El promotor de la acción disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial, Ricardo Conde, ha abierto unas diligencias informativas al juez que redactó la llamada 'constitución catalana', Santiago Vidal, por unas declaraciones a la emisora Rac1 en las que descalificó al fallecido magistrado Juan Antonio Ramírez y a la letrada de la Administración de Justicia Montserrat del Toro.

Esta última compareció el pasado 6 de marzo en el juicio del 'procés' y describió el "miedo" y la "tensión" que se vivió en la sede de la Consejería de Economía el 20 de septiembre de 2017, cuando 40.000 personas se concentraron alrededor del departamento mientras la Guardia Civil practicaba un registro por orden judicial para incautar material relacionado con el anunciado referéndum independentista. Del Toro encabezó ese registro y sólo pudo salir de la Consejería tras 16 horas de asedio, por la azotea del edificio.

Tras su declaración ante el Tribunal Supremo, la letrada judicial recibió amenazas de muerte y su fotografía fue difundida por redes sociales ligadas al independentismo catalán. Vidal declaró el 12 de marzo a la citada emisora que la funcionaria "no dijo toda la verdad" y "exageró muchas cosas".

Respecto a Ramírez, principal investigador de los preparativos del referéndum ilegal del 1-O y de la creación de estructuras de estado por el Gobierno catalán de Puigdemont, el juez Vidal afirmó que "hizo todo lo necesario, fuera legal o no, sabiendo que él no tendría que pagar ningún precio porque sabía que el pronóstico de su enfermedad era muy grave y moriría".

La Ley Orgánica del Poder Judicial tipifica como falta grave la desconsideración a funcionarios judiciales, a lo que correspondería una sanción de multa de 501 a 6.000 euros.

Vidal acaba de ser reincorporado al servicio activo en la carrera judicial por una sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. El fallo ha sido consecuencia directa de la sentencia que dictó el Tribunal Constitucional el pasado diciembre, cuando expulsó del ordenamiento jurídico la norma en la que el Consejo General del Poder Judicial se basó para declarar a Vidal 'no apto' para volver a ejercer como juez.

"Incómodo por ser juez en el Estado español"

Tras su reincorporación al servicio activo, el juez está pendiente de que le sea asignado destino. Vidal se ha mostrado satisfecho pero a la vez “muy incómodo por tener que volver a ejercer de juez dentro del Estado español”. “Me hubiera gustado poderlo hacer en el sistema judicial de la república de Cataluña”, manifestó en un comunicado de la entidad jurídica Drets, que ha llevado su representación legal en este caso.

Santiago Vidal cumplió tres años de suspensión que le impuso el CGPJ por una falta disciplinaria muy grave consistente en la ignorancia inexcusable en el cumplimiento de los deberes judiciales. Resultó acreditado que, siendo magistrado de la Audiencia Provincial de Barcelona en activo, protagonizó más de cien actos públicos en los que, en contra de los pronunciamientos del Tribunal Constitucional, defendió la celebración de una consulta "de autodeterminación", animando a la gente a participar en el proceso independentista. También asumió que formó parte de un grupo de juristas que prepararon un texto articulado de la futura constitución catalana.

Vidal, que tras su suspensión fue promovido por ERC al cargo de senador, del que tuvo que dimitir, acaba de ser exonerado del proceso judicial sobre el referéndum del 1-O iniciado por Ramírez y en el que se han investigado presuntos delitos de malversación de fondos públicos, desobediencia al Tribunal Constitucional, prevaricación y revelación de secretos. La nueva instructora, Alejandra Gil, le ha excluido del auto de procesamiento que dictó el pasado día 4.