La Audiencia Nacional se harta de la duración del caso Púnica y ordena que acabe en 14 meses

La investigación del caso Púnica, una macrocausa ingobernable que abarca desde adjudicaciones de contratos públicos a cambio de supuestas comisiones ilegales en Madrid y otras tres comunidades a los negocios de David Marjaliza y de Alejandro de Pedro o la financiación de las campañas del PP de Madrid con una presunta contabilidad B, tendrá que terminar antes del 6 de junio de 2020. Éste es el plazo último, excepcional e improrrogable, que ha fijado la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y que reduce notablemente la fecha establecida por el juez instructor, Manuel García-Castellón.

El pasado noviembre, el instructor fijó la finalización del caso Púnica el 30 de marzo de 2022. García-Castellón no accedió a los 60 meses de prórroga que había pedido la Fiscalía Anticorrupción (y que hubieran prolongado la instrucción hasta noviembre de 2023) pero se concedió un margen de 40 meses para cerrar las 14 piezas del macroproceso, abierto por su antecesor, Eloy Velasco, en 2014.

García-Castellón acordó esa ampliación de la duración de la instrucción -ahora acortada por la Sala- gracias a una insólita decisión procesal: rectificó de oficio una resolución dictada 18 meses antes, no recurrida por nadie y que había adquirido firmeza, por la que la prórroga de las diligencias había quedado limitada al 17 de noviembre de 2018.

Sucedía, sin embargo, que las fiscales del caso Púnica habían instado la prórroga de la investigación el 19 de noviembre de 2018. Las defensas alegaron que se les pasó el plazo. El instructor salvó la situación rehaciendo los cálculos: estableció que la anterior prórroga duraba hasta el 6 de diciembre de 2018 (la petición de Anticorrupción ya no estaba fuera de plazo) y además fijó una ampliación excepcional de la instrucción hasta marzo de 2022.

Recursos estimados

En resoluciones dictadas este miércoles y conocidas por EL ESPAÑOL, la Sala Penal de la Audiencia Nacional ha estimado en parte los recursos interpuestos por el abogado de Cofely España, Pablo Jiménez de Parga, y del directivo del Grupo Villar Mir Javier López Madrid, Carlos Domínguez, y ha establecido que el caso Púnica no puede prolongarse más allá de junio del próximo año.

La Sala no acepta la nulidad de lo decidido por García-Castellón, ya que ello hubiera conllevado la nulidad de todas las investigaciones realizadas desde noviembre de 2018. Deja constancia, pese a ello, de la "singularidad" de la rectificación de plazos y de su "extemporaneidad", pero considera que no produjo indefensión.

"Ahora bien", añade el tribunal de apelación, "lo que no resulta razonable es que (...) se prorrogue la investigación de forma genérica por un espacio de 40 meses", sobre todo cuando la propia Fiscalía ha reconocido que piezas como la que afecta a Cofely están ya acabadas.

"Lo anterior, unido al hecho de que no se haya interesado diligencia alguna desde entonces, sin perjuicio de reconocer la complejidad de las presentes actuaciones obligaría, obliga al tribunal a reducir la decisión de prórroga indiscriminada de todo el procedimiento y sus piezas a un plazo razonable", concluye.