Dos exdiputados de la CUP que estaban citados a declarar como testigos en el juicio a los políticos del 'procés' han tenido que abandonar la sala sin hacerlo. Antonio Baños, primero, y Eulalia Reguant, después, han anunciado que no contestarían las preguntas de Vox, que ejerce la acusación popular.
Declaración como testigo de Baños
"Es un partido de extrema derecha y xenófobo", ha dicho Baños. El presidente del tribunal, Manuel Marchena, le ha explicado pacientemente que el derecho a no contestar lo tienen los acusados, pero no los testigos.
- Usted es testigo y no tiene la libertad de negar al tribunal la información que pueda conocer sobre los hechos, ha señalado Marchena.
- ¿Y si me niego?, ha insistido Baños.
- Tendrá que asumir las responsabilidades penales de negarse a contestar.
- Por dignidad democrática y antifascista me niego a contestar a Vox, se ha enrocado el testigo.
Marchena, con el fin de "evitar consecuencias", ha preguntado al abogado de Vox Javier Ortega si tenía inconveniente en formular las preguntas a través de él. Así se ha hecho con las dos primeras preguntas, repitiendo Marchena automáticamente las cuestiones que formulaba Ortega, hasta que Baños ha dicho "pero es que estoy contestando a Vox".
En ese momento el magistrado Luciano Varela se ha dirigido a Marchena haciéndole ver, con gestos ostensibles, que debía cortar aquello.
Este primer desacuerdo visible de un miembro del tribunal con la forma de llevar el juicio ha supuesto la primera suspensión imprevista. "Vamos a parar cuatro minutos", ha dicho Marchena.
Reanudada la sesión, el presidente ha despedido a Baños explicándole que no era posible continuar con ese sistema de declarar por parte de un testigo.
La siguiente, Eulalia Reguant, también exdiputada de la Cup, ha seguido la misma linea que Baños, anunciando que no contestaría a Vox y exigiendo declarar en catalán.
Marchena le ha explicado también a ella que los testigos tienen el deber de declarar, "así que dejamos constancia en acta de su negativa y deduciremos testimonio al Juzgado de Guardia, tal como prevé la ley".
El abogado Benet Salellas, vinculado a la CUP, ha tomado la palabra para elogiar la "generosidad" de la Sala y hacer ver que eran también testigos de la defensa. "No podemos permitir el precedente de que los testigos seleccionen a quién contestar", ha zanjado el presidente del tribunal.
Nada más terminar la sesión, la Sala se ha reunido y ha acordado imponer a Baños y Reguant una sanción de 2.500 euros a cada uno de ellos, contra la que pueden imponer recurso.
Además, se les ha dado un plazo de cinco días para que reconsideren su negativa a declarar y vuelvan a comparecer en el Supremo. En caso de no hacerlo, se deducirá testimonio a los Juzgados de Instrucción por un supuesto delito de desobediencia grave.