El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 3 de Madrid ha suspendido de forma provisional el informe del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial que concedía la licencia urbanística para llevar a cabo la exhumación del cadáver del dictador Francisco Franco.
La invalidación del informe del consistorio no modifica por el momento la tramitación, que se encuentra en otro estadio, concretamente en el Tribunal Supremo, que ha de pronunciarse sobre el asunto. Es, no obstante, otro obstáculo para el Gobierno y una nueva pequeña victoria de la familia del difunto.
El texto de la querella impugna el informe del consistorio con fecha 26 de noviembre de 2019 por el que se declaraba "admisibles las actuaciones urbanísticas consistentes en levantado del pavimento de mármol, retirada de la losa de piedra que cubre la sepultura de Francisco Franco" y su "traslado a otro lugar".
Así, el demandante argumenta que el acuerdo del Consejo de Ministros del 15 de febrero de 2019 implica la "inminencia de la citada exhumación" con las obras y subraya que en el "caso de autos no se aprecia especial urgencia" para exhumar a Franco que lleva en el Valle de los Caídos 44 años.
Posteriormente apuntan señalan que lo "realmente importante" de la demanda es que "a falta de expediente administrativo", que no disponen de ello, dudan que las obras sean "conformes a la legalidad vigentes" y si se pueden efectuar "con seguridad para las personas".
"Es decisivo recordar que se trata de remover unas losas de mármol que, a su vez tapan una losa de granito de, al parecer, 2.000 kilos de peso", advierten al tiempo que vislumbran un "riesgo evidente".
"Falta un riguroso análisis de seguridad"
Para finalizar, indican en un dictamen pericial de dos arquitectos que la documentación aportada le "falta un riguroso análisis de la seguridad, estabilidad e instalaciones subterráneas que puede existir bajo la sepultura de Franco".
"Una decisión del Consejo de Ministros, por legítima y conforme a la legalidad que sea, lo que aquí no se cuestiona, no puede ejecutarse sin las garantías técnicas y mecánicas que puedan poner en peligro la vida o la integridad física de los técnicos u operarios", apostilla al tiempo que apuntan al artículo 1º de la Constitución sobre la vida humana.
Contra el auto no cabe recurso y es firme aunque el Ayuntamiento de San Lorenzo tiene tres días para que "alegue lo que a su derecho proceda".
El Gobierno sigue adelante
El Gobierno ha subrayado este martes que el expediente para el desenterramiento del dictador sigue su curso.
Ese expediente, impulsado por el Consejo de Ministros, "continúa su tramitación con absoluta normalidad" dado que el juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Madrid no es competente para resolver sobre acuerdos del Consejo de Ministros, sino el Tribunal Supremo.
Ahora, precisan desde La Moncloa, el Ayuntamiento dispone de tres días para presentar alegaciones a las medidas cautelares solicitadas por la parte demandante, Leonardo Falcó Rodríguez y el procurador Javier Campal Crespo, a quien el Gobierno identifica en el entorno de la familia Franco.