La defensa de los exconsejeros Jordi Turull y Josep Rull y de Jordi Sànchez, expresidente de Asamblea Nacional Catalana, ha denunciado este lunes en un escrito dirigido al Tribunal Supremo la "vulneración de los derechos fundamentales [de los encausados] a la dignidad y ausencia de tratos degradantes en los traslados policiales y a la presunción de inocencia".
El defensor Jordi Pina se refiere, de un lado, al vídeo grabado por uno de los guardias civiles que el pasado viernes intervino en el traslado de los presos del 'procés' desde Cataluña a la cárcel de Soto del Real (Madrid) y, de otro, a unas declaraciones a la BBC de la secretaria de Estado de la España Global. Irene Lozano afirmó que el juicio que comenzará el próximo día 12 será un reto para el sistema judicial español porque “el hecho de que haya líderes políticos que hayan cometido delitos penales que estén siendo juzgados no es algo que ocurra habitualmente”.
La defensa pide a la Sala que, "para evitar futuras vulneraciones" de los derechos invocados, sustituya la prisión incondicional de los procesados por otras medidas que garanticen que no sea necesario el traslado diario desde las cárceles hasta la sede del Tribunal Supremo, "evitándose nuevas humillaciones".
Vídeo filtrado por un guardia civil sobre el traslado de presos
El escrito califica de "actuación abiertamente irregular" la grabación de la conducción del viernes ya que "es evidente que los agentes de policía no pueden captar imágenes –y menos con fines de burla y humillación- de aquellas actuaciones en las que intervienen, ni en general realizar comportamientos de vejación para cualquier ciudadano".
Menciona también las condiciones en las que los acusados fueron trasladados en el vehículo policial, "encerrados en compartimentos muy reducidos", algo "más de reclusos de alta peligrosidad que no de pacíficos parlamentarios que siempre han comparecido a los llamamientos judiciales".
"No es la primera vez", afirma, que los políticos catalanes encausados son objeto de "tratamientos humillantes en el contexto de conducciones policiales". Recuerda, a este respecto, que cuando fueron encarcelados por decisión de la Audiencia Nacional en noviembre de 2017 "fueron trasladados esposados en el interior de los furgones policiales sin disponer de cinturones de seguridad, recibiendo por ello diversos golpes a lo largo del trayecto".
"Ante la hipótesis fundada de que la Sala no se encuentre en condiciones de garantizar plenamente el respeto a la dignidad de los acusados por parte de los cuerpos policiales, y teniendo en cuenta los varios meses de juicio que se esperan con conducciones diarias por carretera, se interesa que se proceda de inmediato acordar que los procesados sean sometidos a medidas cautelares menos gravosas que no menoscaben un ápice la dignidad que se merecen y que les eviten ser sometidos diariamente a futuras burlas policiales como las descritas", reclama.
En cuanto a Lozano, la defensa solicita que el tribunal "requiera por escrito y con los correspondientes apercibimientos a los responsables públicos de la campaña mediática España Global y en particular a Irene Lozano de que se abstengan en el futuro de vulnerar en sus declaraciones la presunción de inocencia" de los encausados.