Manuel Marchena. Cumplirá 60 años el próximo marzo, en pleno juicio. Presidente de la Sala Penal desde 2007, preside y será ponente de la sentencia sobre del juicio más importante celebrado en el alto tribunal en las últimas décadas. Es juez del Supremo desde 2007 procedente de la Fiscalía, en la que ingresó por oposición en 1985. Doctor en Derecho, se le reconoce un alto nivel técnico y una argumentación brillante e incisiva. Aunque se le atribuye una ideología conservadora, el fiscal general Eligio Hernández, designado por el Gobierno del PSOE, lo nombró fiscal de la Secretaría Técnica. El pasado 20 de noviembre renunció a ser candidato a presidir el Tribunal Supremo, para lo que le había propuesto el PP. No pertenece a ninguna asociación judicial.

    Andrés Martínez Arrieta. Nacido en 1955, fue el magistrado más joven en acceder al Tribunal Supremo, con sólo 43 años de edad. Hoy es el más antigüedad tiene en la Sala Penal. En el Supremo ejerce también como juez suplente para el control del CNI. Con 25 años fue vocal del Consejo General del Poder Judicial en representación de los jueces de primera instancia e instrucción y fue uno de los fundadores de la asociación Francisco de Vitoria. Como instructor investigó la desaparición de Santiago Corella, el Nani, unas diligencias que llevaron a la cárcel a relevantes miembros del Cuerpo Nacional de Policía y de las que el Supremo dijo que fueron realizadas "de manera tan meticulosa y objetiva que han de merecer elogios".

    Juan Ramón Berdugo. Tiene 64 años y desde 2004 es magistrado de la Sala Penal, a la que se incorporó procedente de la Audiencia Provincial de Córdoba. En ese destino dictó sentencias pioneras, como la que condenó a un hombre por violación dentro del matrimonio. En el Supremo, donde destaca por la exhaustiva argumentación de sus sentencias, muy técnicas y precisas, ha sido ponente de la resolución que confirmó el fallo absolutorio del Jurado en el caso de los trajes del expresidente de la Comunidad Valenciana Francisco Camps o de la sentencia del caso Wanninkhof. Es miembro de la Asociación Profesional de la Magistratura.

    Luciano Varela. Juez del Tribunal Supremo desde hace 11 años, tiene prevista su jubilación el próximo mayo después de 43 años de servicio público desde una posición de indeclinable y rabiosa independencia. Es el magistrado más progresista de la Sala Penal y un cualificado experto en Derecho Procesal. Fue redactor de la Ley del Jurado, defendiendo mayores competencias para esta institución que las que el Gobierno socialista le atribuyó. Ajeno a posiciones corporativas, ha sido ponente de la condena al exjuez Fernando Presencia por archivar una querella contra un amigo suyo e instruyó la causa contra el exjuez Baltasar Garzón por los crímenes del franquismo. Fue fundador de Jueces para la Democracia.

    Antonio del Moral. Con 59 años, desde 2012 es magistrado de la Sala Penal, a la que accedió como jurista de reconocida competencia procedente de la Fiscalía del Tribunal Supremo. Fiscal por oposición desde 1983 y doctor en Derecho, su formación jurídica es apabullante y sus sentencias destacan por su carácter didáctico y explicativo con un lenguaje próximo e inteligible. Fue ponente de la sentencia que condenó en firme a Iñaki Urdangarín, cuñado del rey Felipe, y de la que rebajó la condena a inhabilitación al expresidente catalán Artur Mas por el 9-N. Formó parte de la comisión de expertos para la reforma procesal penal. Es miembro de la Asociación Profesional de la Magistratura.

