Instrucción a las 'embajadas' catalanas: "Hay que evitar hablar de declaración unilateral de independencia"

El Tribunal de Cuentas, que ultima la fiscalización de los ingentes fondos destinados por la Generalitat a políticas de acción exterior, ha encontrado entre la documentación en poder de las delegaciones catalanas en el extranjero los mensajes que debían transmitir en relación al proceso soberanista.

Se trata de "argumentarios" datados en febrero de 2015 y que iban siendo actualizados, cuyo origen se sitúa por el órgano fiscalizador en la Consejería de Acción Exterior del Govern y en la Secretaría de Acción Exterior y Unión Europea.

En esos documentos se instruye a los delegados en el sentido de que "hay que evitar totalmente hacer referencia a una declaración unilateral de independencia y sobre todo es conveniente no mencionar ninguna de estas tres palabras ni tampoco las siglas DUI".

La postura oficial que los 'embajadores' catalanes debían difundir es que el "mandato democrático" se intentaría lograr mediante la "negociación política con el Estado y con el conocimiento de las instituciones europeas".

Muchos de los mensajes uniformados por la Consejería abordaban la situación en que quedaría una Cataluña independiente dentro de la Unión Europea. "La expulsión de un Estado catalán de la UE es impensable porque no se contempla en sus Tratados", decía.

También había numerosas referencias a la viabilidad económica de una Cataluña separada de España. Lo que los delegados debían decir es que "la viabilidad económica de un Estado catalán está garantizada por los informes propios del Gobierno de Cataluña y por muchísimos estudios independientes hechos por expertos fuera de España".

Cumbre de julio de 2017

Entre la documentación de la Delegación de Austria fue encontrado un "argumentario de los asuntos internacionales" junto al orden del día de una reunión de delegados del Gobierno catalán en el exterior celebrada en Barcelona el 20 de julio de 2017, a poco más de dos meses del referéndum ilegal del 1-O.

En el nuevo argumentario se percibe una evolución sobre la postura que hay que transmitir respecto a la DUI. Ahora ya se indica a a las delegaciones que transmitan que "en caso de bloqueo continuado por parte del Estado español y como única vía posible para completar la transición a la independencia, podría darse el caso de que fuera necesaria una declaración unilateral de independencia".

El documento utiliza un lenguaje más agresivo, hablando del "asalto legal a Cataluña" y del "déficit de la democracia en España". Debía difundirse en el extranjero que el Gobierno español "mantiene la escalada en su asalto legal a Cataluña impulsando juicios políticos que no estarían permitidos en ningún país civilizado".

En el ámbito económico se tenía que insistir en que "Cataluña es económicamente viable en todos los escenarios que puedan surgir a partir de un referéndum".

"Los datos muestran que la estructura sociodemográfica y de mercado laboral en Cataluña permitiría garantizar plenamente la continuidad del sistema actual de pensiones", se afirmaba en otro mensaje.

"La independencia es una oportunidad para acercar la tasa de paro a la media europea" y "las pensiones serán más seguras en la república catalana" son ideas que formaban parte del mismo argumentario.

La hoja de ruta

El proceso soberanista debía ser explicado en estos términos: "La amplia coalición de la sociedad civil y los partidos políticos a favor de la independencia acordó una hoja de ruta hacia la independencia que sirvió de manifiesto por parte de los tres partidos pro-independencia que se presentaron a las elecciones plebiscitarias del 27 de septiembre y con el cual obtuvieron la mayoría parlamentaria".

Esta hoja de ruta "fija un calendario de 18 meses para que Cataluña avance en el proceso de transición hacia la independencia (...). La hoja de ruta fija que durante estos 18 meses de gobierno de transición hay que: informar a la Comunidad Internacional de la intención por parte de Cataluña de avanzar hacia la independencia y buscar el reconocimiento del nuevo estado cuando este se establezca, preparar las instituciones del nuevo estado, redactar la constitución de la república catalana impulsando un amplio proceso de consulta popular. Cuando el gobierno de transición considere que se han creado las condiciones necesarias para ejercer el poder de un estado independiente, el parlamento haría una declaración formal de independencia".

Se abordaba, asimismo, la "internacionalización" de la cuestión catalana: "Debido a la negativa del Gobierno español de establecer un diálogo político, como se ha pedido de forma reiterada por el Gobierno de Cataluña, se decidió que era necesario explicar el proceso a la Comunidad Internacional. Ésta era también una vía para generar presión en Madrid y forzarlos a negociar".