El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, ha decidido archivar las actuaciones contra Juan Carlos Garcés, jefe de la sección de informática judicial del Consejo General del Poder Judicial, al que llamó a declarar como investigado en una de las piezas del caso Tándem ante las sospechas de que hubiera facilitado información al excomisario investigado, José Manuel Villarejo, sobre varias personas. 

El rastro del usuario informático de Garcés aparecía en el Punto Neutro Judicial (la red que permite el acceso a la base de datos del Consejo General del Poder Judicial) en distintas búsquedas sobre varios miembros de la familia Cereceda.

Precisamente en la pieza Land del caso Villarejo se investiga a Susana García Cereceda y Francisco Peñalver, promotores de la urbanización de lujo La Finca de Madrid, y a David Fernández, su responsable de seguridad. La primera contrató a Villarejo para espiar a su hermana Yolanda y obtener información respecto a otros herederos de la fortuna del padre de ambas, Luis García Cereceda. Los investigadores ven en estos hechos un presunto delito de cohecho por la condición de comisario de Villarejo. Sin embargo, los Cereceda se sienten víctimas de una estafa porque aseguran que le contrataron como detective, sin conocer su condición de agente encubierto. 

Nueve consultas en juzgados

Para hacerse con el uso de datos sobre los miembros de la famili con la que sus clientes estaban enfrentados, Villarejo podría haberse servido de colaboradores en juzgados de Madrid. Garcés fue citado a declarar como investigado precisamente para explicar por qué su usuario informático aparecía en las búsquedas sobre estas personas en el Punto Neutro Judicial. 

Sin embargo, como ha adelantado Europa Press y ha podido confirmar EL ESPAÑOL, el juez ha decidido archivar las actuaciones contra él, como solicitó la Fiscalía. Garcés declaró ante el juez que, como responsable de informática del CGPJ, su firma informática aparece en cualquier búsqueda que pase por dicha red de consultas.

También afirmó que era posible rastrear -aunque él no lo había hecho puesto que solicitó ser apartado de su puesto nada más conocer su imputación- desde qué juzgado se habrían hecho dichas consultas. 

Los investigadores así lo han hecho y han comprobado que las consultas provienen de hasta nueve juzgados de primera instancia de Pozuelo de Alarcón (Madrid) y otros puntos de la misma región. Juzgados donde no había abierto ningún procedimiento relacionado con las personas sobre las que se hicieron las consultas. 

Por lo tanto, se espera que la próxima decisión del instructor de la causa sea citar como investigados a las personas que hicieron dichas consultas, pues se sospecha que pudieron ayudar a Villarejo desde los juzgados.