La jueza que instruye el caso Erial, en el que figura como investigado el expresidente de la Generalitat y exministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, ha decidido levantar parcialmente el secreto de las investigaciones -concretamente hasta el folio 3.043 del Tomo VII- pero no del resto porque falta por recibir y analizar la documentación obtenida en las comisiones internacionales practicadas, alguna de las cuales no han cumplimentado lo que se ha solicitado.

Así consta en un auto de la jueza, en el que se cita a las partes a comparecer este miércoles en el juzgado para acceder a las actuaciones sobre las que se levanta el secreto y en el que acuerda prorrogar por otros 30 días para la parte en la que se mantiene, desde el folio señalado. La resolución no es firme y contra ella cabe recurso.

En el auto, de fecha 8 de febrero, la magistrada estima parcialmente los recursos interpuestos por la defensa de algunos investigados contra la decisión del pasado mes de enero de prorrogar el secreto durante un mes más. De esta forma, ha acordado levantar la imposibilidad de acceder a las actuaciones aunque únicamente serán públicas hasta el folio 3.043 del tomo VII y secretas en el resto.

Esta decisión de mantener secreta esa parte obedece a que, según la instructora, "se podría ver afectada la instrucción si se le diera publicidad habida cuenta de que falta por recibir y analizar toda la documentación obtenida en las comisiones internacionales que se han practicado, alguna de las cuales todavía no han cumplimentado lo solicitado (...)".

Según la jueza, de ese análisis se podría obtener información necesaria para la instrucción e incluso practicar nuevas diligencias, y añade que el desconocimiento de lo encontrado por los investigados y de lo pedido y hallado "preserva la eficacia de las diligencias acordadas y una posible destrucción de pruebas, actividad esta que la publicidad de la causa ayudaría a ser llevada a cabo".

La magistrada señala que hay varias sociedades que son objeto de instrucción y que los investigados, en el momento del arresto y puesta a disposición, fueron informados de forma genérica y por la

propia jueza, por lo que no existe en ese sentido "ignorancia" de lo que se investiga y solo de parte de su contenido y de lo que se pretende conseguir con las comisiones rogatorias efectuadas.

Además, destaca que algunos de los investigados conocen su actividad ya que en el momento del arresto se les encontró documentación relativa a varias de esas sociedades.

Oposición del fiscal al levantamiento

El fiscal, en dos escritos del pasado mes de enero, se había opuesto al levantamiento del secreto alegando que su presencia en la causa supone ya una garantía procesal, de legalidad y de la inexistencia de indefensión, por lo que no significa ningún "menoscabo".

En este sentido, añadió que la cantidad de documentación recabada en los registros, cuyo volcado el pasado mes de enero no se había producido por completo ni tampoco analizado, impedía acceder a lo solicitado por las partes que pedían el levantamiento del secreto, hasta que no se hubiera examinado "dado que no cabe olvidar la gravedad de los delitos objeto de investigación y la posición institucional que han ocupado buena parte de los investigados", la mayoría de ellos en libertad.

Además, en uno de los escritos, apuntaba que ninguno de los investigados había realizado acto alguno "que indique una colaboración con la justicia, ni tampoco se pretende en esta fase de investigación, que se mantiene secreta por razones sobradamente justificadas" ya que se trata de una causa "de por sí compleja, con un entramado societario nacional e internacional para la ocultación de los bienes obtenidos de forma ilícita", y que ha sido comunicado a los investigados como la sala (Audiencia) conoce "con las reservas naturales de impedir el éxito de la investigación principalmente económica y documental".