La Fiscalía ha informado a favor de que se investigue una querella presentada por la asociación Hablamos Español contra el consejero de Interior catalán, Miquel Buch, diputados de Junts per Catalunya, el fundador de Terra Lliure, Frederic Bentanachs, y tres miembros de los Mossos d'Esquadra.
La asociación presentó la querella en septiembre de 2018, después de tener que desistir de celebrar una manifestación que habían convocado en Barcelona, y para la que tenían permiso, porque miembros de los Comites en Defensa de la República (CDR) ocuparon el espacio donde éstos iban a celebrar la concentración contra la imposición lingüística.
La asociación presidida por Gloria Lago denunció ante el juzgado de instrucción número 34 de Barcelona que "a pesar de que el domingo 16 de septiembre la manifestación bajo el lema Contra la imposición lingüística y el adoctrinamiento: Libertad, contaba con todos los permisos, un cordón de los Mossos cortó el paso a los manifestantes y bloqueó la Vía Layetana y las calles adyacentes, impidiendo así que la manifestación llegara a la Plaza de San Jaime y que pudiera leerse el manifiesto, mientras que, por el contrario, se consintió que esta fuera ocupada por grupos independentistas en la llamada Acampada per la Llibertat, quienes, además, utilizaron el escenario alquilado por la Asociación Hablamos Español para gritar sus propias soflamas y que se acercaron a la zona donde los Mossos habían cortado el paso a los manifestantes, para increpar e insultar desde el otro lado del cordón policial a los defensores de la Libertad de Elección de Lengua".
Manifestación de Hablamos Español en el centro de Barcelona.
Los presuntos delitos
El Ministerio Público ha presentado un informe al juzgado en el que considera que en relato de hechos de Hablamos Español podrían ser constitutivos de delito y de ahí que se muestre a favor de que sean investigados.
La asociación se querelló contra los diputados de Junts Per Catalunya Aurora Madaula y Francesc de Dalmases, así como Frederic Bentanachs, fundador de Terra LIiure por los presuntos delitos de desórdenes públicos, delito de odio, constitución de grupo criminal a través de la denominada Acampada per la Llibertat, perturbación grave del desarrollo de una reunión o manifestación legalmente convocada, reunión ilícita y coacciones en su modalidad de impedir el ejercicio de un derecho fundamental.
Respecto al consejero Miquel Buch y el director general de Administración de Seguridad de Interior, Jordi Jardi, consideran que pudo incurrir en los delitos de prevaricación o, en su caso, omisión del deber.
En este mismo delito consideran que pudieron incurrir los agentes de los Mossos, uno de ellos el sargento responsable del dispositivo policial situado entre la Vía Laietana y la Plaza del Ángel de Barcelona.