El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha acordado llamar a declarar como investigado al jefe de la sección de informática judicial del Consejo General del Poder Judicial, Juan Carlos Garcés Pérez, al existir indicios de que pudo facilitar información al excomisario José Villarejo, en prisión desde el 5 de noviembre de 2017 por la presunta comisión de numerosos delitos de corrupción.
En una resolución conocida por EL ESPAÑOL, García-Castellón ha ampliado las imputaciones en la pieza del caso Tándem conocida con el nombre de Land, en la que se investiga a Susana García Cereceda y Francisco Peñalver, promotores de la urbanización de lujo La Finca, en Madrid, y a David Fernández, su responsable de seguridad. Según la investigación, Susana García Cereceda contrató a Villarejo para espiar a su hermana Yolanda y obtener información respecto a otros herederos de la fortuna del padre de ambas, Luis García Cereceda.
A petición de la Fiscalía Anticorrupción, el instructor ha imputado al comisario Enrique García Castaño, alias El Gordo, socio de Villarejo en los espionajes ilegales que se investigan en el caso Tándem.
La resolución judicial cita el hallazgo de hojas de encargo para que García Castaño ayudara a obtener datos de carácter personal de las personas sometidas a seguimiento en la pieza Land. Los investigadores intervinieron en el domicilio de Villarejo conversaciones grabadas por éste en las que hablaba con García Castaño del encargo de García Cereceda.
El instructor atribuye a García Castaño los presuntos delitos de cohecho y relevación de secretos, los mismos que menciona respecto a Juan Carlos Garcés, cuya inclusión en el procedimiento penal ha causado estupor en el Consejo General del Poder Judicial.
Fuentes del órgano de gobierno de los jueces señalaron que Garcés está al frente de la sección de informática desde 2006 y tiene acceso -directo y sin anonimizar- a todos los datos personales de los jueces y a todas las incidencias en sus carreras profesionales.
Su nombramiento se renueve año y año por el pleno del CGPJ. Sería este órgano, por tanto, el único competente para, en su caso, cesarle.
Miembro del Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Administración General del Estado, con anterioridad Garcés trabajó en el Ministerio de Justicia. En octubre de 1999 fue nombrado subdirector general de informática en ese Ministerio, por lo que pudo conocer los datos personales de todos los funcionarios al servicio de la Administración de Justicia. Garcés fue cesado en ese cargo, que pasó a denominarse subdirector general de nuevas tecnologías, en octubre de 2002.
La resolución de García-Castellón, que no fija una fecha para la declaración como investigado, otorga esta condición a Garcés y a otras tres personas más: Juan José Díez, inspector jefe ya jubilado; Juana Navas Mendiola e Isabel González Cabezas. El juez afirma, respecto a los cuatro, la existencia de "claros indicios de que habrían facilitado datos reservados de las víctimas identificadas" del espionaje encargado a Villarejo respecto a la herencia de García Cereceda.
El instructor ha citado para el próximo día 21 a las siete víctimas del presunto espionaje con el fin de ofrecerles la posibilidad de que ejerzan acciones. Se trata de Yolanda García Cereceda y su exmarido, Jaime Ostos; la viuda de Luis García Cereceda, Silvia Gómnez Cuétara; el arquitecto Joaquín Torres; Antonio Garzón, Marta Fernández y la magistrada Mónica Gómez Ferrer. Esta última investigó y archivó una denuncia por supuestos abusos sexuales a una hija de Yolanda García Cereceda.
El CGPJ toma medidas
El secretario general del CGPJ, Joaquín Vives de la Cortada, ha decidido este viernes apartar provisionalmente a Juan Carlos Garcés de las funciones que desempeña en relación con el Punto Neutro Judicial, en tanto se esclarece su situación procesal, ha informado la propia institución.
Además, el secretario general ha acordado abrir unas diligencias informativas y ha pedido al director del Centro de Documentación Judicial un informe sobre el funcionamiento, actuaciones, sistemática de trabajo, número de accesos, control y seguridad de los accesos al Punto Neutro Judicial.
El Punto Neutro Judicial es una plataforma telemática que permite a los órganos judiciales acceder a bases de datos del propio Consejo, de organismos de la Administración General del Estado y de otras instituciones. Desde el PNJ se pueden pedir datos del catastro, de Hacienda, de la Dirección General de Tráfico, Instituciones Penitenciarias o del Registro Mercantil, entre otros. Garcés ha sido apartado de sus funciones en relación al PNJ al considerarse que es donde están los datos más sensibles a los que tiene acceso.