    Andrés Palomo. En los cuatro años que lleva en la Sala Penal se ha labrado un prestigio de magistrado riguroso y competente, al que se recurre especialmente cuando se plantean cuestiones de Derecho comunitario y cooperación jurídica internacional, en las que es experto. Fue instructor de la causa contra Francesc Homs por el 9-N y ha sido ponente de la primera sentencia del Supremo sobre la pena de prisión permanente revisable, revocando la condena dictada en el caso. Nacido en 1954, ingresó en la carrera judicial por oposición en 1981 y ha sido presidente de la Audiencia de Segovia, cargo que ejerció durante cuatro mandatos. No está asociado.

    Ana Ferrer. Fue la primera mujer en acceder a la Sala Penal del Supremo, en 2014. Ingresó en la carrera judicial con 25 años y, estando destinada en el Juzgado de Instrucción número 16 de Madrid, le tocó investigar el 'caso Roldán', lo que hizo estando embarazada de uno de sus hijos. Fue también la primera mujer que presidió la Audiencia Provincial de Madrid, la más extensa de España, cargo para el que fue elegida en 2008. Es vocal permanente de la Comisión General de Codificación, en la que ha trabajado en la reforma de los delitos sexuales. Es miembro de Jueces y Juezas para la Democracia.

    Consuelo Madrigal. Fue la primera mujer en dirigir la Fiscalía General del Estado, entre 2015 y 2016. De ella partió la orden de interponer la primera querella contra Carme Forcadell por no acatar las resoluciones del Tribunal Constitucional. Ingresó en la carrera fiscal en 1980 con el numero 3 de su promoción y fue ascendida a fiscal de Sala en 2008, encargándose de la jurisdicción de menores.

    Javier Zaragoza. Fiscal desde 1982, fue fiscal jefe antidroga y fiscal jefe de la Audiencia Nacional. Desde este cargo, que desempeñó durante 11 años, inició una investigación por actos de sedición en relación con el 9-N, lo que le valió que la CUP pidiera su reprobación en el Parlamento catalán. Es un experto en la lucha contra el terrorismo, con excelentes contactos internacionales y con las fuerzas policiales, incluidos los Mossos d'Esquadra.

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    Manuel Marchena, magistrado del Tribunal Supremo.

    Cumplirá 60 años el próximo marzo, en pleno juicio. Presidente de la Sala Penal desde 2007, preside y será ponente del juicio más importante celebrado en el alto tribunal en las últimas décadas. Es juez del Supremo desde 2007 procedente de la Fiscalía, en la que ingresó por oposición en 1985. Doctor en Derecho, se le reconoce un alto nivel técnico y una argumentación brillante e incisiva. Aunque se le encorseta en una ideología conservadora, el fiscal general Eligio Hernández, designado por el Gobierno del PSOE, lo nombró fiscal de la Secretaría Técnica. El pasado 20 de noviembre renunció a ser candidato a presidir el Tribunal Supremo, para lo que le había propuesto el PP. No pertenece a ninguna asociación judicial.

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    Andrés Martínez Arrieta, magistrado del Tribunal Supremo.

    Nacido en 1955, fue el magistrado más joven en acceder al Tribunal Supremo, con sólo 43 años de edad. Hoy es el más antigüedad tiene en la Sala Penal. En el Supremo ejerce también como juez suplente para el control del CNI. Con 25 años fue vocal del Consejo General del Poder Judicial en representación de los jueces de primera instancia e instrucción y fue uno de los fundadores de la asociación Francisco de Vitoria. Como instructor investigó la desaparición de Santiago Corella, el Nani, unas diligencias que llevaron a la cárcel a relevantes miembros del Cuerpo Nacional de Policía y de las que el Supremo dijo que fueron realizadas "de manera tan meticulosa y objetiva que han de merecer elogios".

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    Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre, magistrado del Tribunal Supremo.

    Tiene 64 años y desde 2004 es magistrado de la Sala Penal, a la que se incorporó procedente de la Audiencia Provincial de Córdoba. En ese destino dictó sentencias pioneras, como la que condenó a un hombre por violación dentro del matrimonio. En el Supremo, donde destaca por la exhaustiva argumentación de sus sentencias, muy técnicas y precisas, ha sido ponente de la resolución que confirmó el fallo absolutorio del Jurado en el caso de los trajes del expresidente de la Comunidad Valenciana Francisco Camps o de la sentencia del caso Wanninkhof. Es miembro de la Asociación Profesional de la Magistratura.

