Javier Cremades: “Someterse al Derecho no es una limitación, sino la garantía de la libertad"

Un luminoso lienzo en el que un ángel blanco derrota a un ángel negro preside la sala de reuniones donde EL ESPAÑOL entrevista a Javier Cremades, presidente y fundador del despacho Cremades & Calvo Sotelo y jurista del año por la World Jurist Association (WJA), primer español con este galardón.

"Es obra de Enrique Ochoa, abuelo de uno de nuestros socios. Simboliza la lucha de la Justicia contra la injusticia, que el bien siempre prevalece", explica. Javier Cremades está volcado estos días en la organización del World Law Congress, el mayor encuentro internacional de actores legales que se celebra de manera bienal para defender el Derecho como garante de la libertad y pilar de las democracias. Este 2019, recién cumplidos 40 años de la aprobación de la Constitución española, la XXVI edición del congreso se celebra en Madrid. La capital española se convierte este martes y miércoles en la capital mundial del Derecho. 

Mientras se celebra el World Law Congress, el Tribunal Supremo juzga a los líderes del procés. ¿Cómo explicaría a los juristas internacionales por qué se les juzga?

Cuando en julio de 1958, en Los Ángeles (California, EEUU), el juez Warren -entonces presidente del Tribunal Supremo de los Estados Unidos- y Charles Rhyne -que estaba terminando su mandato como presidente de la America Bar Association- proclaman formalmente que van a emprender una campaña para movilizar a juristas del mundo entero y promover que la única alternativa a la fuerza es el Derecho, dejaron claro que en América, país basado en la Constitución, son muchos los problemas que tiene el Estado de Derecho. Ésta siempre es una tarea inacabada, también en nuestro país. Aquí también se producen erosiones, ataques, problemas que se resuelven conforme al Derecho. 

En los últimos años en España -particularmente en el último año-, hemos tenido unos eventos muy controvertidos desde el punto de vista político y jurídico. Finalmente van a tener una solución judicial, que es como se solucionan las cosas en un Estado de Derecho cuando hay una acusación grave como la que en ese proceso se plantea. Lo que vamos a ver es cómo el Estado de Derecho digiere los acontecimientos para determinar, con todas las garantías, si los hechos ocurrieron o no.

¿Responde el ordenamiento jurídico español a las garantías exigibles en una democracia avanzada? Esta pregunta viene a colación porque el sistema judicial alemán rechazó entregar a Carles Puigdemont a España por un delito de rebelión.

Todo lo que ha habido en relación con este proceso en Alemania es un debate técnico sobre si se trata de un delito u otro y si procede o no la extradición. Alemania nunca cuestionó la democracia española.

Lo que sí ha habido son opiniones vertidas en los medios que, desde el punto de vista jurídico, hoy quedan claramente desautorizadas. Decenas de presidentes de tribunales constitucionales, de fiscales generales, de ministros de Justicia del mundo entero dicen que España debe estar muy orgullosa de estos 40 años de Estado de Derecho. El Rey de España, que es el Jefe del Estado y representa a todas las instituciones, ha merecido ese reconocimiento que muy pocos estadistas han tenido antes.

¿Qué espera de esta XXVI edición del World Law Congress que por primera vez se celebra en Madrid?

Juristas del mundo de todas las profesiones se reúnen con un objetivo principal, que es promover la paz en el mundo por medio del Derecho. Frente al abuso de poder está la alternativa del imperio de la ley. Frente a la tiranía está la libertad y la democracia, y sin sometimiento a la ley eso es imposible. Esa gran idea fuerza hay que recordarla todo el tiempo y los juristas con frecuencia la hemos olvidado. Tenemos que ser agentes de cambio, una fuerza para el bien, estemos donde estemos, para recordar a las personas que someternos al Derecho no es una limitación, sino la garantía de nuestra propia libertad.

Precisamente, Felipe VI recibe el premio a la Paz y Libertad de la World Jurist Association. 

El 19 y 20 de febrero la comunidad global del Derecho hará un homenaje unánime y un reconocimiento al funcionamiento del sistema constitucional español. Ese premio que se le concede al Rey. El premio mundial de la libertad y la paz supone un respaldo al funcionamiento de las instituciones de Derecho en España.

