Los fiscales de Sala Javier Zaragoza y Fidel Cadena han dado este miércoles a la Sala que juzga el procés el contrapunto de los alegatos que vertieron los defensores de los 12 acusados en la primera sesión de la vista.

Contundentes, con argumentos técnico-jurídicos pero sin despreciar guiños de contenido político, los representantes de la acusación pública han contestado una a una las vulneraciones de derechos fundamentales invocadas por las defensas y se reafirmaron en el núcleo del escrito de acusación presentado el pasado 2 de noviembre: hubo rebelión.

Lo explicó Cadena para desmontar las manifestaciones del abogado de Dolors Bassa, Mariano Bergés ("rebelión fue el 23F"). "El delito de rebelión que tipifica el Código Penal -cuya redacción se hizo en 1995- sólo exige un alzamiento público y violento", dijo el fiscal, que subrayó que cuando se elaboró la norma se rechazó una enmienda del grupo catalán que pretendía añadir que ese alzamiento debía producirse "con armas".

Pegado a la ley, Cadena también ha explicado que "es el legislador el que ha querido que sea inviable el ejercicio de cargos públicos por elementos rebeldes, precisamente porque se les acusa de atentar contra el orden constitucional" que les permitió ser elegidos para esos cargos. Se refería a la suspensión en el ejercicio de las funciones públicas que impone la Ley de Enjuiciamiento Criminal después del procesamiento. "No hay vulneración de los derechos políticos" de los acusados, cuya condición política "no les exime de responsabilidad penal".

"Buscaban la claudicación del Estado", aseveró, en la misma línea, Javier Zaragoza, que no dejó 'vivo' ni uno solo de los mantras que el independentismo ha creado en torno a este juicio. "Se ha dicho que éste es un juicio a la democracia y a los derechos fundamentales. Nada más lejos de la realidad: es un juicio en defensa de la democracia, en defensa del orden constitucional, en defensa de una Constitución votada por el 62% de la sociedad catalana, la misma cifra, por cierto, que rechazó un referéndum impuesto por la minoría", ha dicho en referencia al 1-O.

"Votar no es delito, efectivamente. Pero el derecho a votar no se ejerce al margen de las reglas del Derecho, cuando un colectivo lo desee, de cualquier manera, sobre cualquier aspecto", dijo en otro momento. 

Contradijo también la alegación sobre el derecho a la autodeterminación, "que carece cobertura nacional e internacional. La Unión Europea no reconoce el derecho de autodeterminación de sus regiones y territorios, ni el derecho a decidir o el derecho a la secesión".

"Tampoco es el independentismo lo que se juzga. No se juzga a nadie por sus ideas, sino por sus hechos, en concreto los ocurridos entre septiembre y octubre de 2017", añadió Zaragoza en referencia a la aprobación de las leyes de referéndum y fundacional de la república catalana, el asedio del 20-S, el referéndum del 1-O y la declaración unilateral de independencia del 27 de octubre.

Y, finalmente, la famosa apelación al diálogo. Tras recordar que el Gobierno invitó a Puigdemont a debatir en el Parlamento sus pretensiones independentistas, "lo que fue rechazado ante el fundado temor de que serian rechazadas", el fiscal aseveró "el diálogo es la base de la democracia, pero se tiene que producir dentro del marco constitucional. El diálogo de la imposición no es una práctica democrática".

La abogada del Estado Rosa Seoane tuvo un estreno discreto en el juicio al procés. Trató de salir al paso de la utilización que las defensas están haciendo de unas declaraciones a la BBC de la secretaria de Estado de España Global, Irene Lozano, en las que utilizó el término "convicted" (condenados) para referirse a los acusados.

Las manifestaciones de Lozano, junto a las de otros líderes políticos del PP y del PSOE, son reiteradamente utilizadas por las defensas para asegurar que se ha producido una vulneración del derecho a la presunción de inocencia. No son irrelevantes porque el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dado importancia al "clima" creado respecto a un proceso judicial sobre el que las autoridades políticas se pronuncian de forma anticipada para afirmar la culpabilidad de los acusados.

De una manera un tanto dubitativa e insegura, Seoane ha sostenido que las declaraciones de Lozano no deben interpretarse "de forma literal" sino que "hay que atender al sentido que tenían" y que, según la abogada del Estado, era "subrayar el funcionamiento ordinario de la Justicia". Un argumento que a buen seguro reproducirán las defensas respecto a las numerosas afirmaciones políticas de los acusados que contienen los escritos de acusación.

Para colmo, añadió que Lozano hizo unas manifestaciones en una "lengua no materna" con la que no pudo expresarse con la misma precisión y espontaneidad que si hubiera hablado en su lengua propia. Los defensores, que han reclamado que sus clientes puedan usar el catalán y ser traducidos de manera simultánea para poderse expresar con naturalidad, tomaron nota.

El abogado de Vox, Pedro Fernández, defendió la legitimación de la acusación popular para acusar de organización criminal.