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    Luciano Varela Castro, magistrado del Tribunal Supremo.

    Juez del Tribunal Supremo desde hace 11 años, tiene prevista su jubilación el próximo mayo después de 43 años de servicio público desde una posición de indeclinable y rabiosa independencia. Es el magistrado más progresista de la Sala Penal y un cualificado experto en Derecho Procesal. Fue redactor de la Ley del Jurado, defendiendo mayores competencias para esta institución que las que el Gobierno socialista le atribuyó. Ajeno a posiciones corporativas, ha sido ponente de la condena al exjuez Fernando Presencia por archivar una querella contra un amigo suyo e instruyó la causa contra el exjuez Baltasar Garzón por los crímenes del franquismo. Fue fundador de Jueces para la Democracia.

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    Antonio del Moral García, magistrado del Tribunal Supremo.

    Con 59 años, desde 2012 es magistrado de la Sala Penal, a la que accedió como jurista de reconocida competencia procedente de la Fiscalía del Tribunal Supremo. Fiscal por oposición desde 1983 y doctor en Derecho, su formación jurídica es apabullante y sus sentencias destacan por su carácter didáctico y explicativo con un lenguaje próximo e inteligible. Fue ponente de la sentencia que condenó en firme a Iñaki Urdangarín, cuñado del rey Felipe, y de la que rebajó la condena a inhabilitación al expresidente catalán Artur Mas por el 9-N. Formó parte de la comisión de expertos para la reforma procesal penal. Es miembro de la Asociación Profesional de la Magistratura.

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    Andrés Palomo del Arco, magistrado del Tribunal Supremo.

    En los cuatro años que lleva en la Sala Penal se ha labrado un prestigio de magistrado riguroso y competente, al que se recurre especialmente cuando se plantean cuestiones de Derecho comunitario y cooperación jurídica internacional, en las que es experto. Fue instructor de la causa contra Francesc Homs por el 9-N y ha sido ponente de la primera sentencia del Supremo sobre la pena de prisión permanente revisable, revocando la condena dictada en el caso. Nacido en 1954, ingresó en la carrera judicial por oposición en 1981 y ha sido presidente de la Audiencia de Segovia, cargo que ejerció durante cuatro mandatos. No está asociado.

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    Ana María Ferrer García, magistrada del Tribunal Supremo.

    Fue la primera mujer en acceder a la Sala Penal del Supremo, en 2014. Ingresó en la carrera judicial con 25 años y, estando destinada en el Juzgado de Instrucción número 16 de Madrid, le tocó investigar el 'caso Roldán', lo que hizo estando embarazada de uno de sus hijos. Fue también la primera mujer que presidió la Audiencia Provincial de Madrid, la más extensa de España, cargo para el que fue elegida en 2008. Es vocal permanente de la Comisión General de Codificación, en la que ha trabajado en la reforma de los delitos sexuales. Es miembro de Jueces y Juezas para la Democracia.

  • 8 de 35

    Consuelo Madrigal, exfiscal General del Estado.

    Fue la primera mujer en dirigir la Fiscalía General del Estado, entre 2015 y 2016. De ella partió la orden de interponer la primera querella contra Carme Forcadell por no acatar las resoluciones del Tribunal Constitucional. Ingresó en la carrera fiscal en 1980 con el numero 3 de su promoción y fue ascendida a fiscal de Sala en 2008, encargándose de la jurisdicción de menores.

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    Javier Zaragoza, exfiscal jefe de la Audiencia Nacional.

    Fiscal desde 1982, fue fiscal jefe antidroga y fiscal jefe de la Audiencia Nacional. Desde este cargo, que desempeñó durante 11 años, inició una investigación por actos de sedición en relación con el 9-N, lo que le valió que la CUP pidiera su reprobación en el Parlamento catalán. Es un experto en la lucha contra el terrorismo, con excelentes contactos internacionales y con las fuerzas policiales, incluidos los Mossos d'Esquadra.