Es también un reconocimiento al pueblo español, que ha conseguido un éxito rotundo desde el punto de vista jurídico pero también social, económico o cultural. España está hoy mucho mejor que hace 40 años, tenemos muchos retos, muchas oportunidades y somos un país mucho mejor porque el Derecho se ha impuesto. 

¿Cree que el Tribunal que juzga a los miembros del procés debería haber aceptado la figura de los observadores internacionales que pidieron los acusados?

Como abogado español, veo ridículo pensar en esa posición, que solamente tiene un fin propagandístico. Los juicios en España son públicos, las audiencias están abiertas para que cualquiera pueda entrar. Un observador internacional se menciona cuando hay un grave conflicto que afecta a los derechos humanos. Éste es un país donde todos tenemos todas las garantías. Todos, incluso los que tienen poder institucional y político, estamos sometidos a la ley.

Estos días que comparte mucho tiempo con gente de otros países, ¿qué visión tienen de nuestra democracia?

España es un país admirado y querido en el mundo. Somos una democracia joven, pero consolidada. Un país que a mucha gente le causa admiración y envidia sana. Creo que esto se debe a que hemos tenido un Estado de Derecho y una Constitución que han sido la base. La Constitución de 1978 no fue improvisada, sino que viene de una tradición jurídica que se remonta siglos atrás. Es un texto moderno, flexible, abierto y nos da un campo de juego para que muchas generaciones tengamos un lugar en el que cobijarnos, bajo el imperio de la ley, para construir un futuro mejor. 

En estas fechas también se hace imprescindible hablar de la situación de Venezuela, país que usted conoce bien, puesto que defendió al opositor Leopoldo López. Una vez reconocido Juan Guaidó por la comunidad internacional, ¿qué pasos debería dar la oposición venezolana en la búsqueda de una democracia real?

Lo que ha pasado estas semanas en Venezuela es muy positivo porque da algo de esperanza y de luz a un grupo de casi 30 millones de personas que están aplastadas por un régimen tiránico. Ha sido muy interesante ver que, por primera vez en la historia, dentro de un Estado hay un líder o una facción que tiene el Ejército, el poder, la fuerza, el control de las materias primas y otra parte de la ciudadanía que está esgrimiendo la Constitución y el Derecho como alternativa al abuso del poder. 

La comunidad internacional está por primera vez también reconociendo de una manera audaz el funcionamiento interno que crea este juego y diciendo al mundo ''te apoyo a ti porque tienes esa legitimidad constitucional interna'. A partir de ahí, se está produciendo un cambio en las relaciones de poder internas del país. Ojalá esto desemboque en una transición pacífica que alumbre una democracia nueva, una Venezuela nueva y devuelva al pueblo esa dignidad que necesita en su día a día, en la aspiración que tenemos todos de vivir en paz y libertad. 

¿Debe la comunidad internacional exigir a Maduro que convoque nuevas elecciones?

Lo que está en juego no es tanto convocar unas nuevas elecciones sino cambiar el régimen. Maduro debe dejar paso a una democracia verdadera donde haya alternativas, competencia, pluralismo político, libertad, justicia, igualdad. Donde el imperio de la ley sustituya al imperio de la fuerza.

Ante la llegada de inmigrantes a Europa por el Mediterráneo y el rechazo de países como Italia o Hungría a aceptar su entrada. ¿Incumplen estos países con la Carta de las Naciones Unidas?

Es un auténtico drama lo que pasa en Europa con el brexit en primer lugar, porque teníamos un proyecto común que ha sido atacado desde dentro. Uno de nuestros socios ha decidido salir y eso nos ha llevado a una situación nueva para la que no tenemos un camino, una solución o respuesta. 

Por otro lado, tenemos esas democracias donde se ha elegido a líderes que están llevando unas políticas contradictorias con las líneas tradicionales. Eso tiene que tener un cauce básicamente a través de las instituciones europeas. El Parlamento es el que tiene que ser cada vez más fuerte y capaz de establecer líneas comunes respetando la soberanía de las naciones y los pueblos, que tienen que seguir dentro de sus propias constituciones soberanas para elegir a sus propios dirigentes.

