La Fiscalía recurrirá ante la Audiencia de Madrid la decisión de enviar a un juzgado de Violencia de Género la investigación contra Ángel Hernández, quien ayudó a morir a su esposa, María José Carrasco, enferma de esclerosis múltiple en fase terminal y que había manifestado su decisión de suicidarse.
La Fiscal de Sala de Violencia sobre la Mujer, Pilar Martín Nájera, ha informado en rueda de prensa de que "ya está adoptada la decisión de recurrir porque no compartimos los argumentos en los que se ha basado el juzgado que ha tomado la decisión de inhibirse en favor de un Juzgado sobre la Violencia de Género".
"Concurren elementos en el caso que determinan que no se trata de un delito sobre la Violencia de la Mujer puesto que es necesario que se de maltrato, discriminación o dominación del hombre sobre la mujer y ella había decidido el momento y pidió ayuda a su marido para ejecutarlo", ha afirmado sobre la decisión de la titular del Juzgado de Instrucción número 25 de Madrid de enviar el caso del suicidio asistido que llevó a cabo Ángel Hernández a un juzgado de Violencia de Género.
La representante del Ministerio Público ha explicado que se está ultimando dicho recurso que se presentará directamente ante la Audiencia Provincial, saltando el paso del recurso de reforma ante la juez que tomó la decisión.
Sostiene que la jueza ha incurrido en una mala interpretación y una "valoración sesgada" de la doctrina del Tribunal Supremo puesto que para que haya un caso de violencia machista "no basta con que sea una relación hombre-mujer". En este sentido, ha afirmado que la Ley orgánica 1/2004 de Violencia de Género es clara al respecto y "no necesita ninguna reforma legal".
El caso de Ángel y María José
Ángel Hernández fue detenido el pasado jueves, 4 de abril, después de llamar él mismo a los servicios de emergencia y a la Policía para comunicar que había proporcionado a su esposa un compuesto mortal cuyos componentes químicos se encargó de comprar ella misma por Internet.
El titular del Juzgado de Instrucción número 36 de Madrid acordó dejarle en libertad sin medidas cautelares después de tomarle declaración, imputándole un presunto delito de cooperación al suicidio, penado con hasta 10 años de prisión.
Sin embargo, en el caso de María José Carrasco concurren dos importantes atenuantes que podrían reducir la pena de Ángel: sufría una enfermedad terminal y ella misma comunicó en un vídeo hecho público su decisión de morir.
Ángel Hernández manifestó ayer que si su caso llegara a un Juzgado de Violencia sobre la mujer "no lo reconocería" puesto que "yo lo único que he hecho es cuidar a mi mujer durante 30 años". El caso del suicidio asistido de Ángel y María José ha vuelto a traer el asunto de la eutanasia a la actualidad en plena campaña electoral.