Puigdemont, lastre para los presos: su "estructura de poder" lleva al Supremo a ver riesgo de fuga

Nueve de los 12 acusados por el 'procés' soberanista catalán, aquellos sobre los que pesan las acusaciones más graves, llegarán al banquillo en situación de prisión preventiva. La Sala Penal del Tribunal Supremo ha rechazado de nuevo ponerles en libertad (la última vez que lo hizo fue el 9 de enero y la anterior, el 14 de diciembre) ya que sigue apreciando riesgo de reiteración delictiva y peligro de fuga.

Estos temores son "ciertos y concretos", afirma la Sala en una resolución conocida este lunes en la que recuerda, coincidiendo con el criterio del fiscal, "la insistencia en seguir adelante con el proceso de independencia socavando la legalidad constitucional y al margen de las vías legales».

Junto a ello, los magistrados dan importancia al "hecho notorio" de que fuera de España existen "estructuras de poder organizadas, puestas al servicio de aquellos procesados que han tomado la determinación de sustraerse al llamamiento de esta Sala", en alusión al expresidente catalán Carles Puigdemont y varios de sus exconsejeros, prófugos en Bélgica y Escocia.

De hecho, añade en referencia entre otros a Quim Torra y Roger Torrent, "algunas autoridades y miembros actuales del Gobierno y el Parlamento de Cataluña se han desplazado para mantener reuniones con las personas integrantes de tales estructuras, algunas de ellas también procesadas en esta causa y declaradas en rebeldía".

La huida de Puigdemont y el montaje que le arropa en Bélgica está perjudicando a los acusados que permanecen en prisión en España. La Sala interpreta que esa realidad intensifica "claramente" el riesgo de fuga si fueran puestos en libertad ya que esa "infraestructura en el extranjero" con presencia de procesados ya huidos de la Justicia "podría facilitar la fuga de los procesados".

Menciona, a este respecto, la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso Demirtas contra Turquía ("señalada por la defensa de Sánchez, Turull y Rull como modelo de inspiración para la legitimidad democrática de una medida cautelar") que incluye "los contactos internacionales" entre los factores a tener en cuenta por el juez para evaluar el riesgo de fuga de las personas privadas preventivamente de libertad antes del juicio.

Para la Sala, la "fuerza" con la que concurren el riesgo de reiteración delictiva y el peligro de fuga de los acusados hace que otras medidas cautelares menos gravosas, como el control telemático o las comparecencias en el Juzgado, sean "insuficientes". "La proximidad de la frontera y las facilidades de tránsito entre países de la Unión Europea revela la más que limitada capacidad de reacción de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad ante un intento de huida por parte de los procesados, riesgo que estas medidas menos gravosas no podrían conjurar", explica.