción de jueces en Madrid, una decisión criticada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) después de que en los últimos 20 años este acto se hubiera celebrado en Barcelona, donde esta la sede de la Escuela Judicial.
Desde el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), se ha justificado esta decisión para celebrar que se cumplen 25 años de la aprobación de la ley que regula la formación de los magistrados y coincidiendo con el 40 aniversario de la Constitución, que creó el órgano de gobierno de los jueces, con sede en Madrid.
El acto de entrega de despachos, que preside el Rey y la cúpula del poder judicial, ha tenido lugar en Barcelona desde 1987 al ser la ciudad donde está situada la Escuela Judicial en la que se forman los jueces de España.
"La sala de gobierno no puede hacer otra cosa que, en nombre de los jueces y magistrados que ejercemos en Cataluña, transmitir respetuosamente al Consejo nuestra profunda decepción por esa decisión", manifestaron los jueces del TSJC.
En la resolución, el TSJC se mostró confiado en que ésta "sea una decisión transitoria y que en el futuro se den las condiciones para que el tradicional acto de entrega de despachos presidido por su majestad el Rey se pueda volver a celebrar en esta ciudad".
El año pasado, por primera vez desde su historia, el acto de entrega de despachos a los nuevos jueces contó únicamente como autoridades a miembros de la cúpula judicial, sin cargos del ejecutivo o el legislativo, para resaltar el carácter independiente de la justicia española.
Se da la circunstancia de que Cataluña es la comunidad autónoma a las que irán destinados más miembros de la promoción con 16 nuevos jueces, los mismos que irán a Andalucía.
Las mujeres representan el 63,4% de los nuevos jueces, una cifra ligeramente inferior a la de la anterior promoción que fue del 70,8%, pero que eleva aun más la presencia de mujeres en la carrera judicial, que son ya más de la mitad de los más de 5.377 jueces españoles en activo.
Una vez más, el orden penal es el preferido por el 39,5% y por detrás se sitúa el orden civil, por el que se inclinan el 21,6%.