Mariano Rajoy, su exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, y el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro han salido este miércoles satisfechos del Tribunal Supremo. Sus comparecencias como testigos en el juicio al 'procés' les han servido para reivindicar su gestión de la crisis constitucional que se produjo en Cataluña en 2017 y que llevó a la aplicación, por primera vez en la historia, del artículo 155 de la Constitución.

Para el expresidente del Gobierno, sus 70 minutos de declaración le han servido para marcar diferencias con quien le defenestró de la Moncloa en junio de 2018 y para enarbolar la bandera de la defensa de la Constitución, la soberanía del pueblo español y la unidad del Estado. "Ese diálogo del que se habla", manifestó Rajoy en una alusión inequívoca a quien ha sido su sucesor en el Gobierno gracias a los votos de los independentistas catalanes, "dialogar con quienes quieren poner fecha a cómo liquidar la Constitución no era posible, al menos mientras yo fuera presidente del Gobierno de España".

Por si no hubiera quedado claro, lo repitió más tarde: "Yo no estaba dispuesto a que, a cambio de algunas cosas, la Generalitat se saltara la ley", "ningún presidente de Gobierno puede aceptar la liquidación del Estado".

Rajoy declara como testigo en el juicio del procès

Fue la parte política de una comparecencia 'a la gallega' en la que las preguntas de las partes, fueran cuales fueran, no desviaron a Rajoy de los mensajes que quería lanzar: el Gobierno de Puigdemont supo siempre que él nunca autorizaría un referéndum independentista porque la línea roja infranqueable era la soberanía del pueblo español; la gravedad del ataque al orden constitucional que se produjo en Cataluña justificó la aplicación del artículo 155 y esto ocurrió porque el Govern no quiso defender su proyecto independentista en las Cortes generales y perdió la ocasión de rectificar. "Avisamos hasta la saciedad de que por ese camino no íbamos a ninguna parte", dijo el presidente del Gobierno.

"Lo lamento muchísimo"

Rajoy tuvo que visionar en la sala un vídeo del 1-O grabado en un centro de votación en el que la Policía Nacional disolvió a golpes de porra a los concentrados. "Lo lamento muchísimo. No me gustan esa imágenes ni otras", dijo en alusión a los agentes de las fuerzas de seguridad heridos por los votantes. "Si no se hubiera llamado a la gente a un referéndum ilegal, si se hubiera actuado ni usted ni yo ni nadie hubiéramos tenido que ver estas imágenes", contestó a la defensa.

El expresidente del Gobierno vino a respaldar, así, la tesis de las acusaciones de que  el Gobierno catalán asumió conscientemente el riesgo de comportamientos violentos con tal de "doblegar" al Estado.

Fue una tesis apuntalada también por Sáenz de Santamaría, que habló de un Gobierno catalán "irresponsable" al que no le importó generar situaciones de violencia "al mandar a murallas humanas para impedir que policías y guardias civiles cumplieran las ordenes judiciales" de paralizar el referéndum.

No fue una buena jornada para las defensas. Montoro se encargó de apuntalar la acusación de malversación de fondos al explicar que el "control absoluto" de las cuentas de la Generalitat establecido en septiembre de 2017, después de que el Parlament aprobara las leyes de ruptura y cuando Junqueras se negó a remitir información sobre los gastos de la Generalitat, pudo ser burlado. "Un análisis contable o presupuestario puede resultar defraudado. Para eso están las investigaciones judiciales", ha dicho el exministro, que ha enfatizado que su Ministerio denunció en nueve ocasiones en la Fiscalía determinados gastos de la Generalitat que pudieron ir al referéndum, como los hechos por Diplocat.