El vicealmirante Alfonso Carlos Gómez Fernández de Córdoba libra desde hace tres meses una batalla bien distinta a la que mantuvo contra los piratas somalíes a los que capturó en los albores de la operación Atalanta y nada parecida al mando del buque escuela Juan Sebastián Elcano. Desde que el pasado 23 de octubre el Tribunal Supremo fallara a su favor ordenando al Ministerio de Defensa la suspensión cautelar de su pase a la reserva, el militar, que también fue preceptor de la Casa Militar del Rey, ha sido objeto de "dos nombramientos absolutamente irrelevantes, sin funciones de mando o dirección" y con los que "se persigue poner punto final a su carrera".

Así lo afirma la defensa del vicealmirante en los escritos en los que ha denunciado a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo que el Ministerio que dirige Margarita Robles está "burlando" la resolución que ordenaba la reincorporación de Gómez Fernández de Córdoba al servicio activo, un auto judicial "aparentemente acatado pero formalmente incumplido", sostiene.

El desencuentro

El origen del contencioso se remonta al 3 de agosto pasado, cuando Gómez Fernández de Córdoba fue destituido como subdirector de Reclutamiento y Orientación Laboral después de expresar su disconformidad con la readmisión de dos candidatas que habían sido excluidas de las pruebas de ingreso en el Cuerpo Militar de Sanidad, especialidad de psicología, por llevar tatuajes visibles, lo que la normativa prohíbe.

En contra del criterio de Gómez Fernández de Córdoba, el Ministerio de Defensa estimó los recursos interpuestos por las dos afectadas y ordenó repetir las pruebas, una decisión que movilizó a los siete opositores que habían culminado con éxito el proceso selectivo. De los siete, seis eran mujeres y una de ellas, que también tenía un tatuaje, lo eliminó (primero con láser y luego incluso con cirugía) para cumplir con las bases de la convocatoria.

La repetición de las pruebas no se llevó a cabo porque, acogiendo una petición de los siete opositores que superaron la selección, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid acordó paralizar los nuevos exámenes.

Pero el vicealmirante no sólo fue cesado del cargo discrecional que ostentaba sino que 28 días después se acordó su pase a la reserva cuando le quedaban cuatro años de servicio activo y tenía la expectativa de poder ascender a almirante.

La jubilación anticipada de Gómez Fernández de Córdoba está paralizada por decisión del Tribunal Supremo mientras se resuelve al recurso interpuesto por el abogado del marino, Santiago Milans del Bosch. En contra de las pretensiones del Ministerio de Defensa (condenado en costas en la pieza de medidas cautelares), la Sala de lo Contencioso-Administrativo valoró que el recurso perdería su finalidad si el pase a la reserva no era suspendido porque algunos de los efectos jurídicos anudados a la situación de reserva "quedarían consolidados". Por ejemplo, desde la reserva no se puede ascender.

Nombramientos

Trascurrido más de un mes de la decisión del Supremo sin que le fuera asignado un destino, el vicealmirante se dirigió al Ministerio reclamándolo. El 4 de diciembre Margarita Robles le nombró, en comisión de servicio, "alto representante" del Ministerio para los actos de conmemoración del V centenario de la expedición de la primera vuelta al mundo de Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano.

La defensa promovió de inmediato un incidente de ejecución del auto de 23 de octubre. Alegó que el destino que se debía asignar a Gómez Fernández de Córdoba "en cumplimiento de la resolución jurisdiccional, ha de ser necesariamente uno propio de vicealmirante en activo y no otro creado ad hoc de carácter representativo para, burlando al tribunal, con apariencia de lo contrario, desconectarle de la vida militar y de la posibilidad de ocupar un puesto de plantilla dentro de la estructura de la Armada".

"El puesto de 'alto comisionado' no existía hasta ayer y ha sido creado precisamente para truncar su trayectoria militar, que es esencialmente lo que el auto de 23 de octubre de 2018 acordó impedir", argumentó el defensor. "Desde el Ministerio de Defensa, en pura función de 'blanqueo', se magnifica con un adjetivo superlativo ('alto') un puesto sin funciones ejecutivas, de carácter representativo e irrelevante". El escrito al Supremo subrayaba que la normativa que ampara la creación de la comisión ministerial encargada de la efemérides no hace ninguna referencia a tal 'alto comisionado'.

El pasado 19 de diciembre, el Ministerio de Defensa comunicó al Supremo una segunda orden de la ministra -de ese mismo día- en la que se asigna al vicealmirante un puesto de asesor del secretario general técnico.

La defensa de Gómez Fernández de Córdoba puso de relieve, en un nuevo escrito a la Sala, que el Ministerio "ha desempolvado un destino irrelevante que llevaba más de doce años sin ocupar", que "nada tiene que ver" con las funciones que establece la Ley de la Carrera Militar para los oficiales generales (ejercer "la acción de mando en la estructura orgánica y operativa de las Fuerzas Armadas y la alta dirección y gestión de sus recursos humanos, materiales y financieros") y que sólo ha sido ocupado anteriormente por otro mando: en 2006 por un general de Tierra en la reserva, antes de pasar al retiro. En el organigrama de Defensa ese puesto aparece como "voluntario", lo que no es el caso del vicealmirante.

"Es claro", sostiene la defensa, "que este desempolvamiento se hace para tener a mi representado con un destino irrelevante, como quería la ministra, y así privarle de optar a ocupar el primer destino de la categoría de vicealmirante que se va a generar en breve y casualmente en la Armada [este 23 de enero queda vacante el destino de almirante de Acción Marítima], truncando su natural carrera profesional a la que estaba llamado antes de que se acordara el pase a la reserva, suspendido por el TS".

Desde la resolución judicial que suspendió el pase a la reserva, Gómez Fernández de Córdona "ha acumulado ya dos nombramientos absolutamente irrelevantes, alejado de la organización a la que pertenece y sin funciones de mando o dirección, sino simplemente -y en el mejor de los casos- de representación y asesoramiento, en contra de la Ley de la Carrera Militar", añadía el defensor.

Reacción del tribunal

El pasado día 16, la Sala dictó una providencia con una argumentación preocupante para Defensa. "No cabe descartar aún que la Administración esté dando un cumplimiento sólo aparente al auto de 23 de octubre de 2018", señalan los magistrados, que "ordenan" al Ministerio que, con carácter de "urgencia" (dada la inminencia de la vacante que se va a producir en la Armada), informe al tribunal sobre el puesto de asesor del secretario general técnico asignado a Gómez Fernández de Córdoba.

Entre otros aspectos, el Supremo está interesado en saber si se trata de un puesto voluntario, desde cuándo está vacante, si se corresponde con las funciones que la ley encomienda a los oficiales generales, si la primera vacante de un destino de oficial general en la Armada se producirá el 23 de enero y "si el jefe del Estado Mayor de la Armada elevó -o se le indicó que no elevara- a la ministra de Defensa la propuesta" a favor del recurrente para cubrir esa plaza, como afirma el defensor.

El Ministerio no ha contestado, pese a la urgencia que indicaba el Supremo. En vez de responder, ha recurrido la providencia en la que el alto tribunal acuerda librar el requerimiento de información.