La Audiencia Nacional ha archivado las querellas de Vox y la Asociación Movimiento24DOS contra la juez belga Anne Dessy que citó a declarar al instructor del procés, Pablo Llarena, tras presentar Puigdemont y los consejeros fugados una demanda contra él.
Las dos querellas se dirigían también contra el expresident Carles Puigdemont, su abogado Gonzalo Boye y los exconsellers Meritxell Serret, Toni Comín, Clara Ponsatí y Lluis Puig por presuntos delitos de rebelión y sedición, contra la paz y la independencia del Estado, prevaricación judicial y usurpación de funciones.
La jueza María Tardón ha archivado las dos querellas al descartar la competencia de la jurisdicción española para entrar a examinar la actuación de la juez belga. Considera, de hecho, que la juez Dessy tampoco debería haber entrado nunca a valorar las decisiones del juez Llarena.
Falsedad en la traducción
Sin embargo, la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 sí ve posibles delitos de falsedad documental o falso testimonio en la actuación de Puigdemont, su abogado y los consejeros fugados.
La defensa de Puigdemont admite que la demanda a Llarena contiene un "error" de traducción
En la demanda presentada contra el juez Llarena en Bélgica por parte de los querellados, se adjuntaba una traducción del español al francés en la que se tergiversaron unas palabras pronunciadas por el magistrado del Supremo en un acto público del 22 de febrero de 2017.
En dicha comparecencia, Llarena dijo: "Un delito político son aquellos comportamientos que normalmente no estarían sancionados por el ordenamiento jurídico-penal y que sin embargo, por una consideración política, estos comportamientos son perseguidos. No es el caso que estamos llevando ahora en el Tribunal Supremo, se trata de comportamientos que aparecen recogidos en nuestro Código Penal que, con independencia de cuál haya podido ser la motivación que les haya llevado a las personas a cometerlos, si es que eso ha sido así, pues tienen que ser investigados".
Pero en la demanda presentada ante el tribunal belga en francés, una frase clave apareció alterada: en lugar de "si es que ha sido así" (en condicional) figura "oui c'est ce qui s'est produit" que significa "sí, eso es lo que sucedió", cambiando completamente el sentido de las palabras del juez de la que se podía inferir una imparcialidad por su parte respecto del proceso.
El texto de la demanda en español (arriba) y francés (abajo).
La jueza Tardón considera que esas frases mal traducidas sí podrían encajar en la falsedad porque evidencian "que existe una clara alteración de la traducción y que con ello se tergiversa el sentido de las declaraciones del magistrado D. Pablo Llarena".
Aunque la Audiencia Nacional sí sería competente para abordar dicho delito de falsedad, sólo podría hacerlo con una querella del propio afectado (Llarena) o del Ministerio fiscal. El fiscal rechazó la existencia de dolo directo porque la traducción fue rectificada antes de que la jueza belga citara a Llarena.