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    Fidel Cadena, fiscal de Sala del Tribunal Supremo.

    Fiscal de Sala desde 2015, antes fue fiscal del Supremo y fiscal en Zaragoza. Ha intervenido en los recursos de casación de procesos como el 11-M, el caso Bretón o el Palau de la Música. Ha sido miembro de la comisión constituida en la Fiscalía General para la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y vocal suplente de la Comisión Nacional de Regulación del ADN en la investigación forense. Es miembro del Comité de Bioética. Con motivo de las euroórdenes del 'procés' se despazó a La Haya para tratar el caso de Puigdemont con la Fiscalía alemana.

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    Jaime Moreno, fiscal de sala del Tribunal Supremo.

    Ingresó en 1983 en la carrera fiscal y ascendió al 'generalato' del Ministerio Público en 2014 con su nombramiento como fiscal de Sala. Ha sido jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General, en donde destacó por su alto rigor técnico. Es experto en la jurisdicción penal y en vigilancia penitenciaria. Llevó el peso de la argumentación de la Fiscalía sobre la competencia del Supremo para juzgar el 'procés' en la vista en la que se debatió esa cuestión el pasado diciembre.

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    Rosa María Seoane López, jefa del área penal de la Abogacía del Estado.

    Nombrada jefa del área penal de la Abogacía del Estado tras la destitución del prestigioso Edmundo Bal el pasado noviembre por su desacuerdo con la rebaja de las acusaciones en el 'procés', Seoane era hasta ahora secretaria general de Adif (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias). Ha sido abogada del Estado jefe en Huesca (2000-2003) y también ha estado destinada en la Comunidad e Madrid, Audiencia Nacional y Agencia Estatal de Administración Tributaria.

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    Javier Ortega Smith, secretario general de Vox.

    Secretario general de Vox, partido que ejerce la acusación popular en la causa del 'procés'. Su escrito de acusación es el más severo, al incluir, además de rebelión y malversación de fondos, el cargo de organización criminal.

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    Pedro Fernández, vicesecretario jurídico de Vox.

    Vicesecretario jurídico de Vox, es la mano derecha de Ortega en los tribunales. Intervino para sostener la competencia del Tribunal Supremo en la vista del pasado diciembre. Su escrito de acusación es el más severo, al incluir, además de rebelión y malversación de fondos, el cargo de organización criminal.

  • 15 de 35

    Oriol Junqueras, exvicepresidente del Gobierno catalán.

    49 años. Exvicepresidente del Gobierno catalán y líder de ERC y diputado autonómico, es el político de mayor rango que se sienta en el banquillo. Se enfrenta a una petición de pena por parte de la Fiscalía de 25 años de cárcel por rebelión agravada con malversación. Está en prisión preventiva desde el 2 de noviembre de 2017.

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    Carme Forcadell, expresidenta del Parlament

    63 años. Expresidenta del Parlament catalán y exdiputada de ERC, la Fiscalía la acusa de rebelión y pide para ella una condena a 17 añor de cárcel. El 9 de noviembre de 2017, tras declarar ante el juez Llarena, fue a prisión hasta que al día siguiente depositó la fianza de 150.000 euros y quedó en libertad. Regresó a la cárcel tras el auto de procesamiento del 23 de marzo de 2018.

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    Joaquim Forn, ex conseller de Interior en el Gobierno catalán.

    54 años. Exdiputado del PdCat, fue consejero de Interior durante tres meses (del 14 de julio de 2017 hasta su cese por la aplicación del artículo 155), con mando sobre los Mossos d'Esquadra. La Fiscalía pide para él 16 años de prisión por rebelión agravada con malversación de fondos. Está en prisión preventiva desde el 2 de noviembre de 2017. Aunque dijo que se apartaría de la política, ha aceptado ser candidato a la Alcaldía de Barcelona.

