Las palabras del fiscal de la Audiencia Nacional, Pedro Rubira, sobre la procedencia de que dicho tribunal juzgue a la cúpula de los Mossos y no lo haga la Justicia catalana han desatado una crisis con el Tribunal Superior de Justicia de dicha región.
El representante del Ministerio Fiscal ha puesto en duda que el caso pudiera juzgarse con "serenidad e imparcialidad" en Cataluña dado el "crimen de crispación social" que allí existe. Para hacer esa reflexión, se ha referido a la primera querella presentada contra los miembros del procés, lanzando la siguiente pregunta retórica: "¿Puede haber imparcialidad, serenidad, si se manda la sedición y rebelión (la causa) a Cataluña?".
Unas palabras que los miembros del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña han entendido como un cuestionamiento "sin ambajes de la imparcialidad de los jueces y juezas que desempeñan su función en Catalunya para asumir la competencia respecto a determinadas causas que se siguen por presuntos delitos de rebelión y sedición" y un "ataque muy grave y sin justificación alguna al Poder Judicial en su conjunto y, con ello, al propio sistema constitucional".
En un duro escrito hecho público tras la reunión de la Sala de Gobierno sin la presencia de su presidente, le han afeado, directamente, que "ceda a la demagogia, a la banalidad o a la ofensa para la defensa de los intereses públicos que representa".
A pesar de haber rectificado
Después de que los medios de comunicación publicaran las palabras del fiscal Rubira durante la vista del artículo de previo pronunciamiento en la que César Puig y Pere Soler hayan cuestionado la competencia de la Audiencia Nacional para juzgarles, la Fiscalía ha emitido una nota de prensa en la que aclaraba el contexto de la afirmación de su representante.
Según el Ministerio Público, Rubira se remitía con dicho comentario al contenido de la primera querella presentada contra los miembros del procés y hacía referencia al "ambiente de crispación que existía en la sociedad catalana generado en torno a la celebración del llamado referéndum del 1-O". También defendían que con esas palabras "en ningún caso dudaban de la profesionalidad de los magistrados que ejercen su labor en Cataluña".
Sin embargo, la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, tras abordar dichas afirmaciones en una reunión, las han considerado "una gravísima irresponsabilidad de quien debe proteger el ejercicio independiente e imparcial de la jurisdicción".
Asimismo, han insistido en que los "jueces y juezas que ejercemos en Catalunya ahora y siempre actuaremos en cumplimiento de nuestros deberes constitucionales, entre los cuales la imparcialidad ocupa un lugar muy destacado".