La fiscal general, María José Segarra, ha anunciado este viernes la remisión a la Fiscalía del Tribunal Superior de Cataluña, para la "interposición de la correspondiente querella", del acuerdo de la Junta Electoral Central poniendo en conocimiento del Ministerio Público que Torra "no ha cumplido" los acuerdos de la JEC de los pasados días 11 y 18, en los que ordenó al presidente catalán retirar de los edificios y espacios públicos dependientes de la Generalitat los lazos amarillos, un símbolo independentista relacionado con lo que los partidos de esa ideología denominan "presos políticos".

Para la JEC, los lazos amarillos "pretenden recordar que dirigentes o candidatos pertenecientes a formaciones políticas que se presentan a las próximas elecciones se encuentran en prisión preventiva" y puede ser utilizado por los partidos "pero no por las autoridades públicas, que deben respetar la neutralidad política durante los procesos electorales".

Esa neutralidad se rompe si desde las instituciones hay un alineación con símbolos como los lazos amarillos o las 'esteladas' que reflejan "las aspiraciones de una parte de la sociedad catalana, pero no de toda ella". 

Tras vencer los sucesivos plazos dados por la JEC a Torra para que retirara los lazos amarillos, la JEC constató el pasado jueves que el presidente catalán "se ha limitado a aparentar el cumplimiento, al haber sustituido o superpuesto en los símbolos inicialmente instalados por otros con idéntico sentido partidista, manteniendo una simbología que no resulta neutral".

La Junta Electoral acordó comunicar a la fiscal general lo sucedido en orden a "la responsabilidad penal en que haya podido incurrir el presidente de la Generalitat de Cataluña, Joaquim Torra Pla, derivada del incumplimiento consciente y reiterado de los acuerdos de esta JEC".

TSJC y no Audiencia Nacional

La querella de la Fiscalía se interpondrá en la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Cataluña, ante la que está aforado Torra por los presuntos hechos delictivos que haya cometido en el territorio de esa comunidad.

La Fiscalía ha descartado el criterio de la denuncia presentada por el PP para que se exigiera responsabilidad penal a Torra ante la Audiencia Nacional al entender que podía tratarse de un delito contra un alto organismo de la nación.

El comunicado de la Fiscalía hecho público este viernes señala que la Fiscalía General "ha procedido a remitir el acuerdo de la JEC a la Fiscalía de la comunidad autónoma de Cataluña a fin de que, una vez tenga conocimiento de todas las actuaciones, se proceda a ejercitar acciones penales interponiendo la correspondiente querella".

El comunicado no especifica el delito por el que se interpondrá la querella, que previsiblemente será desobediencia.

El TSJC ya juzgó, también por desobediencia, a un anterior presidente catalán, Artur Mas, que finalmente resultó condenado a un año y un mes de inhabilitación para ejercer cualquier cargo público por no acatar la suspensión de la consulta independentista del 9N acordada por el Tribunal Constitucional. Mas no podrá ejercer funciones públicas hasta el 21 de febrero de 2020.