Usted ha impulsado en Madrid el programa para inmigrantes Conoce tus leyes. ¿Se respetan en los países mencionados sus derechos individuales?

Creo que hay que distinguir entre inmigrantes y refugiados, y acudir al Derecho. La inmigración tiene que ser legal pero cuando una persona está en nuestro territorio debe tener los mismos derechos y garantías que cualquier ser humano europeo. Por lo tanto, se entiende que debemos tener fronteras seguras y una ordenación de la inmigración pero también comprensión. Una vez que alguien se convierte en un compañero de vida de este territorio, tiene que tener las mismas condiciones de dignidad que tenemos todos los demás. 

El régimen de los refugiados es muy distinto. Ahí tenemos que hacer todos un esfuerzo por respetar la normativa y entender que estas personas están siendo desplazadas y huyen de situaciones de guerra o estados tiránicos. De una manera reglada y ordenada, deberían encontrar cobijo donde lo haya y Europa es un puerto seguro para mucha gente. Ojalá resolvamos esta cuestión conforme al Derecho sin demagogia y sin crear más divisiones de las que ya tenemos dentro de nuestra sociedad. 

En World Law Congress que se celebra estos días también tendrá importancia el futuro de la abogacía. ¿Cuáles son los retos a los que se enfrenta el sector? 

Todos los que operamos con el Derecho, seamos abogados, jueces, fiscales, registradores, procuradores, letrados de la Administración de Justicia... somos parte de un ecosistema donde nos dedicamos a promover y sobre todo proveer de seguridad jurídica a la sociedad. Cuando esa seguridad la tenemos, no siempre la valoramos. Pero es fundamental. Tenemos que saber que aunque estemos haciendo un escrito de desahucio, un proceso monitorio o cualquier cuestión aparentemente menor, estamos contribuyendo a que la sociedad sea más libre y más justa. 

Creo que una primera tarea es ser conscientes de la nobleza de nuestra misión en la sociedad. Además, nuestra profesión cambia a ritmo vertiginoso, hay una proliferación de normas extraordinaria y también es importante que los juristas sepan cada vez más Derecho aunque sepan menos leyes. Finalmente, tenemos la tarea continua de poner a la persona en el centro. Todos, también los jueces, fiscales o notarios, estamos aquí para atender a personas, para dar un servicio público. Estamos contribuyendo al bienestar y a la felicidad de las personas a través de resolver sus disputas, darles seguridad jurídica para que no las tengan, acompañarles a lo largo de su vida para que sea más segura, tranquila y feliz. 

En cuanto a los avances tecnológicos, ¿cómo afectan a la abogacía?

El mundo digital ha llegado para transformar todos los aspectos de la vida, también el Derecho. Nos da una nueva oportunidad de estar más cerca de las personas y entender mejor lo que pasa en el mundo pero también nuevos retos, como los ataques a la dignidad humana, a los derechos de la personalidad.

La democracia representativa está amenazada. Hay algo parecido a un referéndum diario porque mientras el mantenimiento de una opinión pública bien formada es fundamental para mantener una democracia viva, la verdad es difícil de encontrar.

¿Se refiere a las 'fake news' y los ataques a la propiedad intelectual?

La vida en sociedad por un lado se ha simplificado con las nuevas tecnologías, pero también se ha complicado. Hoy está al alcance de cualquiera interferir en un sistema informativo que es crucial para mantener la democracia. Le habíamos dado en nuestro Estado de Derecho prevalencia a las libertades informativas porque eran básicas para tener una opinión pública informada sin la cual no había democracia. Pero ahora a veces la opinión pública no está bien informada. ¿Qué pasa entonces ahora con ese consentimiento a la libertad de información? ¿Puede ser nulo? Son debates que ya se plantean en las nuevas democracias del mundo y donde el abogado puede y debe contribuir.

¿Qué pasa cuando a alguien se le ataca en su intimidad, su honor o su propia imagen a través del uso abusivo de las nuevas tecnologías? Siempre ha existido ese riesgo con los medios de comunicación pero hoy se ha multiplicado porque cada persona es un medio de comunicación en sí mismo, tiene el poder de distorsionar la realidad pero también de transmitir hechos que deberían ser conocidos por todos.