Un exdirector de producción de la empresa catalana Unipost, que entonces tenía 2.300 trabajadores y llegó a ser el primer operador postal privado de España, ha desvelado este lunes en el juicio al 'procés' que tuvo que ser él, personalmente, el encargado de coger un vehículo de la compañía y desplazarse dos veces a 500 metros de la sede de la empresa para cargar en plena calle, al lado de un bar, tres palés traídos por una furgoneta de no se sabe qué transportista y conducida por personas desconocidas. Todo ello ocurrió un sábado después de recibir llamadas de "un tal Toni" al que tampoco conocía pero que hablaba "de parte de la Generalitat".

"Era sábado y ya no estaba a tiempo ni de buscar a algún empleado ni de avisar al servicio de vigilancia para que dejaran entrar un vehículo de fuera", sostuvo Francisco Juan Fuentes, el directivo de Unipost que se hizo cargo del material y que este lunes movía nervioso las manos mientras contaba semejante historia en el Tribunal Supremo.

Jucio

El cargamento resultó ser 42.000 sobres con el logotipo de la Generalitat. Dentro llevaban las cartas dirigidas a los miembros de la 'mesas' de votación del referéndum ilegal convocado para 15 días después.

El material fue intervenido por la Guardia Civil el 19 de septiembre de 2017 en la delegación de Unipost en Terrassa, adonde había sido trasladado desde la sede central de Hospitalet precisamente por orden de Fuentes. "Los empleados estaban nerviosos y hacían comentarios de que esa remesa nos iba a crear problemas, aparte de lo que teníamos encima con el concurso de acreedores", dijo el testigo aludiendo a la generalizada sospecha de que ese material estaba relacionado con el 1-O. La empresa fundada por la familia Raventós (propietaria de Cordoníu), que ya se vio involucrada en la consulta ilegal del 9N, estaba en una difícil situación económica y acabaría cerrando en mayo de 2018.

El hallazgo de la Guardia Civil es una de las pruebas de cargo contra los antiguos miembros del Gobierno catalán que se sientan en el banquillo, en particular contra Jordi Turull porque el nombre de su Departamento (Presidencia) aparece en los mails que se intercambiaron en esas fechas los directivos de Unipost en relación -según  la Fiscalía- con el material incautado. Ello revelaría que el Govern estuvo suministrando los elementos necesarios para la votación pese a estar suspendida por el Tribunal Constitucional y que, además, comprometió fondos públicos: los encargos a Unipost importaban 979.661 euros según las facturas que se grabaron en el sistema informático de la empresa y que se borraron de inmediato para ser sustituidas por facturas pro-forma.

"No sé por qué se hizo eso", ha dicho Fuentes, "pero no se pudo facturar porque los envíos no se hicieron. Cuando recogí la remesa venía sin albarán de entrega, que es lo que pone en marcha nuestro procedimiento de distribución".

"Ya les dije a las personas que hacían de transportistas que iba a dejar los envíos retenidos porque no sabía a qué Departamento facturar", añadió el testigo ante los rostros atónitos de una fiscal, Consuelo Madrigal, y de una abogada del Estado, Rosa Seoane, que no se creían lo que oían: un directivo de una empresa en quiebra que, pese a tener cientos de trabajadores, va a buscar personalmente un sábado un envío por valor de un millón de euros que le encarga un desconocido y que le entregan otros dos en medio de un polígono, ni siquiera junto a Unipost (donde hay cámaras de vigilancia) sino en una calle cercana.

Y después de todo ese lío -"no estábamos en disposición de decirle a un cliente con ese volumen de facturación y de la importancia de la Generalitat que no le atendemos", justificó- deja el envío parado por la falta de una formalidad: carece de albarán. Es lo que tienen los desconocidos que transportan efectos ilegales, que no llevan "ni un triste papel".

Fuentes no sabía que unos minutos antes un subordinado suyo, Albert Planas, había declarado que el cargamento no estuvo tan parado: "mi jefe me dijo el lunes 18 que había que preparar la distribución de las cartas por rutas". En eso estaban cuando llegó la Guardia Civil.