  • 18 de 35

    Jordi Sànchez, presidente de Asamblea Nacional Catalana.

    54 años. Presidente del grupo del PdCat en el Parlament, fue presidente de Asamblea Nacional Catalana y líder social del independentismo. La Fiscalía pide para él 17 años de cárcel por rebelión. Está en prisión preventiva desde el 16 de octubre de 2017.

  • 19 de 35

    Jordi Cuixart, presidente de Ómnium Cultural.

    43 años. Presidente de Ómnium Cultural y líder social del independentismo. La Fiscalía pide para él 17 años de cárcel por rebelión. Está en prisión preventiva desde el 16 de octubre de 2017.

  • 20 de 35

    Jordi Turull, exconsejero de Presidencia del Govern.

    52 años. Diputado autonómico del PdCAT y exconsejero de Presidencia, la Fiscalía pide para él 16 años de prisión por rebelión agravada con malversación de fondos. Fue encarcelado por la jueza Lamela el 2 de noviembre de 2017 pero el magistrado Llarena le puso en libertad el 4 de diciembre tras depositar una fianza de 100.000 euros. Fue de nuevo a la cárcel tras el auto de procesamiento del 23 de marzo de 2018. Un día antes fracasó en el Parlament su investidura como presidente de la Generalitat.

  • 21 de 35

    Santi Vila, exconsejero de Empresa y Conocimiento en el Govern.

    45 años. Exdiputado autonómico y exconsejero de Empresa y Conocimiento, es acusado por la Fiscalía de malversación y desobediencia al Tribunal Constitucional, por lo que se enfrenta a una petición de pena de 7 años de prisión. Es el único de los acusados que ha estado en libertad durante todo el proceso tras depositar en noviembre de 2017 una fianza de 50.000 euros. 

  • 22 de 35

    Meritxell Borras, exconsejera de Gobernación del Govern.

    54 años. Exconsejera de Gobernación y exdiputada autonómica, la Fiscalía le pide una pena de 7 años de prisión por malversación y desobediencia al Tribunal Constitucional. Fue encarcelada por la jueza Lamela el 2 de noviembre de 2017 pero el magistrado Llarena la puso en libertad el 4 de diciembre tras depositar una fianza de 100.000 euros. Está en libertad.

  • 23 de 35

    Josep Rull, exconsejero de Territorio y Sostenibilidad del Gobierno catalán.

    50 años. Diputado autonómico del PdCat y exconsejero de Territorio y Sostenibilidad, la Fiscalía pide para él 16 años de prisión por rebelión agravada con malversación de fondos. Fue encarcelado por la jueza Lamela el 2 de noviembre de 2017 pero el magistrado Llarena le puso en libertad el 4 de diciembre tras depositar una fianza de 100.000 euros. Fue de nuevo a la cárcel tras el auto de procesamiento del 23 de marzo de 2018.
     
  • 24 de 35

    Dolors Bassa. Exconsejera de Trabajo del Govern.

    60 años. Exconsejera de Trabajo y exdiputada autonómica del PdCat, la Fiscalía pide para ella 16 años de prisión por rebelión agravada con malversación de fondos. Fue encarcelada por la jueza Lamela el 2 de noviembre de 2017 pero el magistrado Llarena la puso en libertad el 4 de diciembre tras depositar una fianza de 100.000 euros. Fue de nuevo a la cárcel tras el auto de procesamiento del 23 de marzo de 2018.

  • 25 de 35

    Raül Romeva, exconsejero de Exteriores del gobierno catalán.

    47 años. Diputado autonómico de ERC y exconsejero de Exteriores, la Fiscalía pide para él 16 años de prisión por rebelión agravada con malversación de fondos. Fue encarcelado por la jueza Lamela el 2 de noviembre de 2017 pero el magistrado Llarena le puso en libertad el 4 de diciembre tras depositar una fianza de 100.000 euros. Fue de nuevo a la cárcel tras el auto de procesamiento del 23 de marzo de 2018.

