Manuel Marchena. Cumplirá 60 años el próximo marzo, en pleno juicio. Presidente de la Sala Penal desde 2007, preside y será ponente de la sentencia sobre del juicio más importante celebrado en el alto tribunal en las últimas décadas. Es juez del Supremo desde 2007 procedente de la Fiscalía, en la que ingresó por oposición en 1985. Doctor en Derecho, se le reconoce un alto nivel técnico y una argumentación brillante e incisiva. Aunque se le atribuye una ideología conservadora, el fiscal general Eligio Hernández, designado por el Gobierno del PSOE, lo nombró fiscal de la Secretaría Técnica. El pasado 20 de noviembre renunció a ser candidato a presidir el Tribunal Supremo, para lo que le había propuesto el PP. No pertenece a ninguna asociación judicial.
Andrés Martínez Arrieta. Nacido en 1955, fue el magistrado más joven en acceder al Tribunal Supremo, con sólo 43 años de edad. Hoy es el más antigüedad tiene en la Sala Penal. En el Supremo ejerce también como juez suplente para el control del CNI. Con 25 años fue vocal del Consejo General del Poder Judicial en representación de los jueces de primera instancia e instrucción y fue uno de los fundadores de la asociación Francisco de Vitoria. Como instructor investigó la desaparición de Santiago Corella, el Nani, unas diligencias que llevaron a la cárcel a relevantes miembros del Cuerpo Nacional de Policía y de las que el Supremo dijo que fueron realizadas "de manera tan meticulosa y objetiva que han de merecer elogios".
Juan Ramón Berdugo. Tiene 64 años y desde 2004 es magistrado de la Sala Penal, a la que se incorporó procedente de la Audiencia Provincial de Córdoba. En ese destino dictó sentencias pioneras, como la que condenó a un hombre por violación dentro del matrimonio. En el Supremo, donde destaca por la exhaustiva argumentación de sus sentencias, muy técnicas y precisas, ha sido ponente de la resolución que confirmó el fallo absolutorio del Jurado en el caso de los trajes del expresidente de la Comunidad Valenciana Francisco Camps o de la sentencia del caso Wanninkhof. Es miembro de la Asociación Profesional de la Magistratura.
Luciano Varela. Juez del Tribunal Supremo desde hace 11 años, tiene prevista su jubilación el próximo mayo después de 43 años de servicio público desde una posición de indeclinable y rabiosa independencia. Es el magistrado más progresista de la Sala Penal y un cualificado experto en Derecho Procesal. Fue redactor de la Ley del Jurado, defendiendo mayores competencias para esta institución que las que el Gobierno socialista le atribuyó. Ajeno a posiciones corporativas, ha sido ponente de la condena al exjuez Fernando Presencia por archivar una querella contra un amigo suyo e instruyó la causa contra el exjuez Baltasar Garzón por los crímenes del franquismo. Fue fundador de Jueces para la Democracia.
Antonio del Moral. Con 59 años, desde 2012 es magistrado de la Sala Penal, a la que accedió como jurista de reconocida competencia procedente de la Fiscalía del Tribunal Supremo. Fiscal por oposición desde 1983 y doctor en Derecho, su formación jurídica es apabullante y sus sentencias destacan por su carácter didáctico y explicativo con un lenguaje próximo e inteligible. Fue ponente de la sentencia que condenó en firme a Iñaki Urdangarín, cuñado del rey Felipe, y de la que rebajó la condena a inhabilitación al expresidente catalán Artur Mas por el 9-N. Formó parte de la comisión de expertos para la reforma procesal penal. Es miembro de la Asociación Profesional de la Magistratura.
Andrés Palomo. En los cuatro años que lleva en la Sala Penal se ha labrado un prestigio de magistrado riguroso y competente, al que se recurre especialmente cuando se plantean cuestiones de Derecho comunitario y cooperación jurídica internacional, en las que es experto. Fue instructor de la causa contra Francesc Homs por el 9-N y ha sido ponente de la primera sentencia del Supremo sobre la pena de prisión permanente revisable, revocando la condena dictada en el caso. Nacido en 1954, ingresó en la carrera judicial por oposición en 1981 y ha sido presidente de la Audiencia de Segovia, cargo que ejerció durante cuatro mandatos. No está asociado.
Ana Ferrer. Fue la primera mujer en acceder a la Sala Penal del Supremo, en 2014. Ingresó en la carrera judicial con 25 años y, estando destinada en el Juzgado de Instrucción número 16 de Madrid, le tocó investigar el 'caso Roldán', lo que hizo estando embarazada de uno de sus hijos. Fue también la primera mujer que presidió la Audiencia Provincial de Madrid, la más extensa de España, cargo para el que fue elegida en 2008. Es vocal permanente de la Comisión General de Codificación, en la que ha trabajado en la reforma de los delitos sexuales. Es miembro de Jueces y Juezas para la Democracia.
Consuelo Madrigal. Fue la primera mujer en dirigir la Fiscalía General del Estado, entre 2015 y 2016. De ella partió la orden de interponer la primera querella contra Carme Forcadell por no acatar las resoluciones del Tribunal Constitucional. Ingresó en la carrera fiscal en 1980 con el numero 3 de su promoción y fue ascendida a fiscal de Sala en 2008, encargándose de la jurisdicción de menores.
Javier Zaragoza. Fiscal desde 1982, fue fiscal jefe antidroga y fiscal jefe de la Audiencia Nacional. Desde este cargo, que desempeñó durante 11 años, inició una investigación por actos de sedición en relación con el 9-N, lo que le valió que la CUP pidiera su reprobación en el Parlamento catalán. Es un experto en la lucha contra el terrorismo, con excelentes contactos internacionales y con las fuerzas policiales, incluidos los Mossos d'Esquadra.