  • 26 de 35

    Carlos Mundò. Exconsejero de Justicia del Govern.

    42 años. Exconsejero de Justicia, es acusado por la Fiscalía de malversación y desobediencia al Tribunal Constitucional, por lo que se enfrenta a una petición de pena de 7 años de prisión. Fue encarcelado por la jueza Carmen Lamela el 2 de noviembre de 2017 pero el magistrado Pablo Llarena le puso en libertad el 4 de diciembre tras depositar una fianza de 100.000 euros. Tras ello renunció a su acta de diputado autonómico por ERC y abandonó la política. Está en libertad.

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    Andreu van den Eynde. Abogado de Oriol Junqueras y Raül Romeva.

    Nacido en 1975, se licenció en Derecho por la Universidad Pompeu Fabra y es abogado en ejercicio desde 1998. Es experto en delitos informáticos y profesor asociado de Derecho Penal en la Universidad de Barcelona. Defiende a Oriol Junqueras y Raül Romeva.

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    Jordi Pina. Abogado de Jordi Turull, Josep Rull y Jordi Sánchez.

    Licenciado en Derecho por la Universidad Barcelona, ejerce la Abogacía desde 1989 y es socio del bufete Molins. Es vicedecano del Colegio de Abogados de Barcelona. Defiende a los exconsejeros Jordi Turull y Josep Rull y al expresidente de Asamblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez, de quien es amigo.

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    Francesc Homs. Coordina la defensa de los encausados.

    Abogado, fue consejero de Presidencia del Gobierno catalán entre 2012 y 2015 y exdiputado y portavoz de CiU en el Congreso. Su participación en el referéndum ilegal del 9-N le valió una condena a inhabilitación. Coordina la defensa de los encausados del 'procés' que pertenecen al PdCat.

  • 30 de 35

    Mariano Bergés. Abogado de Dolors Bassa.

    Abogado en ejercicio desde 2001, es el defensor de la exconsejera Dolors Bassa. Se licenció en Derecho por la Universidad de Barcelona. Es socio fundador del bufete Roig&Bergés&Martínez.

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    Xavier Melero. Defensor del exconsejero Joaquim Forn.

    Nacido en Barcelona en 1958, es defensor del exconsejero Joaquim Forn. Ha representado al extesorero de Convergencia Daniel Osácar y al expresidente Artur Mas en el juicio del 9-N. Pero no se considera nacionalista e impulsó el nacimiento de Ciudadanos.

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    Josep Riba. Abogado de Carles Mundó.

    Licenciado en Derecho por la Universidad Central de Barcelona en 1992, es abogado de Carles Mundó. Fue el abogado de los familiares del supuesto ladrón fallecido por los disparos del yerno de los Tous, Lluís Corominas.

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    Marina Roig. Defensora del presidente de Ómnium Cultural Jordi Cuixart.

    Defensora del presidente de Ómnium Cultural, Jordi Cuixart, intervino con agresividad en el Tribunal Supremo en la vista en la que se debatió la competencia de la Sala Penal para juzgar el 'procés'. Es socia fundadora del bufete Roig&Bergés&Martínez. Preside la Sección de Derecho Penal del Colegio de Abogados de Barcelona.

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    Olga Arderiu. Diputada de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Barcelona.

    Nacida en Berga en 1975, ejerce como abogada desde 1998 y es socia directora de MDA Advocats, bufete especializado en Derecho Penal. Es diputada de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Barcelona.

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    Pau Molins. Defiende al exconsejero Santiago Vila.

    Licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona, ejerce la Abogacía desde 1986, dedicado de modo exclusivo al Derecho penal. En 1994 fundó la firma Molins Abogados, de la que es socio-director. Fue uno de los defensores de la infanta Cristina en el juicio del caso Noos. En la causa del 'procés' defiende al exconsejero Santiago Vila.